Como Juan Palomo —“yo me lo guiso, yo me lo como”— Partido Popular y Vox manejan en Castilla y León los seis asientos que conforman la Comisión de Ética Pública, un órgano creado en 2016 que decide sobre las sanciones aplicables a los mandatarios del Gobierno autonómico dentro del Estatuto de los Altos Cargos que, entre sus objetivos, tiene el de “consolidar el proceso de regeneración democrática” y poner en marcha “un régimen sancionador explícito y un órgano colegiado con competencias sancionadoras y de control”.
Por supuesto, teniendo en cuenta que es el propio Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco y Juan García-Gallardo —y los miembros designados por él— quienes forman parte de esa comisión que decide, todas las solicitudes de estudio de sanción decaen, sea cual sea el motivo que las promueva, incluidas las múltiples salidas de tono del vicepresidente Gallardo en los casi dos años y medio de legislatura.
Igea: “Aquí hay una notable ensalada”
El hemiciclo al completo, a excepción, por supuesto, de los miembros del Gobierno, se refieren a la Comisión como un ente que deberían presidir la independencia, la neutralidad, la imparcialidad y la autonomía. Pero no.
El exvicepresidente Francisco Igea, ahora en el grupo mixto y ex de Ciudadanos, define el asunto como “una notable ensalada entre lo éticamente reprobable y lo penalmente punible”.
Igea —con el acuerdo de todos los grupos parlamentarios excepto PP y Vox— votó a favor de cambiar la composición actual de la Comisión, que adolece de “falta de imparcialidad” por el sistema de designación de sus integrantes: tres de ellos son consejeros y cargos de libre designación y otros tres expertos, también nombrados por la propia Junta.
A su juicio, esta composición “adolece significativamente de la presunción de imparcialidad necesaria para el ejercicio de sus funciones, entre las que figuran, precisamente, la elaboración, reforma y aplicación del código ético de obligado cumplimiento para los altos cargos” y que, afirma, “no puede ser interpretado exclusivamente por quienes dirigen la administración autonómica o quienes ellos designen, ya que es a sus altos cargos a quienes obliga ese código”.
Igea llevaba, por tanto, al pleno de las Cortes, para su toma en consideración, una propuesta de reforma del artículo 16 de la ley 3/2016 que describe la composición de esa Comisión de Ética para que la conformaran el titular de la consejería a que esté adscrita la Inspección General de Servicios, el titular del centro directivo que tenga atribuidas las funciones de inspección de servicios, el del centro directivo que tenga atribuidas las funciones de secretariado de la Junta de Castilla y León y tres expertos en ética pública elegidos entre los catedráticos y profesores del ámbito de las universidades públicas de Castilla y León.
García-Gallardo, siempre exonerado
“La ética y ustedes son un oxímoron”, comenzó el único parlamentario de Podemos, Pablo Fernández, que destacó que los miembros de la comisión son “juez y parte”.
Fernández recordó los casos en los que el vicepresidente del Gobierno, Juan García-Gallardo, fue exonerado por la comisión durante estos dos años y medio de legislatura tras sus apariciones “megáfono en mano” ante la sede del PSOE en Ferraz o en Valladolid, su vídeo criminalizando a los migrantes acogidos en Medina del Campo “que huyen de la guerra y el hambre” y sus declaraciones “inaceptables” contra el fiscal superior de justicia de Castilla y León, Santiago Mena, al que llamó “delegado del PSOE golpista”.
El PSOE lo describe como fraude de ley
Desde el PSOE, Luis Briones calificó el asunto como fraude de ley y recordó que el grupo parlamentario socialista en las Cortes de Castilla y León ya presentó una propuesta al respecto en la que no sólo reclamaba la modificación del artículo 16 de aquella norma, sino la del título cuarto al completo, es decir, la composición, funciones y funcionamiento de la comisión.
Por su parte, el portavoz de Vox, Ignacio Sicilia, atacó a partes iguales al “socialismo radical” que, afirma, “ha fagocitado la independencia y órganos del Estado” y al propio proponente, Francisco Igea, al que calificó como experto en transfuguismo y cierre de partidos, en lugar de adalid de la “pulcritud democrática”.
Sicilia afirmó que la reforma propuesta no mejoraría el sistema de elección de los miembros de la comisión, pero dejó a medias su reconocimiento: “le damos un voto de confianza y reconocemos un mínimo de imparcialidad”.
