El Gobierno de la Comunidad Valenciana, liderado por Carlos Mazón, sigue incumpliendo la ley y se niega la contratación de docentes que acordaron el anterior Ejecutivo y los sindicatos y que está suscrito por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ-CV).
Después de que la Generalitat se haya negado a cumplir de forma constante el acuerdo suscrito por el Gobierno anterior del Botánic con los sindicatos mediante el cual se aprobaba la ampliación de las plantillas, el alto tribunal ha solicitado en varias ocasiones a la Conselleria de Educación que dirige José Antonio Rovira (PP) que ejecute el pacto ratificado por el Consell, algo a lo que éste se niega. De hecho, en un auto reciente la sección segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJ-CV solicitó al departamento de Educación que identificara a los responsables de obligar al cumplimiento del acuerdo a la vez que presionaba a la Generalitat a contratar a los profesores.
En la respuesta a dicha resolución a la que ha accedido elDiario.es, el director general de Personal Docente, Francisco Ortega Gil, suscribe que la Conselleria “ha estado preparando la relación de centros que se verán afectados por el incremento de plantilla” con el objetivo de poder cumplir el acuerdo suscrito a fecha de junio de 2023. “Se ha iniciado con los centros que tras un estudio se ha considerado que tienen más dificultades y carencias”, apostilla el alto cargo.
El escrito se elevó el pasado 9 de enero y confirma que “se ha contactado con los centros afectados para que nos transmitan la especialidad que necesitan que se les dote de un aumento de plantilla”. “Estamos a la espera de su contestación”, instaban. Asimismo, el departamento de Educación alegó que “con carácter general y de manera progresiva se aplicará a partir del día 14 de enero (de este año) y -siempre- según disponibilidad presupuestaria y una vez que esta administración ha resuelto las dificultades que en su día planteó”.
Después de la respuesta, el Alto tribunal valenciano dictó una providencia a la que ha podido acceder elDiario.es y con la que requiere al director general Francisco Pablo Ortega Gil que aporte la “documentación pormenorizada justificativa de las actuaciones” del departamento para cumplir con el acuerdo de plantillas. Por su parte, el departamento de Educación no responde sobe la cuestión.
Presupesto escaso
Los sindicatos lamentan la manera en la que se están aplicando los acuerdos en tanto en cuanto si bien pone en valor la “voluntad” de la dirección general de Personal Docente para aplicar los acuerdos, afea que en el mes de enero solo haya dado pie a la creación de 18 puestos de trabajo en centros de Infantil y Primaria. El director general defiende, indica el sindicato, que todavía no disponen del presupuesto facilitado por la Conselleria de Hacienda para la creación de los puestos. En consecuencia, critica que se trata de un presupuesto “insuficiente” para el correcto cumplimiento con los autos del tribunal.
El sindicato mayoritario en la enseñanza -STEPV- de Valencia, considera en declaraciones al medio mencionado que el responsable de Educación tiene ahora un “problema grave” para defender la aplicación del acuerdo mientras sostiene que la Consellería “no incorporó” las partidas presupuestarias necesarias para los presupuestos de 2024, lo que implica un “claro incumplimiento” puesto que no fue capaz de prever el gato. “Ya tenía claro que los acuerdos serán denunciados meses después, en concreto el 30 de mayo de 2024”.
Principal responsable
Unos días antes de esa fecha, apenas un día más tarde de que surgiera la primera gran movilización contra Mazón, precisamente, por una cuestión educativa, la Conselleria informó de la denuncia del acuerdo de plantillas rubricado por el Consell anterior en funciones. Si bien la decisión suponía renunciar a la contratación de miles de docentes, el TSJ-CV suspendió cautelarmente la denuncia de la Generalitat de los acuerdos suscritos con los sindicatos.
Después del lío judicial, y a pesar de la voluntad para aplicar los acuerdos, dicha aplicación no puede llegar si la Consellería de Hacienda no aporta más presupuesto. Y en estas, los sindicatos lo tienen claro: el culpable es José Antonio Rovira. “La responsabilidad de la elaboración de los presupuestos recae en el Consell y en cada uno de los consellers. Por tanto, que no se incluyan en los presupuestos de 2024 las partidas correspondientes para la aplicación de los acuerdos es responsabilidad última del conseller de Educación”, dirime en declaraciones al periódico señalado.
