Kilómetros de robles y encinas quemados entre otros mágicamente supervivientes vinculan en la comarca burgalesa del Arlanza los tres pueblos que rodeó con su lengua de fuego el incendio de Quintanilla del Coco en el mes de julio de 2022: el propio Quintanilla, Santo Domingo de Silos y Santibáñez del Val, que se llevó la peor parte.
86 edificios arrasaron las llamas en Santibáñez —que, según cuenta su alcaldesa, llegaron avanzando por las orillas del río Mataviejas que atraviesa el término—, un municipio de sólo 72 habitantes que ahora empieza a reconstruirse, dos años después de la devastación, a base de subvenciones y tesón de sus vecinos, en cuyo auxilio salieron incluso los bomberos de la Diputación de Burgos vendiendo camisetas para recaudar fondos.
Cuatro millones de euros explica la directora general de Vivienda de la Junta de Castilla y León, María Pardo, que ha puesto el Gobierno autonómico sobre la mesa para la rehabilitación de esas viviendas y el resto de las que se vieron afectadas por los incendios en las provincias de Ávila, Segovia y Zamora aquel verano, a través de subvenciones directas a sus propietarios, algunos de los cuales se quedaron sin ese hogar que a día de hoy aún trabajan en recuperar.
Competencia autonómica en ayudas por catástrofes
Pardo compara las cantidades de esas ayudas autonómicas, hasta 145.000 euros, con las del Ministerio del Interior, que se cifraron en algo más de 15.000 y considera “paupérrimas”, si bien reconoce que las competencias en vivienda son exclusivas del Gobierno autonómico y que al Ministerio le toca compensar los daños en todo el país.
Desde la Dirección General de Protección Civil y Emergencias se recuerda a ElPlural.com el decreto aprobado en Consejo de Ministros aquel mismo mes de agosto que recogía también ayudas directas para la reconstrucción de viviendas, por daños en la estructura, destrucción de enseres, daños en elementos comunes o establecimientos industriales, mercantiles y de servicios, agrícolas, ganaderas o forestales, entre otras, en 40 “zonas afectadas gravemente por emergencia de protección civil” —conocidas como zonas catastróficas— en Castilla y León, la comunidad más perjudicada, y otras 69 en Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia y la Comunidad Valenciana.
Sin embargo, se incide desde Interior en que la competencia para otorgar ayudas por catástrofes es en primera instancia de la Comunidad Autónoma y sólo subsidiariamente del Estado.
El apoyo a estos municipios desde el Gobierno de España sumaba, además, añade Protección Civil, otras actuaciones, como beneficios fiscales y exenciones de impuestos desde el Ministerio de Hacienda, bonificaciones y exenciones de cuotas de Seguridad Social desde Trabajo, o ayudas a las corporaciones locales para la reparación de infraestructuras, instalaciones y equipamientos municipales desde el Ministerio de Política Territorial.
Cuando el fuego llama a tu puerta
Pocos meses después de la extinción, el Gobierno autonómico dictó quince órdenes de declaración de emergencia de contratación de obras de desescombro y consolidación de viviendas y edificaciones en otros tantos municipios.
En la lista de localidades que aquel verano vieron llegar las llamas a sus puertas, y en muchos casos, atravesarlas, figuran San Juan de la Nava, El Hoyo de Pinares y El Barraco en la provincia de Ávila; Quintanilla del Coco, Santibáñez del Val, y Santo Domingo de Silos en la provincia de Burgos; Torre Val de San Pedro en la provincia de Segovia; y Ferreras de Abajo, Junquera de Tera, Otero de Bodas, Villar de Farfón, Villardeciervos, Olmillos de Castro, Santibáñez de Tera y Losacio en la provincia de Zamora.
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