Durante la noche del ya llamado macrojueves del Congreso de los Diputados, salió adelante la aprobación de la proposición de ley para introducir nuevos impuestos a empresas energéticas y banca, en la que además PSOE y Unidas Podemos se aseguraron, vía enmienda, el impuesto a las grandes fortunas. La propuesta contó con el respaldo de 186 síes procedentes de diputados del PSOE, Unidas Podemos, ERC, Bildu, Junts, Más País-Equo, Compromís, CC, la CUP y BNG, que superaron a los 152 noes del PP, Vox, Ciudadanos, Navarra Suma y Foro Asturias, y las 10 abstenciones del PNV y PDeCAT. Así fue el desfile de la votación pública por llamamiento, pedida por Más País y Compromís, que obligó a los diputados fueran poniéndose en pie en el escaño para anunciar a viva voz su voto.

Una vez terminada la agitada tramitación en la Cámara Baja, el texto pasa ahora al Senado donde completará su curso en principio sin grandes sobresaltos. La ministra de Hacienda Función Pública, María Jesús Montero, ha celebrado los Presupuestos, al tiempo que ha lanzado un dardo a quienes votaron en contra de los mismos, señalando que ha quedado claro “quiénes representan al lobby de las eléctricas”. Así, la ministra de Hacienda, y principal artífice del paquete presupuestario, ha señalado que “el Partido Popular no sabe cómo explicar que en este momento se reparta de forma distinta a cómo se hizo en la anterior crisis la carga. Anteriormente, fueron los trabajadores con la precariedad, con la bajada salarial, la no subida de las pensiones, los que asumieron el peso. Se rescató a la banca y la gente se quedó a la deriva”.

Con los nuevos impuestos, Hacienda pretende recaudar 10.000 millones y limitar así el impacto económico de la guerra en Ucrania, de la consecuente crisis energética y de la inflación. El Gobierno decidió utilizar la figura de la proposición de ley para sacar adelante los tres tributos y que estén en vigor antes del 1 de enero de 2023. En principio, los nuevos gravámenes afectarán solo a dos ejercicios, ya que se ha aprobado su carácter temporal para dos años. No obstante, ya ha habido varias peticiones políticas para que sean permanentes, a lo que el Ejecutivo ha respondido que hará una evaluación al final de su implementación para valorar esa posibilidad.

La banca y energéticas con beneficios extraordinarios en jaque

Apoyándose en el concepto de beneficios “caídos del cielo”, que la banca ha obtenido por la subida de tipos de interés y las energéticas por el encarecimiento de la energía tras la guerra de Ucrania, el Gobierno de coalición ha defendido gravar estos extraordinarios ingresos de las empresas correspondientes a ambos sectores.

En el caso de las compañías financieras, se gravará un 4,8 % del margen de intereses y comisiones que consigan en 2023 y 2024. Así, Hacienda cuenta con recaudar unos 1.500 millones al año. Por su parte, a las empresas energéticas se les aplicará un impuesto del 1,2% sobre el importe neto de la cifra de negocios, por lo que se espera recaudar un total de 2.000 euros anuales. Será durante los primero 20 días naturales septiembre cuando se aporte el primer pago del gravamen, habiendo también un pago a cuenta del 50% que se descontará de la liquidación definitiva. Estas aportaciones no se podrán deducir del Impuesto de Sociedades, ni se podrán repercutir sobre los clientes. Nadia Calviño, vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, ya aseguró en este sentido que “la proposición de ley incorpora un mecanismo por el que tanto la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y el Banco de España tienen que vigilar que no se produce esa traslación. El margen de maniobra de los bancos es amplio, puesto que están anunciando unos beneficios récord”.

No todas las energéticas deberán pagar el impuesto, solo las que estén consideradas como operadores principales por la CNMC y que en 2019 alcanzasen un volumen de negocio de 1.000 millones como mínimo. En cuanto a la banca, tributaran aquellas empresas que, teniendo en cuenta los intereses y comisiones cobrados, alcanzasen más de 800 millones, tomando 2019 como referencia. Asimismo, en el marco del impuesto energético, gracias a reivindicaciones del PNV, se excluye del importe neto de la cifra de negocio el correspondiente a las actividades reguladas y el tributo se aplica solo a la actividad que las empresas desarrollen en España. Además, se exigirá a las empresas que estén bajo supervisión directa del Banco Central Europeo. De ejemplos concretos, se conoce ya que para Endesa este gravamen supondrá 300 millones al año y para Iberdrola 250 millones al año, sumando la primera 600 millones de recaudación y la segunda 500 en los dos años planteados para la aplicación del impuesto.

Impuesto de solidaridad, el de las grandes fortunas

Finalmente, el impuesto de solidaridad a las grandes fortunas, incluido a través de enmienda, tiene dos objetivos principales. En primer lugar, un fin recaudatorio para acumular recursos que se destinarán a medidas anticrisis. En segundo lugar, un fin armonizador que busca disminuir la diferencia entre comunidades en el Impuesto sobre el Patrimonio. Por ejemplo, en las autonomías de Madrid y Andalucía este impuesto se encuentra totalmente bonificado y Galicia estudia una rebaja parcial. Con el nuevo gravamen los ciudadanos más ricos tendrán que tributar también en estas comunidades. En el resto de autonomías el impuesto sobre el patrimonio sí que se podrá deducir del de solidaridad, para evitar así una doble imposición.

Los tributantes de esta medida fiscal serán los que cuenten con una fortuna de más de tres millones de euros, a través de tres tramos con tipos progresivos: el primero del 1,7% entre tres y cinco millones, el segundo del 2,1% entre cinco y diez millones, y del 3,5% para fortunas de más de diez millones. El tributo tendrá que pagarse el 31 de diciembre y el primer ejercicio en el que se devengará será 2022, por lo que aquellos ciudadanos que están intentando eludir el impuesto no tendrán mucho margen de acción para intentar reducir esta exigencia fiscal. El Ejecutivo cuenta con recaudar unos 1.500 millones al año con este gravamen y también está planteada una evaluación final para decidir si el impuesto se mantiene o se suprime.

Así las cosas, el Gobierno ha conseguido sacar adelante tres nuevos gravámenes con cuya implementación se pretende “proteger a los que menos tienen”. Unas novedades fiscales que tienen una considerable similitud con los impuestos de otros países europeos, como el Reino Unido, que ha anunciado triputos para las grandes energéticas y a las rentas más altas.