El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, ha asegurado que la posibilidad de que el presidente de la Generalitat catalana, Carles Puigdemont, sea detenido está "abierta", aunque hasta la fecha, no ha considerado que "deba producirse". En cualquier caso, ha puntualizado, no sería una decisión de la Fiscalía. Lo ha dicho entrevistado en Onda Cero por Carlos Alsina, en el programa 'Más de Uno'. 

Maza ha dicho que la Fiscalía está convencida de que Puigdemont está incurriendo en delitos de prevaricación, desobediencia y malversación por los preparativos del referéndum del 1-O, desoyendo la prohibición del Tribunal Constitucional. Al llevar el delito de malversación pena de cárcel, legalmente se darían los requisitos para solicitar su dentención. "Pero eso no quiere decir que se pida o no", ha matizado el fiscal general, quien ha explicado que "de momento" no se ha considerado "oportuno" reclamar esa detención. Eso sí, ha admitido que "esa es una decisión que siempre queda ahí abierta".

El Fiscal General ha diferenciado entre la posible actuación contra Puigdemont de la llevada a cabo por su departamente contra los alcaldes que se han mostrado dispuestos a ceder locales municipales para el referéndum. “Una cosa son asuntos como el de los alcaldes, que tienen que declarar ante la Fiscalía y son diligencias internas y si se considera pedir actuaciones a los jueces, se judicializa, y otra una querella, que cuando se presenta es la actuación judicial la que debe decidir”.

Maza ha hablado también de sumar los delitos de rebelión y sedición al listado de Puigdemont, aunque en este sentido no hay nada decidido. Como diferencia entre ambos delitos ha situado la aparición de la violencia. Por el momento, la Fiscalía no ha dirigido su querella por los disturbidos ante la sede de la Consejería de Economía contra persona alguna aunque sí ha nombrado a los dos dirigentes de las entidades independentistas Asamblea Nacional Catalana y Òmnium Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart.

Maza ha explicado que la pena de sedición recae en la “presencia o inducción a estar presente de un numero de personas importante” en una manifestación o acto suspendido por las autoridades judiciales como las que se han producido últimamente en Catalunya, y que si esta acción se produce “usando violencia es rebelión”.

El fiscal general también ha sido preguntado por las quejas sobre una posible desproporción en la respuesta al desafío soberanista, una hipótesis que ha descartado. "Al revés, nosotros estamos esforzándonos todos los días por no ir más allá de lo que la ley nos permite y, por supuesto, no ser desproporcionados en ningún momento", ha subrayado.

Maza ha opinado que lo que ha ocurrido hasta el momento en las movilizaciones ciudadanas son hechos de "enorme gravedad", un intento de separar parte del territorio nacional del resto con unos medios "por lo menos tumultuarios".

“Los Mossos no tienen recursos suficientes para garantizar la seguridad ellos solos el 1-O. Es normal que se coordinen con Policía y Guardia Civil”, ha dicho en defensa de la polémica tutela del Estado de las Fuerzas de Seguridad en Cataluña.