El Partido Popular (PP) ha decidido entrar en el debate discursivo de la vivienda, pese a que grandes líderes de la formación, como José Luis Martínez-Almeida, han defendido que la mejor política en esta materia es “no hacer nada”. Así lo ha defendido el alcalde de Madrid y así ha quedado constatado en el plan de vivienda que han presentado los de Alberto Núñez Feijóo. Apenas cinco páginas y 16 medidas componen la estrategia, dirigida a caseros, bancos y promotores, pero sin ninguna política destinada a los inquilinos.
El plan cuenta con tres bloques diferenciados, entre los que destaca, por su mayor tamaño, el de la okupación. Ni rastro de posibles abordajes a los alquileres disparados o a los tipos de interés de las hipotecas. El primero de los ámbitos tratados es el de las “dificultades de los jóvenes” y cuatro propuestas pretender dar respuesta a su problema de acceso a la vivienda dando tranquilidad a los propietarios y bancos.
Apoyo a los caseros, olvido a los inquilinos
“Avalar la fianza del alquiler” es una de medidas sugeridas. Lejos de lo que puede parecer, como también han querido vender otras formaciones políticas, el aval que se otorga en ningún caso es destinado al inquilino, sino al propietario. Es decir, la propuesta pivota en torno a garantizar al casero el montante de la fianza con fondos públicos, lo que no exime al inquilino de su abono ni de la asunción de la deuda en caso de impago. “Facilitar el acceso a la hipoteca para compra de vivienda, mediante avales u otras fórmulas” es otra de las propuestas y sigue la misma lógica.
En este caso, el tipo de interés, la entrada y el coste total de la hipoteca sería el mismo que si no existiese el mencionado aval, con la diferencia de que quien gana en tranquilidad es el banco que firme la hipoteca. En consecuencia, si un ciudadano deja de poder pagar su hipoteca, el Estado hace frente a la deuda hasta la cantidad avalada y el hipotecado pasa a estar endeudado con la entidad bancaria, por la parte no avalada, y con la administración pública, por la deuda cubierta.
La tercera política de este primer bloque son los “seguros de impago para quienes ponen su vivienda en alquiler para atenuar incertidumbres por posibles impagos de rentas”, los cuales no se aclara quién pagaría. Normalmente estos seguros los paga el inquilino, obligado por el propietario a través de cláusulas abusivas. No obstante, independientemente del pagador, es una medida que vuelve a destinarse a los caseros. La lógica del PP es que el rentista es el que actualmente afronta una situación complicada y la pirueta lógica es que dotándoles de más beneficios habrá más oferta y bajarán los precios.
En este primer bloque tan solo una medida habla de “generar vivienda en alquiler a precio asequible” y la fórmula elegida, sin detallar, es la “colaboración público-privada como las que están desarrollando las comunidades autónomas del PP”. En el buque insigne de los de Feijóo, Madrid, el alquiler asequible puesto en marcha por Ayuso exige a los inquilinos de VPPV tener unos ingresos limpios mínimos de 2.300 euros al mes para acceder al piso público más pequeño y barato, cuya renta asciende hasta los 820 euros.
Liberalizar suelo y quitar impuestos a propietarios
El segundo paquete de medidas se agrupa bajo el título de “desequilibrio entre oferta y demanda” y está centrado en liberalizar suelo para construir más, exigir menos requisitos a las promotoras inmobiliarias y dar incentivos fiscales a los propietarios, aspectos que comparte con la última propuesta del PSOE. Existen miles de viviendas vacías que, fruto de la especulación, están fuera de mercado, pero ambas formaciones apuestan por construir más, que no salió bien antaño, en vez de obligar a sacar a mercado inmuebles vacíos, como ha hecho Bruselas y Portugal.
