La Guardia Civil investiga si la filial española de IBM realizó trabajos para la Generalitat de Catalunya a fin de disponer un sistema informático que permitiría la puesta en marcha de la Hacienda de la Catalunya independiente. Así lo desvela El Confidencial, que señala que, en concreto, se ahonda en el papel del sistema e-SPRIU, cuyo proyecto debía reducirse a desarrollar “los servicios necesarios para la realización de un proyecto para la conceptualización, la definición de los procedimientos y la implantación de una primera fase de un sistema de gestión tributaria basado en una solución de mercado, así como de las herramientas necesarias para su despliegue”.

Estos trabajos estaban contemplados y amparados por una licitación del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI) de la Generalitat. Una adjudicación que contó con el beneplácito del BOE en abril de 2015 y cuyo importe ascendió, según la versión oficial, a 1,2 millones de euros.

La Guardia Civil investiga si IBM desarrollo e-SPRIU para algo más. En el sumario, según El Confidencial, se incluye un vídeo de Josep Lluís Salvadó, quien fue detenido en el marco de la Operación Anubis y de quien han trascendido unas conversaciones pinchadas por la Guardia Civil en las que ordena a su secretaria destruir pruebas (“sal al patio y lánzalos”). Salvadó era el encargado de la Agencia Tributaria de Catalunya (ATC) y, en una conferencia, aseguró que “desde el programa que llamamos e-SPRIU” se podrá gestionar el sistema tributario del estado independiente.

El Plural se ha puesto en contacto con IBM, desde donde aseguran que “IBM ha sido contratada por la Generalitat de Cataluña para gestionar las aplicaciones que dan soporte a los impuestos cedidos a la administración catalana, así como impuestos propios, definidos siempre dentro de su ámbito competencial. Toda nuestra actividad se desarrolla dentro del marco legal vigente. Asimismo, añaden que la compañía “cumple con el marco constitucional español, como ocurre en el resto de los países en los que opera. Todos nuestros contratos y operaciones con el Gobierno Autónomo Catalán cumplen con la Constitución española y las leyes de la Unión Europea”.