Los vecinos de Colonia Marconi unidos bajo la Plataforma Stop Mad Cool Villaverde han conseguido que el juzgado de instrucción nº34 de Madrid mantenga abiertas las diligencias contra la organización del festival Mad Cool que se celebra cada verano en la capital española y que traslado su ubicación al distrito de Villaverde hace tres años desde Alcobendas. La plataforma de vecinos ha recordado al alcalde de la ciudad, José Luís Martínez Almeida, y a la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, que se perpetúa un delito contra el medioambiente con cada concesión que el Gobierno da a este espacio.
Alegaciones presentadas!!
— Plataforma StopMadcoolVillaverde (@StopMadcool_23) May 10, 2025
Recordamos al @MADRID que este espacio tiene abiertas diligencias previas en el juzgado n° 34 de Madrid. Por delito Medioambiental, el cual se comete con cada concesión de licencias a este espacio.@IdiazAyuso @ppmadrid @DGobiernoMadrid cómplices. pic.twitter.com/3MwEfkSSPo
A comienzos de mes, el Gobierno regional anunciaba una inversión superior al millón de euros para poder celebrar el festival de música. Según ha informado en un comunicado, el Ejecutivo de Díaz Ayuso has llevado a cabo esta inversión con el objetivo de atraer el turismo internacional y consolidar la región “como escenario destacado en el circuito mundial de grandes eventos musicales”.
Sin embargo, los vecinos del distrito de Villaverde no están muy de acuerdo con esta forma que tiene la lideresa madrileña de fomentar un turismo que, en gran medida, no reporta ningún beneficio a sus residentes. Ya en el año 2021, la Fiscalía de Medio Ambiente comenzó una investigación para discernir si el festival superaba los límites de ruido permitidos. Según cuenta la plataforma vecinal, ni el Ayuntamiento de Almeida ni el Gobierno autonómico han hecho algo para tratar de solventar la situación a la que se enfrentan.
La edición del festival Mad Cool 2023 se cerró con un expediente sancionador del Ayuntamiento de Madrid y 20.001 euros de multa con infracciones muy graves que, según la Ordenanza de Protección Contra la Contaminación Acústica y Térmica (OPCAT), podrían haber alcanzado los 300.000 euros.
Según denunció a finales de abril la alcaldesa de Getafe Sara Hernández, tanto el Ayuntamiento como la Comunidad de Madrid no se presentaron a una reunión que tenía el objetivo de limitar los problemas derivados de la organización del festival. “Siete meses después, por fin el Ayuntamiento de Madrid (sin su alcalde) y la Comunidad de Madrid (sin su presidenta) se han querido sentar para hablar sobre Mad Cool y el recinto Iberdrola Music, de momento no aportan nuevas medidas para evitar las molestias en Getafe”, expresó la responsable municipal en su red social X, antiguo Twitter.
Durante la celebración de la edición de 2024, el Ayuntamiento de Getafe ya expreso al Gobierno de Almeida que el recinto Iberdrola Music “no es apropiado para celebrar este tipo de eventos”. Sin embargo, la respuesta del Consistorio madrileño fue que no se apreciaba “ningún problema”. A pesar del trabajo y las quejas de los vecinos que sufren las consecuencias del festival, la previsión de este año es similar: el festival continuará en el lugar anunciado. Por el momento, los villaverdenses quedan a la espera de lo que dicte el juzgado nº34. En caso de repetir una sentencia similar a la de la Fiscalía de Medioambiente, los planes del Ejecutivo madrileño seguirán siendo celebrar el festival en el recinto Iberdrola Music.