Tras la aprobación del Decreto de Comedores Escolares Saludables y Sostenibles del Gobierno central, y pese a la buena acogida general de administraciones autonómicas, colegios y asociaciones de padres, la primera crítica desde el plano político la deslizó el Ejecutivo madrileño de Isabel Díaz Ayuso, al considerar como “prohibición” la medida estatal. Sin embargo, la letra pequeña de las políticas aplicadas en la Comunidad de Madrid en este ámbito denotan una hoja de ruta que dista de la dibujada por Moncloa.
Esta reciente medida, impulsada por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 de Pablo Bustinduy, introduce la supresión de bebidas azucaradas, bollería industrial y platos precocinados, añadiendo así una mayor presencia en el menú diario de frutas, verduras y pescado fresco.
No obstante, la consejera de Sanidad del Ejecutivo de la Puerta del Sol, Fátima Matute, se postuló a la contra del contenido de la misma este miércoles al acusar al Gobierno de “ir con decretazos a regular lo que sería una educación en salud y hábitos saludables, lo fundamental es que la gente sepa cómo tiene que alimentarse”: “Menos decretos, menos regulación, menos prohibir y más educar para que de forma espontánea elijan lo que es mejor para ellos, para su salud y para no solo aumentar los años a la vida, sino que se aumente la vida a esos años y eso no puede ser de otra forma que teniendo una vida lo más saludable posible”, defendió.
Pese a las bondades de esta reciente normativa estatal, lo cierto es que el Gobierno de Díaz Ayuso lleva acometiendo en los últimos años medidas sobre el funcionamiento de los comedores escolares que pasan por la escasez de gratuidad y dejar en una situación compleja a familias vulnerables.
Las becas comedor de Ayuso, al detalle
Tal y como reza en la web oficial de la Comunidad de Madrid, en la solicitud para las becas de comedor escolares, los padres o tutores legales de los niños deben tener una renta per cápita igual o inferior a 8.400 euros anuales –anteriormente situada en 4.260 euros-, o bien si son perceptores del Ingreso Mínimo Vital (IMV). Una cantidad que se mantiene por debajo del umbral de riesgo de pobreza, situado en los 10.990 euros. También optan a estas ayudas familias con un miembro perteneciente a Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, caso donde se recogieron hasta 10.755 solicitudes.
A pesar de la aplicación de esta medida anualmente, lo cierto es que los datos recogidos en el pasado curso escolar no arrojan un escenario en positivo. En 2024, la Comunidad de Madrid concedió 34.000 becas comedor menos de las que anunció y pese a haber movilizado un gasto de 68 millones de euros en ayudas al comedor y un aumento de 30.000 becas con respecto a 2023, llegando hasta las 137.000, aunque en la práctica se ejecutaron 103.000, según quedó reflejado entonces en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM).
Entonces, agentes sociales como el sindicato CCOO Enseñanza Madrid ya desgranó que, desde 2009, los solicitantes que optan a estas becas comedor son cada vez menos, ya que por aquella época se llegaban a conceder 121.000; cifra que se vio notablemente reducida por la crisis económica y los recortes en educación. En ellos se aprecia un descenso evidente con el paso del tiempo; de las 121.110 en su pico (curso 2009/2010) a las 121.110 (curso 2011/2012) o las 32.365 (curso 2012/2013), y así sucesivamente. Un espectro en el que cabe tener en cuenta a su vez que se ha aumentado con creces la cantidad de estudiantes y, a su vez, se ha encarecido el nivel de vida.
En octubre del pasado año, CCOO, en declaraciones de su portavoz Isabel Galvín a este periódico, cifró en tan sólo “el 0,7% del alumnado de la ESO de centros públicos el que va al comedor escolar, frente al 39,8% de centros privados concertados”, lo que se traduce en que sólo 18 colegios de 351 públicos de la región cuentan con comedor escolar.
De la misma manera, y tal y como recogió Infobae el pasado mes de diciembre, el 96% de los solicitantes de las becas –más de 99.000 familias madrileñas- reciben 445 euros al año, séase, unos 2,20 euros al día. Aunque las becas varían, debido a que hay otros 1.543 alumnos que perciben unos 800, mientras que 2.267 optan a 979 euros anuales.
Claves del decreto de alimentación saludable del Gobierno
El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 este martes que la nueva normativa "va a impulsar el consumo diario de frutas y verduras frescas, de legumbres, de pescado, de carne de calidad, a la vez que limita los alimentos ultraprocesados, los preparados precocinados o el exceso de frituras, y elimina las bebidas azucaradas, las bebidas energéticas o la bollería industrial de las máquinas dispensadoras y de las cafeterías de los centros educativos". Asimismo, precisó que se trata de una medida que no dependerá "del nivel de renta y del código postal" en el que hayan nacido estos menores.
Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros celebrado este martes, Pablo Bustinduy afirmó que esta medida “mejorará la calidad de vida de millones de niños, pero queda mucho camino por recorrer”, señalando que el próximo objetivo debe ser avanzar en la “conciliación e impulsar una prestación universal por crianza”.
El real decreto contempla que se sirvan cinco comidas saludables a la semana en todos los centros escolares. Esta exigencia afectará a centros públicos, concertados y privados que ofrezcan educación infantil (2º ciclo), primaria, especial, secundaria obligatoria, bachillerato o ciclos de formación profesional de grado básico o medio.
Establece a su vez que todos los centros escolares con servicio de comedor deberán asegurar un consumo diario de fruta y verdura fresca entre su alumnado, y determina que al menos el 45% de la fruta y hortalizas servidas deberán ser de temporada. Además, la norma incluye la obligación de ofrecer entre una y tres raciones de pescado fresco a la semana, mientras que los platos precocinados —como la pizza o los alimentos fritos— sólo podrán servirse una vez al mes.
La iniciativa, además, tendrá un impacto positivo en los productores del sector primario. "Se trata de apostar por un modelo más justo, que cuide no solo los derechos de la infancia, sino también el medio ambiente y los sectores estratégicos de nuestra economía", insistió Bustinduy.
