Nadie mejor que Rajoy para motivar a los grupos independentistas a ponerse de acuerdo en algo y últimamente no parecen estar de acuerdo en casi nada. El anuncio de la predisposición del gobierno central a ejercer efectivamente la gestión de la Generalitat que le concede el 155, subrayando intencionadamente la idea de introducir la opción del castellano como lengua vehicular en la escuela, parece haber tenido un efecto milagroso en los decaídos dirigentes de ERC y PDeCAT para intensificar su campaña a favor de la urgencia de formar un gobierno para eliminar el control del 155.

La inmersión lingüística del catalán en la escuela es de los escasos motivos por el que se mueven al unísono el potente independentismo y lo que queda del catalanismo progresista. Cualquier amenaza a este viejo y consolidado consenso en política lingüística tiene la virtud de encender las alarmas entre maestros y políticos catalanistas, todos dispuestos a defender el modelo educativo vigente. En esta ocasión, la solución está clara: formar gobierno y alejar al ejecutivo central del ejercicio de una competencia que en condiciones normales no le corresponde. Pero la recuperación de la normalidad en el control de las instituciones catalanas choca con las aspiraciones legitimistas de Puigdemont y los suyos, muy conscientes de que después de unas semanas de normalidad institucional, sus pretensiones quedarían difuminadas.

La propuesta de Rajoy ayuda indirectamente a la formación de un gobierno en Cataluña, aunque este no fuere el único propósito del PP con el anuncio de una medida que casa perfectamente con la reivindicación estrella de Ciudadanos, el ganador de las elecciones del 21-D. El movimiento de Moncloa ha llegado justo con la primera reacción nítida de Marta Pascal, la desaparecida coordinadora general del PDeCAT, ante la resistencia de Carles Pugdemont a aceptar la realidad tal como le vienen prescribiendo desde hace semanas los dirigentes de ERC.

A la posición de los republicanos, partidarios de un gobierno real y ejecutivo, Pascal ha añadido la condición de legal, un gobierno según la legislación vigente, dijo, lo que para todos los que no viven en el Valhalla de la república catalana, significa según el Estatut. Y en esta circunstancia estatutaria Puigdemont no tiene cabida.

JxC y Puigdemont siguen, al menos formalmente, instalados en el principio de la restauración legitimista, comenzando por la presidencia. La hipótesis que se abre camino es una restauración limitada a los consejeros cesados por el 155 que no estén en prisión preventiva o huidos y a la designación del presidente de la Generalitat legal y único por parte de su predecesor, impedido de optar a la reelección por su condición de fugado y por las cortapisas impuestas por el Tribunal Constitucional. ERC y PDeCAT asumirían solemnemente el nombre elegido por Puigdemont de entre sus fieles, aceptando este trámite innecesario como un acto de legitimidad, a cambio, éste cedería a los partidos la composición final del gobierno, al 50%.

El problema práctico es que no todos los nombres de los diputados de JxC parecen ser aceptables por la antigua Convergència, que se tomaría a mal que la primera magistratura de Catalunya recayera en Elsa Artadi, quien abandonó de malas maneras el partido el día antes de integrarse en la candidatura de Puigdemont. Luego quedaría por resolver la ceremonia civil del independentismo para homenajear al presidente de la Generalitat cesado por Rajoy. Y si nada de esto funciona, siempre queda la repetición de las elecciones.

Las negociaciones se han vuelto mucho más discretas y complejas. Sobre la mesa están, además del gobierno y su presidente, las elecciones municipales del próximo año, con especial atención para Barcelona, una plaza que se considera al alcance de las aspiraciones independentistas, dado el declive persistente de la imagen de Ada Colau. Tanto el PDeCAT como ERC se van a jugar mucho en los comicios locales porque a nadie se le escapa el run-run de la creación de un nuevo partido o plataforma política con voluntad de superar el actual sistema de partidos, como mínimo en el ala soberanista.

Este horizonte acompleja a los negociadores a tres bandas (la cuarta, la CUP, está a la espera de oferta programática) y explica la prudencia de republicanos y ex convergentes para con Puigdemont y sus exigencias inaceptables. La participación por libre de JxC en las municipales podría complicar el futuro de todos e impedir algunos de los objetivos estratégicos, como la recuperación de la alcaldía de la capital de Catalunya.