Laura Grela y Marta Grela perdieron a su padre durante los primeros meses de pandemia. Tras sufrir un ictus, Luis Grela ingresa en una residencia y fallece el 3 de abril de 2020 de Covid.  A su fallecimiento, a los 70 años de edad en la residencia Orpea (Villanueva de la Cañada) de la Comunidad de Madrid la precede la negativa a ser trasladado a un hospital por cumplimiento de los conocidos como protocolos de la vergüenza, que a día de hoy todavía persiguen a la presidenta Isabel Díaz Ayuso y a su entonces equipo de gobierno.

Cuatro años después y no después de poco obstáculos burocráticos, las dos hermanas empiezan a encontrar justicia con un hecho que, independientemente de lo que pase a partir de ahora, ya ha sentado precedente: su demanda, a la que ha tenido acceso este diario, ha llegado a la Audiencia Nacional. Esto implica, el menos, dos cosas: que ya no hay marcha atrás en tanto en cuanto se va a celebrar un juicio y que se abre la posibilidad de que el caso llegue a los tribunales europeos, aunque las partes son cautas con esto último.

Juicio, sí o sí

ElPlural.com ha hablado nuevamente con una de las protagonistas de estas líneas -Laura-, con Carlos Sardinero, el abogado que lleva el caso y con la oposición para conocer su opinión de este. A las declaraciones de dicha arista responde Lorena Morales, responsable de la Comisión de Familia y Asuntos Sociales de la Asamblea regional; conocida por su lucha incansable esclarecer lo que sucedió -y lo que todavía pasa- en los centros de mayores autonómicos.

Laura resopla al otro lado del teléfono en una gesto claro de alivio, pero que también refleja la incertidumbre que tanto ella como su hermana han pasado en los últimos años. No sabe qué ocurrirá a partir de ahora, pero celebra, que, al margen de ello, ya han conseguido dar un paso de gigantes: “Estamos muy contentas (…) Ha tardado demasiado, pero bueno, empezamos a ver la luz al final del túnel. Pase lo que pase, si las cosas no se denuncian es como si nunca hubieran tenido lugar”.

A partir de ahora, los tiempos de algo que debiera haberse resuelto hace medio, pueden prolongarse hasta dentro de año y medio. Pero eso ya da un poco más igual. “Va a haber juicio sí o sí”, evidencia en conversación con este periódico.

En la misma línea, Sardinero los aspectos judiciales a ElPlural.com. Su abogado expresa que la idea de recurrir a la Audiencia Nacional -a quién le correspondía la competencia se debatió entre este organismo y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM)- es, primero de todo, porque consideran que “están involucradas distintas administraciones, no solo autonómicas”, aunque deja claro que “quien tiene más motivos para ser condenada es la Comunidad de Madrid, por la creación y aplicación de unos protocolos, bajo nuestro punto de vista, totalmente discriminatorios”.

“Ya no hay marcha atrás”, confirman la misma fuente a la vez que apuntalan que la resolución judicial se daría contra la administración pública, no contra nombres concretos. “Sí se pueden llevar testigos, peritos…”, insta; sin dar nombres. “Eso depende de la estrategia del abogado”, dice Laura.

En clave política, Morales también aplaude la decisión. Mientras recuerda a este medio que el caso le “impactó mucho”, la defensora de aquel escenario en reiteradas ocasiones en la Asamblea de Madrid y que ha acompañado a los familiares de Luis Grela. “Todo lo que ellas avancen me parece estupendo porque queremos que haya verdad y se haga justicia”.

Debate entre los órganos judiciales

El camino hasta llegar aquí no ha sido fácil. Laura emite las tramas a las que se han enfrentado. “Se ha alargado un montón (…) Nos decían que faltaba documentación, que había que volver a enviar cosas, revisarlas”, emplaza.

“Pero bueno, lo importante es que al final hemos podido presentar la denuncia”, reconoce. Cabe destacar que en un primer momento esta causa se derivó al TSJM de Madrid, ante lo que la parte damnificada presentó un recurso para que se hiciera cargo la Audiencia Nacional, como finalmente ha sucedido.

Abandono institucional

Este periódico tuvo acceso, con permiso de los familiares, al caso clínico del paciente, quien contrajo la enfermedad del Covid a fecha 24 de marzo de 2020 y unos días después fallece en el centro de mayores mencionado al principio de este artículo.

También publicó conversaciones entre la familia de la persona ingresada y personal del centro en la que lamentan el “abandono” al que se enfrentó su padre. Pero, no sin obviar la controversia a la que, lamentan, nunca van a tener respuesta; resaltan que la situación fue en última instancia responsabilidad de las administraciones, máxime teniendo en cuenta el colapso que sufrían los profesionales. “Lo importante es que se empieza a hacer justicia”, concluye Laura.