La consecución de un nuevo acuerdo para Muface no llega y las aseguradoras no dan su brazo a torcer para garantizar la mutualidad de más de un millón de funcionarios y familiares, pese a que el Gobierno no para de ceder. El estancamiento no parece que vaya a resolverse próximamente y desde la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato mayoritario de la Administración, han convocado una huelga a todos los niveles (más de medio millón de funcionarios) de cara al próximo 13 de febrero.
“Ante la incertidumbre en la atención sanitaria del personal funcionario por la falta de un acuerdo definitivo entre Gobierno y aseguradoras que permita la firma del próximo concierto sanitario”, justifican desde la organización sindical. El Ejecutivo ha realizado las dos mayores ofertas de la historia de Muface, de un 17% en primera instancia y del doble (33,5%) en la segunda, pero tanto Adelas como DKV han rechazo la mejora de las primas, dejando en una situación compleja a Asisa, que reniega de aceptar en solitario.
Resulta evidente que el no entendimiento en este caso proviene de una sola parte, que está aprovechando la coyuntura para sacar un mayor provecho, pero lejos de plantarse, la Administración, que ya cedió sumamente en el anterior envite. ha retrocedido por segunda vez para atraer a las compañías privadas. El plazo del nuevo concurso finalizaba este lunes 27 de enero y Muface decidió dejarlo sin efecto y anunciar que se establecerá uno nuevo para la presentación de ofertas, con un previsible cambio de condiciones.
Ante este movimiento, Adeslas anunciaba el pasado sábado que se plantearía un cambio de posición si existiese “una propuesta adecuada”. "Fruto de estas conversaciones podemos confirmar que se han producido avances significativos que permitirían resolver la situación actual y definir un modelo justo, equilibrado y sostenible para Muface. Si estos avances se consolidan en una propuesta adecuada por parte de la Administración […] la compañía reconsideraría la posición actual y daría los pasos necesarios para dar continuidad de forma favorable a su presencia en Muface", trasladaba a la empresa.
Esto gusta en CSIF, aunque que el concierto para dar sanidad privada a los funcionarios que así lo elijan dispare el coste para la Administración Pública. “Desde CSIF valoramos el acercamiento de posturas con Adeslas conocido este fin de semana y la voluntad de Muface para alcanzar un acuerdo modificando las condiciones ofrecidas a las aseguradoras y dejando sin efecto el plazo de presentación de ofertas”, exponen. Sin embargo, el atribuirse este cambio de tablero es lo que les lleva a convocar la huelga.
“Sin duda, este nuevo movimiento se debe gracias a la presión de nuestra organización, trasladando el sentir de miles de mutualistas y sus familias, que han visto comprometida su atención sanitaria. Por este motivo, CSIF ha decidido mantener las medidas de presión hasta que conozcamos un acuerdo concluyente que termine con la incertidumbre de nuestros mutualistas”, recoge el comunicado emitido por la central sindical.
La convocatoria de huelga afecta a más de medio millón de personal funcionario de toda España en diferentes ámbitos: personal docente (tanto universitario como no universitario), centros de la Administración General del Estado (ministerios, organismos y dependencias adscritas, organismos oficiales y delegaciones de Gobierno, entre otros) y al personal funcionario de Correos. Los funcionarios de Policía también se ven concernidos, aunque no tienen reconocido el derecho a la huelga, y JUPOL ha apoyado la convocatoria de CSIF. Acompañando a la huelga habrá concentraciones.
La sanidad privada de los funcionarios, a debate
En el seno de la propia coalición las dos formaciones se encuentran fragmentadas por cómo afrontar el chantaje de las aseguradoras. Por parte del PSOE, el ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar Lopez, se erige como defensor de mantener la sanidad privada de los funcionarios y asegura que hará todo lo posible por mantener esta atención. La última oferta rechazada contemplaba un incremento de casi 1.000 millones de las primas, hasta llevar el montante total a los 4.478 millones para tres años (2025, 2026 y 2027).
En sentido contrario, aunque sin hacer mucho ruido, Sumar ha apostado por incluirlos en el sistema público, destinando los recursos de Muface a las comunidades autónomas, en función de los ciudadanos absorbidos. Esta posición fue defendida meses atrás la ministrad de Sanidad, Mónica García, que además se mostró molesta por las prácticas de las aseguradoras privadas, señaladas por derivar a los pacientes a la pública cuando dejan de salirles rentables o las intervenciones son muy costosas.
Estas situaciones han sido denunciadas por CSIF, que asegura a diario “llegan centenares de quejas por anulaciones y retrasos de citas médicas, pruebas diagnósticas e intervenciones quirúrgicas”. Esto, según el sindicato, es “debido a esta falta de acuerdo entre Gobierno y aseguradoras”, pese a que las aseguradoras están obligadas a mantener la atención sanitaria.
