El Plan Vive va dejando víctimas allí por donde pasa. El proyecto estrella de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, acumula centenares de protestas vecinales por el decadente estado de las viviendas entregadas, el corte de suministros por errores de las constructoras y promotoras, las cláusulas abusivas contempladas en los contratos, la inexistencia de servicios prometidos que se utilizaron para justificar los precios por encima de mercado y, sobre todo, por la falta de soluciones dadas ante estas fallas. Cansadas, 43 familias se han plantado frente a la administración.
Los vecinos de Alcalá de Henares se han coordinado para presentar reclamaciones individuales de forma masiva. A través de esta figura, los afectados buscan denunciar las cláusulas abusivas presentes en sus contratos, firmados con la administración pública como casero, y la falta de soluciones a los numerosos problemas que presentan los inmuebles desde que se entregaron las llaves. Todo ello, argumentan, deriva en diversos incumplimientos contractuales por la parte arrendadora que, además, están afectando directamente a la calidad de sus vidas.
La agrupación vecinal se ha producido al calor del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid, que ha trasladado que las diferentes promociones del Plan Vive afectadas por la gestión ayusista está coordinadas para plantar cara al Gobierno autonómico del Partido Popular (PP). Desde el norte, con Alcalá de Henares y San Sebastián sufriendo los desperfectos de las viviendas; hasta el sur, con las goteras e inundaciones de Alcorcón y los cortes de suministros en Getafe. Vecinos que, además, soportan precios más altos de los prometidos y gastos que suele soportar el casero.
Algunos de los aspectos más preocupantes, que ahora denuncian los vecinos alcalaínos pero que se replican en todas las promociones, es la inclusión en los contratos de cláusulas abusivas. La imposición de los gastos de comunidad y el IBI al inquilino, una práctica ya declarada ilegal en viviendas de protección pública, y la renuncia a derechos esenciales en caso de interrupción de suministros son algunas de las más sangrantes.
Además, los afectados también denuncian que se les obliga por contrato a permitir el acceso del arrendador (la Comunidad de Madrid) a las viviendas sin un consentimiento claro. Este último aspecto “vulnera el derecho a la inviolabilidad del domicilio”, denuncian desde el sindicato, y ubica al Ejecutivo de Ayuso en el grupo de propietarios desalmados y obsesionados con vigilar y hacerle la vida imposible a sus alquilados, miles en el caso del Plan Vive.
Viviendas que se caen a cachos
Por si fuera poco la vulneración de la inviolabilidad del domicilio, el cargo de los gastos de comunidad e IBI al inquilino o la no soberanía en el caso de los suministros básicos, el plan de vivienda de Ayuso se despedaza y hace aguas, literalmente. Goteras, grietas, obras inacabadas en los pisos y otros muchos desperfectos aparecen en una lista interminable. Las zonas comunes tampoco están mucho mejor y los vecinos de la ciudad complutense denuncian que su limpieza y mantenimiento son “insuficientes” debido a la “falta de personal y recursos”.
“Existen problemas estructurales como grietas en los pasillos de acceso a las viviendas, goteras en los trasteros y en el garaje, donde la acumulación de humedad ha llegado a afectar al sistema de alarma de incendios, causando activaciones continuas a cualquier hora del día e interrumpiendo el descanso a altas horas de la madrugada”, detallan las víctimas. Además, también han denunciado que, en pleno invierno, las fallas de la aerotermia han salido a relucir.
“Las averías son constantes, con cortes de agua caliente y problemas en la climatización que no se resuelven de manera efectiva y que han afectado especialmente en los días más fríos del año”, lamentan. Asimismo, se ven afectado por el “ruido excesivo” generado por las bombas de agua situadas en los tejados, algo que perjudica especialmente a los pisos superiores que deben convivir con ruidos y vibraciones constantes cada cinco minutos, y que no pueden resolver por iniciativa propia, dado que existe “obligación de contratación con una única empresa sin posibilidad de comparar con otras”.
Falta de instalaciones contratadas
Los elevados precios del Plan Vive han sido justificado en muchas ocasiones por la Comunidad de Madrid en los prescindibles servicios e instalaciones contemplados en los contratos para alejar a las clases menos pudientes, que no cuentan con la renta suficiente como para que el alquiler no supere el peso que la administración sitúa de tope. Piscina, gimnasio, solárium, portero 24 horas, garaje, trastero, parque infantil o coworking son algunos de los servicios comprometidos, pero que no han aparecido por Alcalá.
“La urbanización no cuenta con algunas de las instalaciones contempladas en los contratos y en la web de Convive Madrid, como zona de solárium en la piscina o aparcamientos para bicicletas”, exponen el “grave incumplimiento” los vecinos. Además, denuncian que muchas viviendas entregadas “no alcanzan los metros útiles especificados, que la aplicación digital prometida para la gestión de incidencias y pagos nunca ha funcionado, y que la comunicación con la empresa gestora es prácticamente inexistente, lo que impide el seguimiento de las reclamaciones”.
Por todo, a lo que se suma la “falta de transparencia” de la Comunidad, los vecinos han decidido organizarse para exigir que se dé cumplimiento a sus derechos. “Nos encontramos con una total falta de compromiso por parte de la constructora. No solo incumplen lo pactado en los contratos, sino que además no atienden nuestras reclamaciones ni nos ofrecen soluciones reales”, explica un portavoz de los afectados, que señala también a la Comunidad y el Ayuntamiento por lavarse las manos.
