El rápido avance de los tipos de interés, ubicados ya en el 4%, continúa tirando del Euríbor, principal índice del que dependen las hipotecas, hacia arriba. Esto afecta directamente a las hipotecas variables que se enfrenten próximamente a una revisión, pudiendo sufrir encarecimientos de hasta 300 euros mensuales, pero también a las de nueva constitución, tanto variables como fijas, que ven como los intereses ofertados a la hora de contratar un préstamo superan ya el 3% en ambas modalidades. Para aliviar a las familias, Yolanda Díaz ha propuesto un bono extraordinario que tendría un coste para el Estado de 1.000 millones de euros.
Los beneficiarios de este bono serían los hogares que tuviesen una hipoteca de hasta 250.000 euros y con una antigüedad superior a los 10 años. Dentro de este espectro se encontraría, por ejemplo, una hipoteca de 150.000 euros a 30 años con un diferencial del 0,99%, que supone una letra mensual de 500 euros que pasará a los 800 euros tras la revisión. Esto supone un incremento mensual de 300 euros en la cuota y un aumento que al año supondrá una diferencia de 3.600 euros. Más sangrante aún es el incremento para hipotecas de 200.000 euros, donde se alcanzarán alzas de 400 euros al mes.
La situación no tiene atisbos de mejora. El Euríbor cerró mayo en el 3,86% y marca una media provisional en junio del 3,92%, después de haber superado ya en su dato diario el 4%, razón por la que se espera que el incremento de los préstamos hipotecarios no cese. La próxima reunión del Banco Central Europeo (BCE) está fechada para el 27 de julio y, de volver a aprobarse una subida de 25 puntos básicos, se alcanzará el 4,25%, valor histórico más alto del precio del dinero, lo que podría acercar el Euríbor a valores del 5% no experimentados desde 2008.
Es importante no confundir los datos macroeconómicos con la vida de la gente
"Es imposible vivir" con un salario de 1.500 euros mensuales y asumir una subida hipotecaria de 300 euros al mes, ha señalado Díaz en una entrevista concedida a la Cadena Ser. "Y no es culpa de la ciudadanía, es culpa de, en este caso, de una política de subida de tipos de interés que yo no comparto", ha añadido la ministra de Trabajo y Economía Social. Más de una voz autorizada ha denunciado la política del BCE, orientada a combatir la inflación reduciendo la demanda cuando nos encontramos ante una crisis de oferta.
La espiral inflacionista, como apuntan desde la OCDE hasta el Banco de España, está siendo provocada por el aumento desmedido de los beneficios empresariales, especialmente en España; sin embargo, las grandes damnificadas por las subidas de los tipos son las clases trabajadoras. Ante esta tesitura, la líder de Sumar considera indispensable abordar la situación con un bono “absolutamente posible” que “se ha hecho en Grecia, donde han congelado las cuotas hipotecarias, y se puede hacer aquí". La también vicepresidenta ha lamentado que Pedro Sánchez no camine en esta dirección y ha criticado que no se pronuncie al respecto.
La economía va mejor, pero los trabajadores no aguantan
"La gestión económica es buena. Todo va bien (...) Pero es verdad que la crisis de inflación nos ha empobrecido a todos", ha apuntado la líder de Sumar, que ha pedido no entrar en el triunfalismo. Es importante "no confundir los datos macroeconómicos con la vida de la gente", porque aunque la gestión económica del Gobierno está siendo buena y lo ha hecho "genial" en la lucha contra la inflación, hay malestar social porque "la gente lo está pasando mal" y eso al final se acaba trasladando al voto de los ciudadanos.
El coste de la vida es "el principal problema" que tiene ahora mismo España, con unos precios de alquiler y de la cesta de la compra "imposibles" de asumir, ha denunciado la titular de Trabajo. "Es misión imposible pagar una renta de un arrendamiento. Es misión imposible la cesta de la compra", ha denunciado. Orienta así su discurso la candidata a las elecciones generales, consciente de que, por mucho que crezca el PIB y baje la inflación, si los salarios no suben y los precios de bienes de primera necesidad, como los alimentos o la vivienda, siguen disparados, el poder adquisitivo y la calidad de vida de las clases trabajadoras seguir cayendo.
Además, estos dos aspectos concretos no son más que víctimas de las grandes empresas y la especulación. La vivienda se encuentra encarecida fruto de la especulación, tanto de grandes propietarios como de pisos turísticos, y de la falta de oferta. Existe una ley en vigor que pretende aliviar esta situación en las zonas más tensionadas, pero los Gobiernos autonómicos del PP han decidido no aplicar los aspectos que les corresponden, otros como no poder cobrar gastos de comunidad e inmobiliaria están en vigor y son nacionales, y así se replicará si Feijóo llega a la Moncloa.
Lo mismo sucede con los alimentos, sector en el que los primeros eslabones de la cadena están maltratados y la presencia incomprensible de decenas de intermediarios, unida a la avaricia reconocida por parte de los dueños de grandes distribuidoras, dispara los precios de la cesta de la compra. Agricultores y ganaderos sufren el yugo de las distribuidoras, que ofrecen precios míseros por sus productos, a veces incluso a pérdidas aunque esto ya está prohibido, y los consumidores finales tienen que ver deteriorada su alimentación por el encarecimiento. En los puntos intermedios está el negocio, que alcanza su mayor punto de esplendor en las estanterías de los supermercados.
