Cataluña
Miles de personas salieron a las calles el pasado domingo con motivo de las manifestaciones por la Diada. (Foto: EFE)
Imagen de la celebración de la Diada en 2016
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EFE

El Parlament despeja el camino para la independencia exprés

Acto de tiranía democrática propio de Nicolás Maduro, así lo define la oposición

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Mié, 26 Abr 2017

La oposición califica la reforma del reglamento como un acto de tiranía democrática, propio de Nicolás Maduro, muestra de la alergia democrática y resultado de la fiebre de ilegalidad que padecen JxS y la CUP. La mayoría independentista cree que simplemente la oposición no quiere debatir bajo ningún formato la ley de transitoriedad, también llamada de desconexión.

La ley de desconexión es una ley milagrosa que permitirá al Parlament crear su propia legalidad al margen del estado de derecho vigente para amparar el referéndum y la posterior declaración unilateral de independencia. Esta es la clave de la estrategia de JxS y la CUP. La ley será secreta hasta el día de su aprobación en la cámara catalana que la debatirá en lectura única y urgente. Para poner en práctica dicha astucia (que debería despistar la vigilancia del Tribunal Constitucional, según sus previsiones), resultaba imprescindible modificar el reglamento del Parlament, en el sentido de autorizar la tramitación en lectura única de la ley a partir de la solicitud de un solo grupo parlamentario, evitando así la aprobación previa de un proyecto de ley por parte del gobierno catalán que sin duda sería impugnado por el Gobierno de Rajoy.

La ley será secreta hasta el día de su aprobación en la cámara catalana

La divulgación de unas palabras del diputado Lluís Llach anunciando la supuesta voluntad del Gobierno catalán de sancionar a los funcionarios que se resistan a cumplir dicha ley de desconexión, al margen de su impugnación por el TC, abrió la caja de los truenos en la vigilia del debate. “Muchos de ellos sufrirán”, dijo el cantautor al referirse a quienes no cumplan con la legislación del Parlament. Todos los portavoces parlamentarios menos los de la mayoría gubernamental y el presidente Puigdemont consideraron estas afirmaciones como una amenaza a los servidores públicos. El presidente de la Generalitat elogió fervorosamente a Llach, considerando una obviedad decir que hay que cumplir las leyes del Parlament, aunque evitó referirse a la obviedad de cumplir todas las leyes.

En este ambiente, caldeado convenientemente por el presidente del grupo del PP, García Albiol, al calificar el Procés de “golpe de estado”, el debate sobre la reforma del reglamento subió de tono, a cuenta del estado de salud democrática del Parlament. La mayoría rechazó las cuatro enmiendas a la totalidad presentadas por los grupos de la oposición a la reforma, que en general fue considerada como una cortina de humo para disimular el único objetivo de la misma: acelerar la independencia exprés anulando el debate parlamentario. El portavoz de JxS, Jordi Turull, negó rotundamente tal objetivo, mientras en el cairon de la retransmisión de Televisió de Catalunya se podía leer “Debat Reforma Reglament per a Desconnexió Exprés”.

Hasta ahora, las sucesivas reformas de las reglas de juego parlamentario se habían aprobado por consenso, incluso la de 2005, en pleno debate del nuevo estatuto. La ruptura de esta tradición fue descalificada por la oposición de forma contundente. Para Lluís Rabell (Catalunya Si que Es Pot) es un “insulto a la inteligencia” y una demostración de “la tiranía democrática” de la mayoría independentista.

José Maria Espejo (Ciudadanos) se refirió a un intento fallido de “anular a la oposición democrática” e inútil “porque la ley de desconexión será solo un papel que los funcionarios de deberán cumplir”.  Alejandro Fernández (PP) equiparó la iniciativa a “las peores prácticas de Nicolás Maduro” y Eva Granados (PSC) aseguró que se estaba viviendo el “sumun de los despropósitos del Procés”, pronosticando que cuando “haya pasado esta fiebre de ilegalidades habrá que reconstruir el Parlament”.

Los portavoces de la mayoría no se esforzaron demasiado en responder a las críticas de la oposición. En este Parlament está todo descontado, todo está dicho y redicho y no se esperan cambios ni consensos. Jordi Turull (JxS) presentó la reforma de manera rutinaria, negando querer evitar el debate. “Solo la Fiscalía quiere acallar este Parlament”, afirmó. “No somos unos ingenuos”, aseguró, tras exponer que a su juicio el problema no es la lectura única de la ley de transitoriedad jurídica si no la ley en ella misma y el hecho de que la oposición no quiere discutirla de ninguna manera. El mismo parecer defendió Anna Grabriel (CUP) que concluyó con risita habitual: “ya nos encontraremos en los tribunales”. 

 

Jordi Mercader es periodista y analista político