La deuda del conjunto de las Administraciones Públicas redujo su cuantía en el séptimo mes del año un 0,7%, situándose en los 1,558 billones de euros en julio, según los datos publicados este martes por el Banco de España. Con respecto al mes anterior, el descenso es de 10.000 millones de euros. No obstante, atendiendo a la comparativa interanual, la suma experimenta un avance del 4,8%, lo que supone 71.000 millones más, aproximadamente.

La cuantía experimenta un retroceso y, aunque se mantiene por encima de los 1,5 billones desde febrero, su peso sobre el Producto Interior Bruto (PIB), dato al que atiende Bruselas, se mantiene estable en el entorno del 113%. El último dato de esta ratio corresponde a junio y habrá que esperar a septiembre para el siguiente. Analizando la progresión anual, si bien la cuantía a la que ascendía la deuda era menor en los años previos, su peso sobre el PIB era mucho mayor, llegando al 125,8% en 2021 o el 117,5% en 2022.

Así, las cuentas sostienen mejor la deuda y el compromiso de consolidación que persigue España se mantiene. Por ese motivo, el Gobierno en funciones espera que la deuda pública baje del 110% del PIB en 2023, un año antes del objetivo fiscal fijado en el Programa de Estabilidad, remitido a la Comisión Europea el pasado mes de abril, según ha informado el Ministerio de Asuntos Económicos. La cartera liderada por Nadia Calviño confía en conseguir este objetivo después de confirmarse que el PIB ha avanzado más de lo que se creía estos dos últimos años.

El aumento en el montante total durante el último año responde a los menores ingresos y mayores gastos derivados de la pandemia de la Covid-19 y a las consecuencias de la guerra de Ucrania y la crisis inflacionaria. No obstante, habrá que esperar a la publicación del 29 de septiembre para conocer la verdadera marcha del dato.

Desde el Departamento de Economía han señalado el aumento del PIB nominal en más de 20.000 millones de euros redujo la ratio deuda/PIB 1,6 puntos adicionales a final de 2022, lo que permitiría anticipar los objetivos fiscales fijados en el Programa de Estabilidad, adelantando a 2023 la reducción por debajo del 110%. Según el compromiso remitido a Bruselas, el dato a perseguir era del 111,9% en este curso, que bajaría hasta el 109,1% en 2024. Sin embargo, el hito de caer por debajo del 110% se espera que se alcance ya este año.

Para el Ministerio, "la pertinencia y eficacia de la política económica que se ha llevado a cabo en los últimos años" ha permitido este avance. "Una política económica que ha permitido poner en marcha medidas para dar respuesta a los desafíos que se han producido y combinarla con el ambicioso programa de inversiones y reformas que se están poniendo en marcha a través del Plan de Recuperación y que están permitiendo transformar la economía española", añaden desde la cartera de Calviño.

Deuda por administraciones

El saldo de la deuda del Estado se redujo a 1,390 billones de euros, huyendo del récord histórico de junio, a pesar del incremento interanual del 6,3%. Mientras, para las Otras Unidades de la Administración Central el saldo fue de 42.000 millones, lo que representa una disminución del 10,1% respecto al dato del año anterior. Por su parte, el saldo de deuda de las Administraciones de Seguridad Social se situó en 106.000 millones, un 7% más que un año antes.

El Banco de España explica que el incremento del endeudamiento de la Seguridad Social en el último año se debe a los préstamos concedidos por el Estado a la Tesorería General del organismo para financiar su desequilibrio presupuestario.

Respecto a las administraciones territoriales, la deuda de las Comunidades Autónomas disminuye hasta los 326.000 millones de euros en junio de 2023, con una variación interanual del 3,7%, mientras que la deuda de las Corporaciones Locales se situó en 23.000 millones de euros en este mes (1.000 millones menos que en junio), lo que supone un 1,7% más que el saldo registrado en julio de 2022. Desde el Banco de España apuntan a que la deuda en poder de los diferentes subsectores que componen el conjunto de las Administraciones Públicas aumentó un 8,3% respecto al año anterior, hasta los 330.000 millones de euros.