El Plan Reside de José Luis Martínez-Almeida en el Ayuntamiento de Madrid va tomando forma. El Gobierno de Cibeles convocará el próximo 21 de mayo un Pleno extraordinario para aprobar esta batería de medidas para las Viviendas de Uso Turístico (VUT).

Desde la oposición, contando ya con el rechazo de Más Madrid -que tachó el programa de Almeida de ‘Plan Expulsa’-, desde el PSOE municipal de Reyes Maroto han venido advirtiendo de que dicha convocatoria es “innecesaria” por dos razones de peso.

El concejal socialista Antonio Giraldo ha comenzado señalando a través de redes sociales que el pleno ordinario mensual está fijado para el próximo día 27, seis días después de la convocatoria del extraordinario. “El punto que se adelanta no constituye ningún asunto de marcada urgencia. No mayor que cualquiera del resto de asuntos de este mes”.

A su vez, ha reiterado que este Pleno de Cibeles sólo dará “la aprobación provisional al Plan Reside, porque de ahí se enviará a la Comunidad de Madrid, que es quien dará la aprobación definitiva dentro de 3, 4 o 5 meses al ser una modificación del Plan General”. Por ende, desde el PSOE-M consideran que enviarlo “seis días antes no va a adelantar los plazos” debido, a su vez, a que la vigencia de la normativa del Ayuntamiento “no entrará hasta ya después del verano”.

“La única explicación para convocar un pleno extraordinario sólo para este tema, atendiendo a estas dos cuestiones, es meramente marketing y publicidad. Darle relevancia. Pero los plenos extraordinarios están para cosas urgentes, no para generar prensa”, subraya el concejal socialista.

Claves del Plan Reside de Almeida

El alcalde de Madrid presentó en noviembre del pasado año su Plan Reside para la Protección del Ámbito Residencial de la capital con tres objetivos a ejecutar: acabar con la pérdida de población en el centro de la ciudad y ampliar el escenario oferta residencia, ordenar la oferta turística y mejorar la convivencia vecinal.

A su vez, el Ejecutivo de Almeida, con este programa a ejecutar, apuesta, según esgrimió en su primer anuncio, por “un modelo donde los pisos turísticos coexistan con otras modalidades de alojamiento, pero salvaguardando a los residentes de los efectos que supone compartir espacio en una misma finca” y, por ende, el Plan Reside, tal y como suscribió Cibeles, “no permitirá que operen pisos turísticos en edificios residenciales”.

No obstante, en febrero de este año, tras la presentación de la normativa municipal, Más Madrid presentó sus consiguientes alegaciones, considerando que el Plan de Almeida traía consigo especulación y tendrá en su aplicación un “impacto negativo” en el mercado de la vivienda de la capital. “El Plan Reside de Almeida es el Plan Expulsa, ya que es totalmente contrario a lo que proclama: sirve en bandeja la ciudad a los fondos buitres y es un plan sin límites para las viviendas turísticas ilegales”, subrayó entonces la portavoz Rita Maestre.

Punto por punto, Maestre condenó que el programa de Almeida deja la ciudad en manos de los fondos buitre y otras empresas turísticas mientras que los vecinos de siempre son expulsados de sus barrios: “El plan dice una cosa y hace la contraria”, reiteró. Asimismo, desde Más Madrid adujeron al tiempo a que la zonificación propuesta genera desigualdades por no aplicar criterios unificados de regulación del uso residencial, reconvierte dotaciones privadas en uso residencial perjudicando los escasos servicios en zonas centrales y, entre otras cuestiones, señalaron que el estudio económico que sustenta el Plan Reside carece del rigor necesario para acometer sus medidas.

Bajo este mismo telón de fondo, desde el Gobierno central también advirtieron de la tensionada situación de la vivienda en la capital. El 24 de marzo, el Ministerio de Consumo, a través de un informe de la Unidad de Análisis del Consumo, cifró en 16.335 pisos turísticos anunciados online en Madrid de los que tan sólo 1.131 tenían permisos legales; séase, que más de 15.200 viviendas operan en situación irregular y sin licencia.

“Es un triángulo muy pequeño de la ciudad de Madrid se acumulan más de 100 pisos turísticos ilegales ante la inoperancia de las administraciones para poner coto a esta situación verdaderamente inaceptable”, tachó el ministro Pablo Bustinduy ya en abril, a la vez que lamentó que, por parte del Ejecutivo de Almeida, no recibieron “ninguna respuesta”.

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