Continúan las polémicas y los contratos a dedo en el entorno de los centros de menores de la Comunidad de Madrid. En primera instancia, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ya adjudicó a dedo diferentes contratos al Grupo El Castillo para la gestión de varios centros de menores de la región, las mismas instalaciones de las que desaparecieron numerosos menores y cuyas instalaciones y mantenimiento se encuentran en condiciones que han llegado a ser denunciadas ante la Justicia. La Fundación SAMU también es otra de las beneficiarias de esta clase de contratos, y tampoco sin polémica a sus espaldas por las malas condiciones en las que se encuentran sus centros y por las condiciones laborales que denuncian sus empleados. Ahora, la Comunidad de Madrid lo ha vuelto a hacer: una adjudicación más a cada una de estas empresas, en concepto de prórroga de contrato de servicios.
"Acuerdo por el que se aprueba el gasto plurianual, por un importe de 1.787.156,80 euros (IVA exento), derivado de la prórroga del contrato de servicios denominado "Acogimiento residencial de niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados con dificultades de adaptación sociocultural (26 plazas)", adjudicado a la Fundación SAMU desde el 1 de abril de 2025 hasta el 31 de marzo de 2026", reza el referente a la Fundación SAMU, en el documento al que ha tenido acceso ElPlural.com.
"Acuerdo por el que se aprueba un gasto plurianual, para los años 2024 y 2025, por un importe total de 1.025.366,68 euros (IVA exento), derivado de la contratación declarada de emergencia del servicio para el acogimiento residencial temporal de atención imediata, así como la cobertura de necesidades básicas de 37 menores extranjeros no acompañados con la Fundación Antonio Moreno, y con una duración estimada de 132 días en el Centro Marina y de 140 días en el Centro Acacias", dicta la prórroga que afecta a la Fundación Antonio Moreno, dependiente del Grupo El Castillo.
La Fundación SAMU y sus abusos
La Fundación SAMU es la entidad a la que la Comunidad de Madrid le ha entregado la gestión del centro de El Vellón. Su director, Alberto San Juan, fue Director General de Infancia de la Comunidad de Madrid desde el 22 de julio de 2015 hasta septiembre de 2019 y del 30 de junio de 2021 hasta el 6 de julio de 2022. Su vinculación con el PP madrileño es importante en este contexto porque los contratos que percibe la Fundación SAMU en la región se inician cuando comienza este vínculo, pasando de no tener presencia alguna en la Comunidad a recibir numerosas firmas.
Esta fundación ha sido acusada en varias ocasiones por trabajadores y sindicatos de cometer graves abusos sobre sus empleados. Por ejemplo, en 2021, el sindicato CSIF les acusó de tener "explotados" a sus trabajadores. "Los contratos realizados conllevan salarios desproporcionadamente bajos que no llegan a mil euros y no son acordes a las tareas propias de un servicio de atención a menores", denuncia el sindicato, que también ha detectado "horarios de 10, 12 y hasta 38 horas de jornada continuada", denunciaban.
"Mantienen a los trabajadores con jornadas laborales que podríamos calificar de explotación, con horarios de 10, 12 y hasta 38 horas de jornada continuada, algo insostenible en pleno siglo XXI y menos en un servicio de estas características en el que es imprescindible mantener la vigilia, la atención y la concentración", añadían.
El Grupo el Castillo y las "vulneraciones de derechos fundamentales"
El Grupo el Castillo ha estado en el punto de mira de la polémica por su gestión de los centros de La Cantueña (Fuenlabrada) y de Casa de Campo (Madrid), ambos de primera acogida y el primero de ellos también de media estancia. Ambos son de titularidad pública y en el caso del primer centro mencionado, la adjudicación se produjo por la vía de emergencia como medida anticipatoria a la publicación del pliego ordinario. Ambos contratos se firman por un plazo de dos años y 23.682.148 euros y 12.054.431 euros, respectivamente. A su vez, no son los únicos centros que han ido a parar a manos de este grupo, sino que también se les entrega de forma temporal la gestión de los centros de La Marina y Acacias, ambos en Madrid.
El centro de acogida de menores migrantes de Fuenlabrada, rebautizado con el nombre de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, ha sido denunciado por el Ministerio de Infancia y Juventud ante la Fiscalía de Menores al considerar que no atiende al interés de estos menores, lo que podría ser constitutivo de “una clara vulneración de los derechos fundamentales”, según recoge este viernes El País.
El departamento gubernamental dirigido por Sira Rego ha puesto bajo lupa este centro situado en La Cantueña, el cual atiende actualmente a una treintena de menores de edad migrantes. Ahora, el documento enviado a la Fiscalía recoge que dichas instalaciones tendrían un doble uso debido a cómo se gestiona el tiempo de estancia de los residentes, un aspecto clave.
