Bruselas ha alcanzado un acuerdo preliminar sobre ahorro energético que contempla una reducción de la demanda del 5% en las horas pico, un impuesto destinado a las empresas productoras fósiles (gas, petróleo y carbón) y un tope al precio máximo del megavatio hora (180 euros/MWh) que tendrán que asumir las productoras de electricidad inframarginales que comercializan energía.
Los ministros de Energía de toda la Unión Europea alcanzan así un acuerdo en el seno del Consejo Extraordinario de Transporte, Telecomunicaciones y Energía, donde se han debatido nuevamente las medidas de ahorro energético. Concretamente, se establece una reducción obligatoria del 5% de consumo de electricidad en aquellas horas de mayor consumo (pico) y del 10% en el total de demanda eléctrica. Esta medida se alargará hasta finales de marzo de 2023 momento en el que, una vez superado el invierno, el Ejecutivo europeo analizará la situación.
Se ha definido una tasa de “solidaridad” a las empresas intermediarias de combustibles fósiles, es decir, un impuesto que grava los beneficios extraordinarios de estas empresas, que se han visto incrementados por la crisis energética devenida de la guerra de Ucrania. Además, se ha aprobado la redistribución hacia los estratos más vulnerables de la sociedad de los beneficios caídos del cielo de las tecnologías inframarginales que vendan la electricidad por encima de los 180 euros/MWh, lo que, su aplicación práctica, supone un tope al precio máximo de la electricidad.
El Ejecutivo europeo calcula que la recaudación fruto de estas medidas ascienda hasta los 140.000 millones de euros, que tendrán que ser destinados a medidas que auxilien a las personas que se encuentren en peor situación y a combatir las elevadas cifras de inflación. Con esto, se aprecia que el acuerdo que finalmente parece haberse alcanzado no dista en demasía de la propuesta inicial de la Comisión.
Por el momento, las medidas no están adoptadas formalmente, por lo que habrá que esperar a la publicación del escrito en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE), momento que se prevé llega ya la semana que viene.
Von der Leyen adelantaba la intervención del mercado
Las medidas que finalmente se asumirán siguen la senda de lo anunciado por Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, hace dos semanas, que trasladaba que la intención del Ejecutivo es limitar los beneficios extraordinarios de las energéticas y productoras de electricidad (asumido en España en octubre del pasado año) e implantar un impuesto a las productoras a partir de combustibles fósiles (gas, carbón y petróleo), emulando la política energética llevada a cabo por el Gobierno.
“Estamos proponiendo un tope de las rentas de las empresas que producen electricidad porque están acumulando ganancias caídas del cielo. Nunca pensaron que las obtendrían. En estos momentos, es erróneo recibir beneficios extraordinarios y que paguen el pato los consumidores. Los beneficios tienen que canalizarse a los que más lo necesitan”, aseguraba la presidenta del Ejecutivo europeo.
El jueves, un día antes del Consejo extraordinario, el Ejecutivo comunitario ya trasladó, a través de un documento, la intención de implementar la excepción ibérica a nivel europeo. El mecanismo de tope al precio del gas, conseguido en su momento por España y Portugal en contra de las preferencias del resto de grandes economías, ha posibilitado que los dos países ibéricos paguen un menor precio por el megavatio hora (MWh) y abaraten las facturas de sus hogares.
"Con base en la experiencia de los Estados miembro, la Comisión está dispuesta a discutir el desarrollo de un marco europeo temporal para limitar la influencia de los altos precios del gas en la formación del precio de la electricidad", refleja el documento de trabajo que Bruselas compartió con los gobiernos.
