Luis Grela Antequera falleció el 3 de abril de 2020, durante lo peor de la pandemia del Covid, en la residencia de mayores Orpea; de Villanueva de la Cañada (Madrid), previa prohibición de ser derivado a un hospital debido a los conocidos como protocolos de la vergüenza.
A sus 70 años de edad, fue una de las personas cuyo traslado a un centro sanitario se prohibió durante los primeros días de lo peor del coronavirus. Una de las 7.291; un número que reúne miles de nombres y de historias, las de quienes ya no están y las de sus familiares, que consideran que en muchos casos la vida de sus seres queridos podría haberse salvado. Evidentemente, no todos habrían tenido la misma suerte, pero, al menos, no habrían pasado los últimos minutos solos.
“Muchos habrían muerto, sí, pero no de la misma manera”
“Se iban a morir igual”, es la frase que pronunció la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en sede plenaria. “Seguramente muchos habrían muerto, sí, pero no de la misma manera”, respondían en declaraciones a ElPlural.com las hermanas Grela, quienes han judicializado el caso de su progenitor de la mano del abogado Carlos Sardinero.
Así las cosas, tal y como ha conocido de primera mano este periódico, la Audiencia Nacional ha aceptado la demanda -a la que ha tenido acceso este periódico- contra la administración pública. A partir de aquí, se celebrará el juicio -que tendrá lugar “sí o sí”- en un tiempo máximo de año y medio.
Si bien el resultado del mismo es incierto, las fuentes jurídicas del caso confían en la victoria. En cualquier caso, pase lo que pase, las partes celebran haber sentado un precedente que, quien sabe si podría incluso llegar a los tribunales europeos. “Ya no hay marcha atrás”, estiman.
Cerca de salir de la residencia: “Ya habían firmado las arras”
Huelga decir que perder a alguien siempre duele. Pero no siempre es ley de vida. En este sentido, las denunciantes consideran que a su padre todavía no le había llegado la hora, pero sobre todo les duele la manera en la que pasó los últimos momentos: literalmente solo.
Su caso ha tocado todas las aristas posibles -medios de comunicación, sedes parlamentarias, judiciales, etc- y, aunque el éxito de la denuncia no está asegurada, ellas lo tienen claro: “Si las cosas no se denuncian es como si nunca hubieran tenido lugar”.
En su día, cuando la Audiencia Nacional estaba estudiando hacerse cargo del caso -allá por marzo de este mismo año- ella y su hermana contaban largo y tendido cómo fue aquella época antes, durante y después de que su padre ingresara en la residencia. Ahora, con motivo de la decisión del organismo, Lorena Morales, portavoz de la Comisión de Familia y Asuntos Sociales de la Asamblea regional y diputada del PSOE-M, recuerda que su caso se le hizo “especialmente duro”.
“Fue un caso que me impactó mucho”, indica al otro lado del teléfono. “A su padre le había dado un ictus, pero había quedado muy bien, hacía una vida, digamos, plena (…) Iba todos los días al gimnasio etc. Se había quedado con una cierta dificultad en la movilidad, pero ya está”, expone.
De hecho, que Luis Grela Antequera saliera del centro de mayores era cuestión de tiempo si todo iba bien, ya que sus hijas estaban a punto de adquirir una nueva casa para poder convivir con su padre, dado que la anterior no estaba preparada para que la habitase una persona con movilidad reducida. “No estaba preparada para alguien que tuviera que usar silla de ruedas”, expone la diputada socialista. La situación estaba tan avanzada, que Laura y Marta habían firmado ya las arras de la nueva vivienda.
“Su padre fallece de una manera durísima (…) Se supone que había fallado la atención, pero es evidente que cuando bajan las saturaciones… su padre agonizó de una manera que podría calificarse como inhumana”, continúa la política; a su vez una de las personas que más tiempo lleva tratando de esclarecer todo lo que rodea al trato de los mayores en las residencia de Madrid, especialmente durante el Covid.
“Hay una frase que me dijo Marta y se me quedó grabada. De hecho, le pedí permiso para usarla en un pleno al que me acompañaron, y es que su perra murió con más dignidad que su padre, porque su perra murió rodeada de personal sanitario, sedada y acompañada de su familia, pero su padre murió con dolores, agonizando y solo”, traslada.
Más de cuatro años después, “ven la luz al final del túnel”. “Han tardado demasiado, porque la resolución sobre la demanda debería haber llegado en junio, pero lo importante es que se ha podido presentar”, celebra Laura.
Ahora, toca seguir esperando, pero el asunto va por buen camino. “Recurrimos a la Audiencia Nacional porque incluye a varias partes de la administración pública -también estatal-, pero la que tiene más motivos para ser condenada es la región, por la creación de unos protocolos que consideramos totalmente discriminatorios”, relata el abogado de los familiares. “Lo importante es que se empiece a hacer justicia”, apostilla una de las hijas. Toca esperar, sí, pero dejan una cosas clara: “Vamos a llegar hasta el final”.
