Este martes, después de años de proceso, meses de arduas negociaciones y un horizonte muy negro, los ministros de Energía y Clima de la Unión Europea han conseguido alcanzar un acuerdo sobre la reforma del mercado eléctrico europeo. La batuta la ha llevado durante todo este tiempo Teresa Ribera, vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica española, que ha liderado la propuesta y ha presidido la reunión en la que se ha alcanzado el consenso final. En el marco de la presidencia española del Consejo de la Unión Europea, la líder española advertía que no se irían hasta alcanzar un acuerdo, incluso si eso suponía quedarse “a cenar y dormir”.

El papel no era sencillo. La disputa entre Francia, defensor acérrimo de la energía nuclear, y Alemania, posicionado en favor de la transición hacia la energía verde, amenazaba con tumbar la reforma. No obstante, Ribera no cejó en su intento de tender puentes para conseguir un acuerdo franco-alemán que, finalmente, en la tarde del martes, se alcanzó ante la mirada de aprobación de la líder española, que presidía las negociaciones. Las felicitaciones y el entusiasmo se extendieron; pero ¿es el acuerdo definitivo?

¿Qué pasos faltan?

Lejos de lo que podría pensarse, el acuerdo aún no es definitivo. En esta reforma entran a jugar dos partes: el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea. El legislativo europeo había alcanzado un consenso y emitido su posición, a la espera de que el Consejo hiciese lo propio. Este martes, el órgano presido por España desde julio ha finalmente finalmente definir una posición común. El siguiente paso, que comienza este jueves, es que ambas partes negocien entre sí para depurar las diferencias que puedan encontrar ambos dictámenes y, posteriormente, aprobar un texto consensuado.

Las dos partes contarán con equipos negociadores y ambos serán españoles. En representación de la Eurocámara, Nicolás González salvaguardará lo decidido por los parlamentarios. En frente se encontrará a Teresa Ribera y su equipo, que apretarán para conseguir que se cumplan las máximas pretensiones de lo acordado por el Consejo. Ambos son miembros del PSOE, pero cada uno defiende una posición que les ha sido encomendada por su cámara. “Existen elementos conflictivos donde no va a ser fácil ponerse de acuerdo”, ha confirmado González en una entrevista concedida a ElPlural.com, pero se muestra optimista y convencido de que se encontrarán “puntos de encuentro”.

Si todo va bien, las negociaciones, en las que mediará la Comisión Europea, llegarán a buen puerto. La presidencia española finaliza con el año y la legislatura europea en junio de 2024. La pretensión es lograrlo antes de acabar la primera, lo obligatorio antes de que acabe la segunda. “Tenemos una ventana grande de oportunidad para acabar esta reforma durante esta legislatura (acaba en junio, pero hay que presentar todos los trámites antes de abril) y una ventana más pequeñita para acabarla antes de fin de año, durante la presidencia española”, ha señalado González a este periódico.

¿Cómo afectaría a los consumidores?

La reforma del mercado energético está compuesta por muchas medidas, algunas que entrarían en vigor inmediatamente y otras con un periodo de aplicación más a medio plazo. De aplicarse, muchas de ellas serían favorables para los consumidores. Estos estarían más protegidos y gozarían de un papel más activo en el mercado. Tarifas más dinámicas, que diferencien según elementos de consumo o, incluso, que reporten remuneraciones por el ahorro son algunas de las variaciones más favorables.

Además podría aprobarse el derecho a compartir energía, sobre todo cuando esta pueda producirse en las propias casas de los consumidores, a través de placas solares u otros medios de generación. Ante situaciones de crisis energética, como la vivida por la guerra de Ucrania, esta se declararía automáticamente y se aplicarían las herramientas establecidas para su abordaje.  En definitiva, “una mayor protección y descentralización del mercado en favor de los consumidores”, ha apuntado el europarlamentario.

La pretensión es encontrar las maneras de perfilar los precios para los consumidores y hasta qué punto algunos mecanismos pueden contribuir y cambiar dependiendo del mix energético de cada país. No obstante, como ha explicado González, la protección de los consumidores tendría cierta dilatación en el tiempo dado que se deberían trasponer al ordenamiento jurídico de cada Estado. “Estas normas son más o menos comunes en Europa, pero cada país tiene su ordenamiento de mercado sobre cómo realiza esta protección y la financia”, ha detallado.

No puede descuidarse tampoco la afectación climática y empresarial que tendría esta nueva norma. Las modificaciones acercarían al continente a la descarbonización, la búsqueda de nuevas fuentes de generación de energía y a la independencia estratégica. En lo empresarial, se contaría con herramientas que estabilizarían las señales del mercado a medio-largo plazo y habría claridad para los inversores, sobre todo para los de renovables.