En 2004, en Asunción -Paraguay- se declaró un incendio en un centro comercial. Los dueños del centro, para evitar el saqueo de las tiendas, prefirieron cerrar las puertas antes que dejar que los clientes salieran sin haber pagado las mercancías. Murieron 350 personas. Esta dramática historia es un buen ejemplo de lo que ocurre cuando, en circunstancias catastróficas, se prefiere controlar el riesgo moral frente a los riesgos reales. La psicopatía de los responsables de la matanza los llevó al banquillo. En política económica, ese ejercicio de justicia todavía no ha ocurrido.

Los datos de los desplomes bursátiles de la semana pasada, y la reversión de las previsiones hacia una recesión que aparecía posible pero no probable hace apenas unas semanas, muestran los efectos que puede tener un cisne negro en la economía global. La crisis de salud pública que supone la pandemia del COVID-19 supone la mayor amenaza a la economía global desde la gran recesión de 2008, y, si no actuamos con determinación, puede suponer una crisis todavía mayor. La ausencia de información precisa, el entorno cambiante y la incertidumbre respecto de la duración de la crisis sanitaria hace difícil establecer un pronóstico adecuado sobre el impacto de la crisis en la economía global y, en particular en la economías europea y española. La exposición de España a las cadenas de valor globales, en sectores como la automoción, y el alto peso del sector hostelero, comercial y de transportes en nuestra economía la hacen particularmente vulnerable ante una situación de prolongación de las medidas extraordinarias de contención de la epidemia.

En estas circunstancias, apelar al riesgo moral para no tomar acciones de calado es una pésima decisión: es necesaria una acción firme, amplia e inmediata por parte del sector público. La crisis no está generada por una mala gestión económica, o una asunción de riesgos excesiva, o una mala gestión empresarial. Puede que haya cierta responsabilidad en no mantener una economía preparada para enfrentarse a una nueva crisis: los años de bonanza desperdiciados en bajadas de impuestos y en procrastinación en las reformas nos van a pasar factura. Los debates estúpidos sobre temas identitarios deban de tener sentido cuando tenemos una amenaza que no distingue el color de la bandera que aparece en la tarjeta sanitaria. Empresas bien gestionadas, trabajadores competentes, sectores solventes, se encuentran hoy amenazados por una situación de la que no son responsables y que puede prolongarse durante demasiado tiempo.

Sin duda, la prioridad económica debe situarse, en primer lugar, en garantizar al sector sanitario los recursos necesarios para parar cuanto antes la pandemia y para ofrecer la mejor asistencia a las personas afectadas. Invertir en salud, garantizar la existencia de infraestructuras necesarias y mejorar la capacidad del sistema para afrontar todavía un alto número de personas afectadas debe ser la prioridad número uno. El problema no es tanto la ausencia de capacidad de pago, que puede ser garantizada, sino en la ausencia de suministros. Se puede poner encima de la mesa el dinero necesario para medicalizar todos los hoteles de la costa del sol, pero si el suministro de respiradores y demás instrumental está constreñido por la capacidad de la industria, no hay mucho que hacer.

En segundo lugar, tenemos los propios efectos económicos del estado de alarma: es imprescindible una actuación rápida y eficaz que permita a las empresas enfrentar con resiliencia la situación de paralización económica existente debido a las medidas derivadas del estado de alarma. Recordemos que, aunque el sector turístico, hostelero y comercial son los principales afectados, los impactos nocivos se trasladarán por toda la cadena de valor hacia los servicios asociados y hacia los proveedores de dichos sectores. La aproximación debe ser diferenciada, efectiva e inmediata. Tenemos que garantizar liquidez suficiente para evitar que las empresas se vean obligadas a prescindir de sus plantillas por falta de producción o falta de salida de la misma. La propuesta alemana de una garantía ilimitada es una buena idea, y debe acompañarse con un adecuado refuerzo de un sector bancario que ha perdido gran parte de su valor bursátil en las últimas semanas. Es imprescindible reconectar la economía financiera con la economía real. Con los mercados reales paralizados, la economía financiera se basa en mera especulación. Se deben prohibir las operaciones en corto, y actuar rápidamente cuando se identifique un comportamiento de rebaño en los mercados, reforzando la supervisión y vigilancia en el mercado de valores.

Estas medidas deben acompañarse con la opción de flexibilizar los criterios de teletrabajo, uso flexible de la jornada, facilitación de los ERTES parciales, para permitir a las empresas adecuar sus plantillas a las circunstancias temporales y evitar despidos masivos. La inspección debe actuar y la política social debe acelerar y ampliar el acceso a las rentas mínimas existentes y facilitar su uso complementario para aquellos trabajadores que se encuentren con reducciones de horario o pérdidas temporales de empleo.

Con todo, lo más importante es mantener una expectativa de recuperación. Se equivocan quienes piensan que la economía se puede reiniciar como un ordenador. Según pase el tiempo, el deterioro económico será mayor y más problemas de liquidez se convertirán en problemas de solvencia. El gobierno debe comprometerse desde este mismo momento con un impulso fiscal intensivo y limitado en el tiempo en el momento en el que la crisis sanitaria se considere controlada. Este impulso fiscal, que ahora mismo sería poco efectivo, podría servir como reactivador de una economía que puede pasar varias semanas, o meses, en una situación de parálisis.

Estas medidas requieren de una actuación coordinada a nivel europeo, que conoceremos hoy mismo. El Banco Central debe proveer de toda la liquidez necesaria a los bancos para mantener los niveles de financiación del sector real, y seguir actuando para moderar las escaladas de las primas de riesgo de la deuda soberana. La intensificación del QE puede ser una opción a considerar. El BEI puede ofrecer una rebaja del riesgo a través de la reactivación de la iniciativa PYME, centrada en el circulante. El Pacto de Estabilidad y Crecimiento ya plantea la flexibilización de los objetivos de déficit público en circunstancias excepcionales, situación que debe activarse en esta ocasión, y los países de la Eurozona deben comprometerse a generar el impulso fiscal necesario para que, una vez pase la crisis sanitaria, la recuperación económica llegue en el menor tiempo posible.

No es el momento de ser tímidos. Los planes que hace apenas unas semanas tenían sentido, han dejado de tenerlos. En medio de la crisis económica, Paul Krugman señalaba que la única manera de reactivar la economía sería una invasión extraterrestre (real o ficticia), que situaría nuestros problemas de riesgo moral en su adecuada medida frente a los riesgos reales. Esto es lo más parecido que vamos a encontrar. No podemos dejar de actuar. Ya. Cueste lo que cueste. Eso es, exactamente, lo que significa “whatever it takes”.