“Más suelo. Hay que poner en valor todo el suelo disponible”, demanda el PP, que no aclara si esta afirmación se extiende también al suelo protegido o los espacios verdes, que los conservadores han demostrado que no dudan en talar para sus cometidos. “Acabar con el infierno burocrático, tanto para el planeamiento, como en la gestión urbanística y la concesión de licencias” y “evitar la anulación de desarrollos urbanísticos por defectos de forma (propuesta del PSOE)”. En la práctica, esto significa menos requisitos y control a los proyectos, dando vía libre a las constructoras.
En este apartado, por supuesto, también aparecen “incentivos fiscales”. “Incentivar el afloramiento de viviendas vacías al mercado, aplicando una deducción en el IRPF a los propietarios que formalicen nuevos contratos de arrendamiento de inmuebles que hayan estado en desuso al menos dos años”. Bajada de impuestos para el propietario con inmuebles, independientemente del precio del alquiler que ponga el mercado, descartando el uso de la recaudación pública para ayudas directas a los verdaderos damnificados por el coste disparado que los propios caseros fijan.
Por si fuera poco, se plantea también una “bonificación del 100% en el Impuesto de sucesiones y donaciones de las cantidades donadas a familiares para la adquisición de vivienda”. Menos recaudación para servicios públicos. Este bloque lo cierra la “creación de una industria de la rehabilitación, que permita modernizar y hacer más habitables y eficientes las viviendas”. El problema es real, dado que, como apunta el PP, el 50% de las viviendas de España tiene más de 40 años, y el 75% no tienen ningún tipo de eficiencia energética; no obstante, el abordaje podría ser público.
En ocasiones veo okupas
Lo groso del problema de vivienda del país tan solo merece 16 medidas para el PP, lo que es aún más sorprendente atendiendo a que seis están centradas en la okupación. Los de Feijóo apuntan a 17.035 okupaciones en 2022, aunque esta cifra se compone de delitos de usurpación y allanamiento, entre los que se incluyen muchas más faltas que poco tienen que ver con la okupación. Ese mismo año se produjeron 38.266 desahucios, pero el PP no ha considerado oportuno referirse ni una sola vez, ni que decir proponer una medida, al respecto.
“Desalojo en 24 horas de viviendas ocupadas”, algo que ya se produce cuando la vivienda afectada es considerada morada, siendo de tal consideración atendiendo a la jurisprudencia la vivienda habitual, la segunda vivienda o las residencias vacacionales. “Imposibilidad de empadronarse en la vivienda que se ocupa”, lo cual es ilegal, dado que el empadronamiento es una obligación, tal y como recoge la Orden de 25 de septiembre de 1995, no un derecho. Humo.
“Incremento de las penas para quienes ocupan y quienes promuevan la ocupación con recomendaciones o instrucciones”. Las penas actuales por allanamiento y usurpación ya contemplan cárcel y elevadas multas. Otra propuesta de PP es el “refuerzo a las comunidades de propietarios donde hay viviendas ocupadas”, sin especificar qué significaría este refuerzo ni quién lo pagaría. La siguiente idea es la “atención prioritaria a las víctimas de ocupación, poniendo medios a su alcance”, algo que ya ha fracaso en autonomías gobernadas por el PP, como Castilla y León, donde las oficinas de okupación no reciben llamadas ni visitas de ciudadanos. La última idea es la “erradicación de ocupaciones en las viviendas públicas”, intentando poner a los okupas en la categoría de infraseres, como si no fuesen las personas más vulnerables.
Ahora bien, una pareja joven con trabajo que comparte un alquiler y ante la subida desmedida acometida por su casero, a pesar de que es ilegal que esta supere el 2%, no puede pagar una mensualidad, ¿es una pareja de okupas? Una familia que reside en la misma casa desde hace 15 años y debido a la subida desmedida del Euríbor su hipoteca, la cual lleva pagando más de una década, incrementa su cuota mensual en 300 euros, ¿es una familia de okupas si no puede afrontar la subida? Estas son preguntas que debe responder el PP para acotar el significante vacío y el amplio concepto de okupa, utilizado como arma arrojadiza contra los más vulnerables.
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