Yolanda Díaz, vicepresidenta y ministra de Trabajo y Economía Social, ha anunciado que acudirá ante la Fiscalía por la posibilidad de que Glovo haya incurrido en un delito penal a causa de la vulneración de derechos fundamentales de los Trabajadores. “Vamos a instar a la fiscalía general del Estado para que investigue si existe invasión de la escena penal y si se están vulnerando los derechos fundamentales de los trabajadores”, ha asegurado.

Díaz ha vuelto a cargar contra la empresa de reparto después de que se conociese que la Inspección de Trabajo había impuesto una multa de 79 millones de euros a la empresa. En ese momento, la ministra ya aseguró que “el peso de la ley” caería sobre la compañía, algo que ha confirmado hoy en su comparecencia en la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

“Les digo aquí solemnemente que la 'Ley Rider' se va a cumplir. Vivimos en un Estado Social y Democrático de Derecho y las empresas rebeldes se van a acometer a este. Ya hemos actuado contra dos empresas”. La vicepresidenta ha hecho alusión a la falta de cotización de los empleados de estas compañías que han “abusado de la figura del falso autónomo y, lo que es más grave, practican la obstrucción contra la Inspección de Trabajo”.

A pesar de esta situación, Díaz ha recordado que desde la aprobación de la 'Ley Rider' se ha pasado de 3.400 asalariados a 12.074, todos ellos contratos indefinidos, que demuestran que "la ley está funcionando" y que la mayoría de las empresas "están cumpliendo con sus obligaciones", a pesar de que haya unas pocas que vulneran la normativa.

Este anuncio ha seguido la línea del discurso pronunciado por la vicepresidenta segunda del Gobierno, que se ha centrado en abordar el ámbito de la temporalidad. Díaz ha asegurado que, en este ámbito, también está teniendo lugar una investigación desde la Inspección de Trabajo de las relaciones laborales previas a la entrada en vigor de la Reforma Laboral, en lo relativo a los fijos discontinuos.

Según los datos recabados, antes de la aprobación de la normativa laboral, “casi el 50% del uso de la figura del fijo discontinuo era irregular (45,77%) y existían 14.601 empresas con situaciones irregulares”. Díaz asegura que en estos momentos ya se han subsanado 25.800 contratos que se encontraban en situación de irregularidad y son ahora indefinidos ordinarios. Además, ha destacado que la investigación continuará y abordará los contratos fijos discontinuos realizados con la reforma laboral ya en vigor.