La gestión de las residencias de la Comunidad de Madrid, liderada por Isabel Díaz Ayuso, ha llegado recientemente a la Audiencia Nacional. De forma más precisa, el órgano se ha hecho cargo de una demanda a la que ha tenido acceso ElPlural.com y que recoge, entre otras cuestiones, los conocidos como protocolos de la vergüenza; los documentos que impidieron el traslado de las personas mayores que vivían en residencias a hospitales durante los primeros días del Covid.
Y son precisamente esos papeles, que en ningún caso han caído en saco roto, los que podrían ser decisivos a la hora de que los responsables de aquella decisión tengan que rendir cuentas, a título de administración pública, nunca a título personal, tal y como explica a este periódico Carlos sardinero, el abogado que lleva el caso que ocupa estas líneas; el de Luis Grela, quien falleció a los 77 años en la residencia de mayores Orpesa (Villanueva de la Cañada): "Tengo fe en que se gane (...) Hay otros casos en los que no tengo tanta confianza, pero en este sí".
“Se obvia el deber de socorro”
“Queda muy claro que, debido a los protocolos de la Comunidad de Madrid, a mi juicio ilícitos por ser discriminatorios (…) No hay más que ver su contenido”, emplaza, asegurando que los denominados como protocolos de la vergüenza son “contrarios al deber objetivo de cuidado” y con ellos se “infringe la autonomía del paciente” al no respetarse su derecho a ser trasladado a un hospital: “Se trataba de una sintomatología que requería asistencia médica por ser claramente de gravedad, tal y como indica la historia clínica. Y, sin embargo, se le dejó morir sin esa atención, obviando así el deber de socorro que debe respetar cualquier servicio sanitario”.
“Es un hecho notorio en este como en otros casos que en plena pandemia cualquier ciudadano tenía permiso para acudir a un servicio de urgencias, salvo, como se va a demostrar en este supuesto, si eras anciano y estabas en una residencia”, incide. E insiste que, en el presente caso, han aportado una “prueba incontestable de esa negativa”.
Con ello, se refiere a una conversación que publicó en exclusiva este periódico en el que una de las hijas pregunta a la residencia si puede ir a título personal a por su padre para trasladarle a un hospital obteniendo la negativa del centro debido a los protocolos. “Es una prueba incontestable (…) Queda claro que el de Luis Grela es uno de los casos que encaja perfectamente con el supuesto de la persona mayor en residencia que tiene una sintomatología clara de gravedad y se le deja morir en una residencia sin derivarlo a un hospital”.
El caso de Luis Grela, un precedente contra la gestión de Madrid en materia de residencias
Las hijas de Luis (Laura y Marta) son quienes han puesto pie en pared ante la Audiencia Nacional, organismo que ha aceptado la demanda a la que ha tenido acceso ElPlural.com. Tanto ellas como voces políticas que las han respaldado en su arduo camino explicaban en conversaciones a con este medio que su padre, dentro de lo que cabe, estaba bien hasta que contrajo el virus.
Siguiendo una cronología de los hechos, a Luis le había dado un ictus, pero seguía una vida “plena”, según han contado en alguna ocasión a este diario las hijas y la portavoz de la Comisión de Familias y Asuntos Sociales de la Asamblea Regional y diputada del PSOE de Madrid (PSOE-M), Lorena Morales, a quien este caso se le hizo “especialmente duro”. “Llevaba una vida plena (…) Iba todos los días al gimnasio, etc. Se había quedado con una cierta dificultad en la movilidad, pero ya está”, relata.
Laura y Marta estaban a punto de adquirir una nueva vivienda para poder mudarse a ella con su padre, dado que en la anterior no podían convivir con él al no estar habilitada para personas con movilidad reducida. Sin embargo, a causa del virus su progenitor empeora notablemente. Y se le niega la atención en un centro sanitario.
A ninguna de las dos se les ha quitado todavía la espina de que el tiempo jugó también en su contra, aunque fuera por poco. Sin embargo, por la reparación de su padre y, en definitiva, la justicia de todos los mayores que podrían haberse salvado (o, al menos, haber fallecido en compañía de sus seres queridos) plantaron batalla a título personal -porque de esta manera podía tener más recorrido- en los tribunales. “Si las cosas no se denuncian, es como si nunca hubieran tenido lugar”, asegura contundente Laura.
Ahora toca esperar, y es que la fecha de celebración del juicio se puede alargar un año y medio; pero “lo importante es que se ha denunciado”. “Vemos la luz al final del túnel”, celebran las partes. La clave de que el área jurídica haya peleado porque el caso recaiga sobre la Audiencia Nacional pasa porque toca también partes estatales. Asimismo, se abre la posibilidad con ello de que alcance tribunales europeos.
