Las denuncias contra la gestión de la Comunidad de Madrid en materia de residencias han sido de muy distinta índole y han llegado a diferentes organismos. Los familiares de víctimas han hecho -y siguen haciendo- todo lo posible en la búsqueda de la justicia, explorando para ello diferentes vías.
En este sentido, hay quienes han optado por un camino individual aconsejados por expertos jurídicos. Es el caso de Laura Grela y su hermana Marta, quienes perdieron a su padre en el centro de mayores Orpea, de Villanueva de la Cañada como consecuencia de los llamados ‘protocolos de la vergüenza’. Ellas elevaron la causa a la Audiencia Nacional, tal y como contó en exclusiva ElPlural.com.
Mientras tanto, en los últimos meses ha vuelto a ser mediática la macrodenuncia de 109 afectados por la no derivación de sus seres queridos en marzo de 2020 a hospitales. Son caminos distintos con un fin común, pero, ¿qué recorrido judicial pueden tener las posibilidades?
“Siempre opiné, y así se lo he hecho llegar a los familiares, que la búsqueda de un homicidio imprudente en una catástrofe sanitaria o como la DANA es algo que penalmente tiene serias dificultades”, explica a este periódico el exmagistrado del Tribunal Supremo José Antonio Martín Pallín. “Como mucho terminará pagando algún chivo expiatorio”, añade.
En cualquier caso, varios expertos consultados por este periódico han indicado algo que corrobora ese jurista, uno de los que más han puesto pie en pared contra la gestión de las residencias. “Lo que sí me parece muy acertado, con mucha potencia jurídica y grandes posibilidades de prosperar, es la nueva iniciativa de querellarse por discriminación por razón de edad o enfermedad acorde al artículo 511 del Código Penal”, señala: “Creo que los jueces y las juezas tendrían que estimarlo porque encaja de lleno en los protocolos y esta discriminación por razón de enfermedad o discapacidad”.
"La responsable es la presidenta"
Una pregunta muy directa: ¿podría la presidenta terminar en la cárcel?, formula este periódico ante una duda que se ha llegado a plantear en algún momento por parte de las víctimas. “Esa expresión siempre me ha parecido un poco exagerada”, emplaza Martín, mostrándose como partidario de que “siempre hay algo mejor que la prisión en algunos tipos de delito”.
Lo que sí deja claro el protagonista de estas líneas es que “si bien podría existir responsabilidad penal”, lo que debería darse “sin ninguna duda” es una “responsabilidad política” que “en cualquier país habría originado su dimisión”: “En toda organización jerárquica, el responsable es siempre el presidente o la presidenta, porque los protocolos se debatieron, pero era Ayuso quien tenía la última palabra y quien podía decidir que se publicasen o no”.
Así las cosas, apuntando en última instancia a las personas que formaron la comisión -que ellos mismos reconocieron- para dialogar acerca de la emisión de los documentos que imposibilitaron el traslado a centros hospitalarios de la Comunidad de Madrid, el magistrado emérito del Supremo se refiere asimismo a la responsabilidad civil cuya pena podría pasar por multas económicas.
Enésimo señalado por Ayuso
José Antonio Martín Pallín es una de las siete personas -obviando al ministro de Sanidad del momento, Salvador Illa; o el fundador de Podemos, Pablo Iglesias- que aparece en el documento que la lideresa regional remitió a los medios de comunicación coincidiendo con el quinto aniversario del Covid. Un comunicado titulado Ante la campaña de la izquierda y la ultraizquierda, la Comunidad de Madrid da los datos exactos, cargado de mentiras e imprecisiones para descargar posibles responsabilidades de ella misma y de su Ejecutivo en aquel momento.
En uno de esos folios aparece el nombre de los miembros que formaron parte de la comisión ciudadana para investigar las muertes en residencias de la autonomía. Personas todas ellas a las que le ampara una verificable trayectoria profesional que la responsable primera de Sol obvia cuando las limita a unas preferencias políticas que, muchas veces ni se corresponde con la realidad.
En los últimos días, ElPlural.com ha hablado con María Victoria Zunzunegui, quien ha dedicado toda su vida a estudiar el envejecimiento. “Es triste que reduzca mi vida profesional y la de mis compañeros a frases que, además, son mentira”, define. Para Ayuso, una “activista vinculada a Podemos”, a lo que ella contesta: “Claro que soy activista, porque defiendo los derechos humanos, la justicia social y muy en particular el derecho de las personas mayores a tener una vida y una muerte digna, pero eso no es nuevo, sino lo que llevo haciendo siempre (…) Además, siempre he acudido cuando me han llamado para compartir mi conocimiento, independientemente de quién me contactara”.
Y lo mismo ocurre con el antiguo magistrado. En su caso, “fundador de Izquierda Unida y miembro del PCE”, según la política. “Es cierto que viajaba mucho a Perú en misiones de derechos humanos y había un partido allí que se llamaba así, pero fuera de eso…”, desprende. “En cualquier caso, creo que la democracia española tiene que agradecerle mucho a la lucha del Partido Comunista contra la dictadura”, apuntala a modo de colofón.
