La comida podrida seguirá llegando a los centros de menores y residencias de mayores de la Comunidad de Madrid. Según ha avanzado el diario Público, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, lejos de revocar o dejar caer los contratos con empresas que acumulan denuncias por la mala calidad de sus servicios desde 2022, ha prorrogado la vinculación con la Plataforma Femar S.L., una firma que incluso fue sancionada por la CNMC, junto a otras, por establecer cárteles que se repartían los suministros a hospitales, residencias y otros centros de la región.
Los últimos contratos, los firmados en 2024, se han prorrogado hasta abril de 2026, a la espera de la firma de nuevos pliegos. Tales convenios se ajustan a “suministros de productos alimenticias y materias primas” para cinco residencias de mayores, ubicadas en Manoteras, Arganda del Rey, La paz, San Fernando de Henares y Francisco de Vitoria, así como a la red al completo de los centros de protección a la infancia. Un total de tres lotes que suman un montante final de 6,3 millones de euros y recibió el aval del Consejo de Gobierno. Según precisa el citado medio, desde el Ejecutivo regional resuelven que los contratos se ciñen al “procedimiento de contratación pública conforme a la ley”. En este sentido, matizan que la gestión de la Agencia Madrileña de Atención Social es “buena” y niegan, al mismo tiempo y a pesar de las evidencias, haber servido comida en mal estado.
La cuestión clama al cielo a ojos de la oposición. Máxime cuando se pone negro sobre blanco y se observa que la Comunidad de Madrid ha concedido contratos menores tanto a Femar como a otras dos compañías que fueron sancionadas por la Comisión Nacional del Mercado de Comercio (CNCM) por establecer cárteles que se repartían el suministro de alimentos a toda clase de centros públicos de la región, incluyendo penitenciarías o instalaciones del Ejército. Tal organismo multó con casi 2,4 millones de euros a la empresa en cuestión por unos métodos “especialmente dañinos para la sociedad porque impactan en el gasto público”. Pero no fue la única en recibir una sanción, pues también Hermanos Vidal, S.L. y Frutícolas Ateca, S.L., tuvieron que abonar 65.000 y 60.000 euros respectivamente.
Denuncias de la oposición
El Gobierno de Ayuso concedió muchos de estos contratos menores tras las sanciones. Ocurrió lo mismo con Femar, a pesar de las toneladas de denuncias que pesan sobre su espalda y las acusaciones de provocar desnutrición e incluso presuntos fallecimientos por la distribución de comida podrida. Hechos que para la diputada del PSOE de Madrid Lorena Morales comportan un bucle del que no pueden salir los ciudadanos de la región.
“No le ha parecido bastante a la presidenta con maltratar a mayores y niños enviando comida podrida a sus residencias y centros de protección que a esas empresas, condenadas por funcionar como un cártel, en el año 2024 las ha regado a contratos desde la Consejería de Sanidad”, denunciaba la parlamentaria socialista. Morales puntualizaba que la gran totalidad de tales designaciones se concedían “ dedo”, preguntándose por qué insiste la Comunidad de Madrid en mantener sus vínculos con estas empresas.
En cualquier caso, los contratos menores suscritos con Femar se orientan al suministro de alimentación del Hospital Rodríguez Lafora, psiquiátrico de Colmenar Viejo. Un convenio por valor de 16.000 euros que distribuye pan de molde, galletas, tomate, salsas, arroces, legumbres, cafés e infusiones, entre otros alimentos. Sin embargo, no es el más suculento de los firmados con el Ejecutivo regional. Se llevan la palma los 145.252,80 euros por enviar aceite de oliva al Hospital Universitario La Paz; o los 67.349,36 euros para 2025 por dotar de productos congelados las neveras del Hosital Lafora o los 35.420 euros por llevar puré a las cocinas del Hospital Universitario Ramón y Cajal.
