La formación municipal Más Madrid, liderada por Rita Maestre, ha presentado una demanda judicial ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) -cuyo recurso ha sido admitido- contra el Ayuntamiento de Madrid, presidido por José Luis Martínez-Almeida, por la tasa por prestación del servicio de gestión de residuos, coloquialmente conocida como “tasa de basuras”. En la denuncia presentada por Más Madrid piden la impugnación de la tasa de basuras y solicitan su anulación. “Es una injusticia que no vamos a tolerar”, ha afirmado la portavoz del grupo, Rita Maestre. A su vez, desde la formación consideran que es un “ataque directo” al bolsillo de los madrileños y vulnera múltiples principios legales y de justicia social.
La demanda presentada por la oposición municipal se apoya en argumentos técnicos, legales y sociales. Uno de los razonamientos principales es la calificación jurídica incorrecta de la figura tributaria. Según Más Madrid, no se trata de una tasa, sino de una “prestación patrimonial de carácter público no tributaria”, dado que el servicio no lo presta directamente el Ayuntamiento, sino que se gestiona mediante concesiones a empresas privadas que suponen un coste del 78% del coste total del servicio. Además, como señala la formación, la legislación vigente (Ley de Haciendas Locales) establece que, cuando un servicio público se presta mediante gestión indirecta, la contraprestación debe configurarse como prestación patrimonial no tributaria, no como tasa.
Más Madrid señala también errores graves en los cálculos del coste neto del servicio. La formación ha detectado sobrecostes e imputaciones incorrectas en varias partidas, como los gastos del Parque Tecnológico de Valdemingómez, el canon de poda (sobrevalorado en más de 620.000 euros), y la recogida de muebles (excesivamente imputada por 16,3 millones de euros). En total, estiman que el coste real del servicio se ha inflado en unos 19 millones de euros, lo cual invalidaría la tasa, ya que los ingresos de esta no pueden superar el coste real del servicio según la ley.
Uno de los puntos más llamativos es la omisión en los cálculos de las más de 15.000 viviendas de uso turístico ilegal en la ciudad. Estas viviendas, al operar fuera de la legalidad, no son tenidas en cuenta en la estimación de residuos generados por la actividad económica. Este vacío genera un desequilibrio, ya que su carga se transfiere a los vecinos que sí cumplen con sus obligaciones fiscales y urbanísticas.
La demanda critica además el diseño de la tasa por no contemplar ningún incentivo para la sostenibilidad ni la reducción de residuos. La tasa, aseguran desde la formación municipal, no distingue entre quienes reciclan y quienes no, y tampoco incluye bonificaciones para familias con bajos ingresos o en riesgo de exclusión social. “No hay diferenciación por tipo de vivienda, ni descuentos por compostaje doméstico, ni siquiera estímulos para quienes hacen uso de puntos limpios o separan correctamente sus residuos”, apuntan.
Otro eje fundamental de la impugnación es el incumplimiento del marco normativo sobre la responsabilidad del productor. Más Madrid indica que el Ayuntamiento de Madrid no ha exigido a la empresa ECOEMBES -la entidad encargada de coordinar el reciclaje de envases en España- que asuma la totalidad de los costes que le corresponden, como exige el Real Decreto 1055/2022 de Envases y Residuos de Envases.
Esta omisión implica que el Consistorio recibe menos financiación de la que debería por parte de los productores de envases, dejando a la ciudadanía como principal pagadora del sistema.
Más Madrid denuncia también defectos en el procedimiento de aprobación de la tasa ya que durante la fase de información pública, el Ayuntamiento no incluyó documentos clave como es el caso del Anexo 6 completo del Informe Técnico-Económico, que detalla los residuos generados por las actividades económicas. Esta falta de información, habría vulnerado el derecho de los ciudadanos a participar en la elaboración de normas que les afectan directamente.
“Según la jurisprudencia, la ausencia de información completa en este trámite constituye un defecto formal que invalida todo el procedimiento, al vulnerar el derecho a la participación ciudadana en la elaboración de normas.”, manifiestan.
Por último, se critica que el diseño de la tasa se basa en un 80% en el valor catastral de las viviendas, lo que a su juicio supone un caso claro de doble imposición respecto al Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI). Por todo ello, dicen: “La demanda solicita la anulación completa de la ordenanza fiscal y la tasa, con condena en costas al Ayuntamiento de Madrid”.
“Hemos dado, como prometimos, un paso decisivo por los ciudadanos de Madrid. Esta tasa es una injusticia que no vamos a tolerar. Es un abuso recaudatorio disfrazado de gestión de residuos”, ha aseverado Rita Maestre.
Madrid genera más de 300 kilos de basura
Madrid genera aproximadamente 330 kg de residuos domésticos por habitante al año, con un coste total para el Ayuntamiento de 316 millones de euros. El servicio de recogida se presta mediante contratos externos por un importe superior a 282 millones de euros. La tasa aprobada por el gobierno municipal establece un coste medio por hogar de 140 euros anuales.
La demanda presentada solicita la anulación completa de la ordenanza fiscal y de la tasa, y reclama además la condena en costas al Ayuntamiento.
