La Comunidad de Madrid no ha sancionado, al menos hasta la fecha, a ninguna de las empresas adjudicatarias de la gestión de los centros de menores de la región, a pesar de las innumerables deficiencias que se han registrado en ellos, tales como desapariciones de niños, condiciones infrahumanas y situaciones de explotación laboral, entre otras deficiencias.
La diputada socialista en la Asamblea de Madrid Lorena Morales lanzó el siguiente asunto de referencia:
"Número de sanciones resueltas o impuestas por parte de la Dirección General de Evaluación, Calidad e Innovación de la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales a centros de protección de menores indicando el nombre del centro, fecha, motivo ycuantía y si se trata de una infracción leve, grave o muy grave desde julio del año 2023 hasta la actualidad con respeto a la protección de datos".
La respuesta que ofrece la Comunidad de Madrid, ciñéndose a los efectos del artículo 198 del reglamento de la Asamblea, es muy escueta:
"No ha existido ninguna resolución sancionadora firme a centros de protección de menores en el periodo que abarca desde julio de 2023 al 14 de agosto de 2024".
Así, el Gobierno autonómico ha decidido no interponer ningún procedimiento sancionador hacia estas empresas a pesar de que han ocurrido sonados escándalos en los centros que gestionan. En concreto, son dos grupos los beneficiarios principales de los contratos adjudicados a dedo: la Fundación SAMU y el Grupo el Castillo, ambos con un historial controvertido por diferentes motivos.
Menores desaparecidos bajo la gestión de El Castillo
En los centros de Hortaleza y Casa de Campo, ambos adjudicados al Grupo El Castillo, se han producido numerosas desapariciones de menores. La diputada Morales solicitó a la Comunidad de Madrid que le facilitara los datos de las 'ausencias voluntarias' de estos centros, y las cifras son demoledoras: 11 niños en 2019, 16 en 2020, 14 en 2021, 22 en 2022, 16 en 2023 y 21 en 2024 en el centro de Casa de Campo, sumando un total de cien desapariciones desde entonces y 84 desde que el Grupo El Castillo comenzó a hacerse cargo de su gestión.
"Los niños y las niñas desaparecen, y no se contabiliza en ningún registro si son niños o niñas. Desaparecen y pueden estar en problemas muy serios, a merced de la calle, de la delincuencia o de las mafias de explotación sexual. El tratamiento que reciben es síntoma del abandono más absoluto y de que la intención de la Comunidad de Madrid es completamente expulsiva: ofrecerles condiciones de miseria para que se marchen a otras regiones", argumentaba Morales a este medio.
"Ellos no están en régimen carcelario. Pueden salir de los centros, sobre todo por las tardes, a hacer actividades extraescolares, a pasear, etcétera. Pero las desapariciones son ya muy numerosas, y el desinterés de la Comunidad de Madrid en ese sentido hace que no podamos saber si están vivos o muertos. Tenemos que imaginar que son nuestros hijos. Imaginad que mi hijo se va a jugar con sus amigos, no vuelve y no hago nada al respecto por saber dónde o cómo está", señalaba la diputada, denunciando las condiciones de abandono de los menores.
A su vez, por su gestión del centro de La Cantueña (Fuenlabrada), fueron denunciados ante la Fiscalía por "presuntas vulneraciones de los derechos fundamentales" al no atender adecuadamente a los niños del centro.
Abusos laborales por parte de la Fundación SAMU
En cuanto a la Fundación SAMU, cabe destacar ha sido acusada en varias ocasiones por trabajadores y sindicatos de cometer graves abusos sobre sus empleados. Por ejemplo, en 2021, el sindicato CSIF les acusó de tener "explotados" a sus trabajadores. "Los contratos realizados conllevan salarios desproporcionadamente bajos que no llegan a mil euros y no son acordes a las tareas propias de un servicio de atención a menores", denuncia el sindicato, que también ha detectado "horarios de 10, 12 y hasta 38 horas de jornada continuada", denunciaban.
"Mantienen a los trabajadores con jornadas laborales que podríamos calificar de explotación, con horarios de 10, 12 y hasta 38 horas de jornada continuada, algo insostenible en pleno siglo XXI y menos en un servicio de estas características en el que es imprescindible mantener la vigilia, la atención y la concentración", añadían.
"El trabajo con menores requiere de una especial atención por parte de los profesionales que de difícil forma podrán mantener su rendimiento si realizan turnos de 38 horas seguidas (desde el sábado a las 8:00 hasta el domingo a las 22:00)", advertían entonces.
Los propios trabajadores denunciaban que eran "humillados", y que todo este comportamiento hacia ellos se debía a que querían que dimitiesen porque no se podían permitir los despidos. "Recibimos un trato humillante. Nos hacen la vida imposible para que dimitamos porque no pueden despedir", señalaban al Periódico de Ceuta.
"Se retrasaban en el pago de las nóminas y nos faltaban constantemente al respeto. Son muchas las personas que han dimitido porque ya no aguantaban más. Buscan cualquier cosa que hayas hecho mal para afeártela públicamente", denunciaba una persona que ya abandonó la empresa.
