ElPlural.com ha publicado, durante estos días, diferentes informaciones sobre el Grupo El Castillo, la empresa que ha recibido la adjudicación para la gestión de hasta cuatro centros de menores de la Comunidad de Madrid: La Cantueña, Casa de Campo, La Marina y Acacias, en contratos que han sido licitados sin concurso público y por la vía de urgencia, e incluso con algunos sucesos difíciles de explicar, como que la empresa ofreciese puestos de trabajo en centros para los que todavía no había recibido el contrato. Ahora, ElPlural.com publica nuevos datos sobre esta sociedad.
Para ello, este medio ha consultado diferentes informes sobre el Grupo El Castillo. El objeto de esta sociedad, con sede oficial en Valencia, es la "prestación de todo tipo de servicios de asistencia sociosanitaria y residencial mediante la realización de las siguientes tareas: explotación o gestión de hospitales, clínicas, residencias y servicios en los que se presten servicios de medicina general o psiquiatría". Su importe neto de cifra de negocios fue de 14.443.796 euros en 2022 y 14.594.404 euros en 2023, los dos últimos ejercicios contables disponibles.
A su vez, esta empresa es titular de terrenos y construcciones por valor de 13.705.467 euros a fecha de 2023, y participa en otra empresa de la construcción, Construcciones Morgoman SL, al 98%.
Contratos a dedo y rodeados de polémica
Analizando los citados informes, también puede detectarse que el 11 de abril de 2023, el Grupo el Castillo fue beneficiario de una licitación de la Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas de la Comunidad Autónoma de Valencia, con el siguiente objeto: "Servicio para puesta a disposición de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas de 7.100 plazas en centros residenciales para personas mayores de la Comunitat Valenciana", por un irrisorio coste de 67 euros y 51 céntimos.
Regresando a Madrid, la polémica de esta empresa se ha cernido sobre los centros de La Cantueña (Fuenlabrada) y de Casa de Campo (Madrid), ambos de primera acogida y el primero de ellos también de media estancia. Ambos son de titularidad pública y en el caso del primer centro mencionado, la adjudicación se produjo por la vía de emergencia como medida anticipatoria a la publicación del pliego ordinario. Ambos contratos se firman por un plazo de dos años y 23.682.148 euros y 12.054.431 euros, respectivamente. A su vez, no son los únicos centros que han ido a parar a manos de este grupo, sino que también se les entrega de forma temporal la gestión de los centros de La Marina y Acacias, ambos en Madrid.
"Informe por el que se da cuenta de la tramitación de emergencia de la contratación del servicio de alojamiento, atención inmediata y cobertura de las necesidades básicas de 76 menores, consistente en la disponibilidad de 12 plazas en el Centro Marina y 25 plazas en el Centro Acacias, ambos de titularidad pública, y 39 plazas en dispositivos de titularidad privada, con distintas entidades privadas, por un importe estimado de 2.066.475,79 euros (IVA incluido) y un plazo estimado de 147 días", recoge el documento de los acuerdos del Consejo de Gobierno madrileño, en el que se firmaron estos acuerdos por la vía de urgencia y sin pliegos.
A su vez, cabe destacar que esta empresa se acogió a los préstamos ICO durante la pandemia del Covid-19, percibiendo 31.876 euros de las administraciones públicas.
