La Fiscalía reclama ampliar la investigación contra el novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, por el presunto pago de comisiones, tal y como ha adelantado este miércoles la Cadena Ser.

El órgano jurídico ha impugnado el recurso del compañero sentimental de la lideresa regional para tratar de impedir que la jueza que le investiga por dos delitos de fraude fiscal y uno de falsedad documental abra una pieza separada para investigarle también por los presuntos delitos de administración desleal y corrupción en los negocios, tal y como ha reclamado la oposición -tanto PSOE como Más Madrid- en sus acusaciones populares.

En un escrito en el que se dirige en un tono muy duro al novio de Ayuso, el fiscal descarta el delito de administración desleal, pero considera que existen indicios sólidos de un delito de corrupción en los negocios.

Organización criminal

Por otro lado, en lo que respecta al fraude fiscal, el Ministerio Público no descarta que tenga lugar un delito agravado en tanto en cuanto González Amador habría utilizado empresas pantalla y testaferros para ocultar sus ingresos al Fisco y porque no descarta que la pareja de la responsable de Sol pueda formar parte de una organización criminal que emitía facturas falsas para pagar menos impuestos. Esto segundo es porque, según detalla el escrito, la línea que separa la organización criminal de la cooperación necesaria es muy fina.

La investigación no es con fines políticos   

La Fiscalía también rechaza de plano que la investigación que se está llevando a cabo se esté realizando con fines políticos, tal y como denunciaba el empresario.

Así las cosas, el escrito recuerdo el caso de Begoña Gómez, mujer de Pedro Sánchez, en el que la Audiencia de Madrid “nos ilustra sobre cuál es la función de la acusación popular y como el objeto de un proceso judicial puede cambiar según progresa la instrucción”.

Si bien, en este caso, emite el fiscal, sí que existe alguna diferencia dado que “la notitia criminis no ha consistido en informaciones periodísticas más o menos contrastadas sino en un procedimiento administrativo contradictorio llevado a cabo por la Agencia Tributaria en el que el recurrente no ha dado explicación alguna”.

Distintas velocidades

Las investigaciones sobre el novio de la presidenta del PP en la región han estado paradas desde el pasado mes de octubre cuando la defensa de la parte acusada decidió recurrir la ampliación des mismas. En ese momento, la jueza tomó la decisión de esperar al veredicto de la Audiencia de Madrid y la tramitación del recurso se ha retrasado más de dos meses.

El juzgado niega que esto haya pasado por responsabilidad suya, pero la realidad es que se dio traslado del recurso a las partes el pasado 5 de noviembre sin los documentos que incluía el escrito y que la Fiscalía y la acusación popular reclamaron. Una parte de aquella documentación los tuvo que reclamar el juzgado a González Amador, trámites por los que se perdió más de un mes.

Los hechos -en relación con la lentitud que lleva la investigación- chocan frontalmente con la rapidez con la que en un primer momento la defensa del novio de Ayuso quiso alcanzar un acuerdo con la Fiscalía para evitar la pena de prisión.

También la velocidad es distinta si se compara con la que se está llevando a cabo en el Tribunal Supremo contra el Fiscal General, Álvaro García Ortiz, por presunta filtración de sus datos confidenciales. De terminar en condena, la causa por prsunta filtración puede anular las pesquisas que se siguen en los juzgados de Plaza de Castilla. De hecho, algunos de los investigados ya han pedido que la causa se suspenda de manera definitiva hasta que la del alto tribunal finalice.