La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, no solo ha defendido públicamente que el inmueble en el que reside con su pareja no puede ser considerado "de lujo", sino que incluso ha llegado a intentar ridiculizar al periodista que se lo planteó en una rueda de prensa. Sin embargo, más allá de la anécdota, la realidad es que la vivienda unificada por Ayuso y su pareja, Alberto González Amador, cuenta con unas características que difícilmente pueden encontrarse en el parque inmobiliario medio español.
Diez habitaciones, seis baños, dos despachos, dos cocinas, dos salones, cuatro vestíbulos y una terraza componen este hogar, fruto de la unión de un sexto piso y un ático, con un valor conjunto de 1,8 millones de euros. La macrorreforma para unir ambos espacios fue denegada por el Ayuntamiento de Madrid, pero la obra se ejecutó igualmente, con consecuencias graves como inundaciones por aguas fecales en un restaurante inferior, lo que contribuye a la dimensión pública del caso.
Lejos de ser una anécdota burocrática, la ejecución de esas obras sin autorización administrativa tuvo consecuencias materiales de gravedad. Según ha podido documentar ElPlural.com, la reforma provocó inundaciones por aguas fecales en un restaurante ubicado en los bajos del edificio, que acabó cerrando y fue posteriormente declarado en concurso de acreedores. También hubo daños en otros pisos del edificio, que se vieron afectados por filtraciones de agua. Todo ello eleva el caso de una simple polémica sobre semántica inmobiliaria a un conflicto de interés público, donde se entrecruzan cuestiones de legalidad urbanística, privilegios políticos, conexiones empresariales y, sobre todo, el debate de fondo sobre qué se entiende realmente por "vivienda de lujo" en un país con graves problemas de acceso a la vivienda para amplias capas de la población.
En este contexto, en el que se ha hecho público el número de estancias, la superficie total y el valor conjunto de los dos inmuebles —el sexto piso y el ático— que forman la residencia de la presidenta de la Comunidad de Madrid y su pareja, vuelve a cobrar relevancia la postura que ha mantenido Ayuso sobre la naturaleza de dicha vivienda. Lejos de asumir que se trata de un inmueble que, por dimensiones y ubicación, encajaría en cualquier definición objetiva de “lujo”, Ayuso ha negado reiteradamente que ese término pueda aplicarse a su hogar, incluso cuando los datos apuntan en sentido contrario.
El debate no es nuevo. Hace poco más de un año, concretamente el 10 de abril de 2024, ElPlural.com preguntó directamente a la dirigente madrileña si consideraba que el inmueble en el que reside, por aquel entonces ya valorado en más de un millón de euros, podía definirse como una vivienda de lujo. La pregunta también incluía una cuestión clave sobre la ilegalidad de las obras realizadas para unir el piso con el ático superior, así como la posibilidad de que ofreciera una explicación pública al respecto o asumiera algún tipo de responsabilidad.
