El expresidente Carles Puigdemont y los cuatro ex consejeros que marcharon con él en el extranjero (Antoni Comín, Lluís Puig, Clara Ponsatí y Meriitxell Serret), todos ellos destituidos por el 155, han presentado este martes una demanda civil contra el juez Pablo Llarena ante la justicia belga para vulnerar su derecho a un "juez imparcial e independiente", a un "proceso judicial justo" y a la "presunción de inocencia". Según han explicado, un juez belga habría citado Llarena para el 4 de septiembre.
A raíz de la querella, también han presentado al Tribunal Supremo una petición de recusación contra Llarena porque, según ha explicado Toni Comín, "la ley orgánica del poder judicial dice de manera inequívoca que es causa de recusación de un juez el hecho que tenga un juicio pendiente con alguna de las partes de la causa que está instruyendo".
En este caso, justamente ahora Llarena tiene una causa abierta en Bélgica a petición de Carles Puigdemont y el resto de ex consejeros "en el exilio". "No estamos perseguidos por la justicia, sino por la ideología de un juez", ha asegurado Puigdemont, que ha intervenido a la rueda de prensa por videconferència desde Berlín.
A la misma hora que Comín lo explicaba desde Bruselas, el vicepresidente del Parlamento Josep Costa, miembro también del equipo jurídico, aseguraba que la recusación sería un hecho. A pesar de todo, después ha reconocido que tiene que ser una sala del Supremo español el que acepte o no la recusación: "Si no se aparta estará prevaricando", ha dicho Costa.
