Transcurridos casi dos meses desde que comenzaron a conocerse los detalles del texto y superado un arduo debate en el Congreso de los Diputados, el Gobierno de coalición ha conseguido sacar adelante sus Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el año 2023, los terceros consecutivos y los últimos de la legislatura. Pero estas cuentas no han llegado solas a la Cámara Baja, ni mucho menos; lo han hecho acompañadas de los nuevos impuestos que gravarán a los que más tienen para ayudar a los más vulnerables: el impuesto a la banca, las energéticas y las grandes fortunas. Finalmente, el resultado ha sido mayoritario, con 186 votos a favor, 152 en contra y 10 abstenciones. Estos tributos comenzarán a aplicarse el 1 de enero de 2023.

Apoyo parlamentario

El apoyo de la medida del Ejecutivo no se ha limitado solo al ámbito internacional, la gran mayoría del arco parlamentario ha respaldado los gravámenes del Gobierno. Unas cuentas avaladas por la UE y duramente criticadas por la derecha. Así pues, los socios de investidura de Pedro Sánchez se han posicionado a favor de dicho impuesto de solidaridad.

De esta forma, grupos parlamentarios como ERC, PNV, Bildu y Más País, como evidentemente el PSOE y Unidas Podemos han votado a favor de los gravámenes extraordinarios.

“Ante la situación de pobreza energética, lo que se le pide a un Gobierno, y más si se considera progresista, es que actúe” ha revindicado el diputado de Bildu Oskar Matute, mostrando así su apoyo a la medida del Ejecutivo.

Por su parte, Íñigo Errejón, portavoz parlamentario de Más País, también ha justificado la medida aduciendo a los beneficios extraordinarios de las energéticas y bancos que han tenido “solo hasta septiembre 25.500 millones de euros de beneficio”, subrayaba Errejón, que indicaba que son beneficios “pura y netamente caídos del cielo”.

Apoyos internacionales

Los impuestos a los ricos no han dejado indiferente a la comunidad internacional desde su anuncio por parte del Gobierno español. El mayor ejemplo es el apoyo de la Unión Europea al gravamen a las energéticas. De hecho, Bruselas no solo dio el visto bueno, sino a finales de septiembre acordó una “tasa de solidaridad” para gravar a las empresas intermediarias de combustibles fósiles y sus beneficios extraordinarios. Su recaudación, que la Comisión Europea tasa en 140.000 millones de euros, deberá ir destinada a los consumidores más vulnerables.

El propio Fondo Monetario Internacional (FMI), aunque dubitativamente, también se ha mostrado favorable a los gravámenes, tanto a las eléctricas como a la banca. Aunque ha reiterado la necesidad de que estos sean temporales, algo que ya está contemplado, y que se supervise su aplicación, el organismo considera “apropiado” implementar estos impuestos. El Banco Central Europeo (BCE), por el contra, se ha mostrado contrario al impuesto a la banca, dudando de su aplicación.

A nivel de países y de grupos parlamentarios europeos, una amplia mayoría ha apoyado y dado el visto bueno a los tributos incentivados con España, llegando incluso muchos gobiernos a asumirlos como propios. Esta situación, nuevamente, ha dejado al PP solo en Europa, afianza el rol de isla asumido por el partido de Feijóo que, como era previsible, ha votado en contra de todo este jueves. Sin proponer nada práctico a cambio, por supuesto.

Impuesto a las energéticas

El impuesto a las grandes energéticas fue anunciado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el marco del Debate Sobre el Estado de la Nación, celebrado el pasado 12 julio. Ha habido que esperar hasta noviembre para obtener la aprobación definitiva, pero a partir de 2023 tendrá vigencia. Este gravamen tendrá un carácter temporal y excepcional y su aplicación se limitará a los años 2023 y 2024. De esta manera, el coste de la guerra y del aumento de lo precios de la energía se repartirá y los beneficios caídos del cielo, percibidos por estas empresas aprovechando la coyuntura, quedarán gravados.

Este impuesto, que afectará a las energéticas (eléctricas, gasistas y petroleras) recaudará, según previsiones del Gobierno, 3.600 millones de euros en sus dos años de aplicación. La recaudación estimada se ha reducido en 400 millones después de que el Ejecutivo aceptase las enmiendas de PNV y PDECat para excluir el importe neto de la cifra de negocio que corresponde a las empresas reguladas y a las actividades de las compañías en el exterior.

Impuestos a los bancos

El tributo dirigido a la banca, anunciado también por el presidente del Gobierno de forma simultánea al de las energéticas, tiene una naturaleza similar. El carácter también será temporal y excepcional, pero, en contraposición, en este caso no se han estimado las demandas de la banca y no se ha recogido ningún cambio que varíe la estructura inicial definida por el Gobierno. Así, la recaudación esperada durante los dos próximos años será de 3.000 millones de euros, 1.500 por año.

Para conseguir dicha recaudación, el tributo establece una tasa impositiva del 4,8% que se aplicará sobre el margen de los intereses y las comisiones cobradas por las entidades financieras que, tan solo durante el año 2019, ingresaron 800 millones más a sus cuentas tan solo sumando estos dos conceptos. Además, la desmedida subida de tipo de interés, que encarece las hipotecas y reporta más beneficios a los bancos, también quedará reflejada en el impuesto, en mayor medida durante el curso 2024.

Impuesto a las grandes fortunas

El impuesto a las grandes fortunas, también conocido como impuesto de solidaridad, es la medida estrella del paquete fiscal que la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, anunció el pasado 29 de septiembre como respuesta a la bajada de impuestos desmedida que los gobiernos autonómicos del PP, encabezados por Ayuso y Moreno Bonilla, acometieron en favor de los que más tienen eliminando, por ejemplo, el impuesto sobre el patrimonio.

Este gravamen finalmente entrará en vigor en 2023 tras su inclusión, a modo de enmienda, en el dictamen de los otros dos impuestos. El ejecutivo estima recaudar un total de 3.140 millones de euros en los dos próximos cursos. La recaudación llegará en los años 2023 y 2024, pero los periodos gravados serán los de 2022 y 2023, de igual manera que los dos anteriores. Este ha sido el motivo de su incursión, a última hora, en este conjunto de medidas, ya que, de no haber sido así, su primer año de actuación se habría retrasado.  

Durante estos dos años, Hacienda estima que 23.000 contribuyentes con riquezas netas superiores a los tres millones de euros, que son tan solo el 0,1% del total, se verá obligados a abonar el nuevo gravamen. No obstante, los contribuyentes de aquellas comunidades autónomas donde se haya mantenido el Impuesto de Patrimonio no tendrán que abonar casi al 100% del nuevo gravamen a grandes fortunas. Esto se debe a que el tipo impositivo de ambos tributos es el mismo. En consecuencia, las fortunas que abonan el Impuesto de Patrimonio en su territorio verán bonificado el nuevo tributo, es decir, les será devuelto lo ya abonado en concepto de patrimonio.

Todas las riquezas netas por encima de los tres millones se verán afectadas por el nuevo tributo, pero no lo harán de la misma manera, ya que, se han contemplado tres tramos progresivos: entre los tres y los cinco millones el tipo será del 1,7%; entre los cinco y los diez del 2,1%; y para las fortunas superiores a los diez millones será del 3,5%.