Hasta ahora solamente la izquierda se había referido al currículum académico de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, desvelado por ElPlural.com. Pero este jueves ha llegado a la Asamblea también de la mano de la ultraderecha.

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Hoy no había sesión de control, sí así pleno de Presupuestos al que, por cierto, no ha acudido la líder regional. La oposición e incluso la extrema derecha han aprovechado el presente escenario para hacer alusión a las exclusivas contadas por este medio y afear a la presidenta que quiera tomar el control del Consejo de Transparencia.

Comenzado por el partido de Rocío Monasterio, primero en intervenir, ha señalado que la presidenta “será la más perjudicada por estas modificaciones”. “Nadie la librará ya de la sombra de la duda sobre si esta Ley de Transparencia se ha cambiado para ocultar mentiras en su expediente académico”, ha emplazado la portavoz adjunta del grupo parlamentario, Ana Cuartero, desde la tribuna, añadiendo que “nadie le reprocha que no sea usted cum laude, pero nadie le va a perdonar que mienta, que oculte y que haga uso de este Parlamento para protegerse”. “Es una mal decisión y quien se la haya aconsejado es un mal asesor”, han concluido respecto del hecho.

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Después ha llegado el turno de Más Madrid. El partido de Manuela Bergerot ha recordado a través de su diputado Alberto Oliver Gómez que el Consejo de Transparencia fue una institución “que creamos entre todos en esta Cámara con un consenso mayoritario” y que el PP ha decidido “pasar a cuchillo y cambiar la manera de seleccionar a los consejeros de Transparencia”.

“Y todo esto, ¿por qué? Porque deben ser las típicas cosas que no se le preguntan a una presidenta”, ha cuestionado con sorna la formación progresista en referencia a la reacción de Ayuso con la periodista Silvia Intxaurrondo. “El momento en el que el Consejo de Transparencia dice que el Gobierno de la señora Ayuso tiene que publicar su currículum vitae, de repente no nos interesa el Consejo de Transparencia y lo integramos con Protección de Datos. ¿Y todo esto, por qué?”, ha preguntado por segunda vez. “Porque sabemos que lo que era un doctorado luego pasa a ser un máster y hoy sabemos que lo que era un máster pasó a ser un cursillo”.  

La izquierda ha hablado de la cuestión durante toda la semana, tal y como ha venido asimismo recogiendo este periódico. Así, al margen de los partidos que aparecen aquí, también el PSOE ha reaccionado vía redes sociales, concretamente X, antiguo Twitter.

Expediente académico de Isabel Díaz Ayuso

Más allá de algunos pormenores que este medio ha contado acerca del colegio en el que estudió la presidenta antes de acudir a la universidad y después de repetir Primero de BUP, los datos más relevantes que en el día de hoy han aflorado en la Cámara Madrileña son los que tienen que ver con su trayectoria una vez entró en la facultad.

Así las cosas, el primer punto importante que contó ElPlural.com es el relacionado con el doctorado que Ayuso dijo no terminar, cuando fue nombrada “Alumna ilustre” de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), porque tenía “problemas para pagarse una habitación”, aunque lo cierto es que por aquel entonces (2011), ya era diputada de la Asamblea y  durante tres años había estado cobrando de Madrid Network, una empresa que creó la Comunidad con Esperanza Aguirre como presidenta y de la que Ayuso cobraba más de 4.000 euros mensuales.

El otro aspecto es el relacionado con el máster que Ayuso dice tener del instituto Séneca tras estudiar allí en los años 2003 y 2004. Tal máster es una realidad, pero solo figura con el título real (máster en “Comunicación Corporativa”) en la página web del PP, no así en la de la Asamblea ni en su LinkedIn, donde aparece como “Máster en Comunicación Política y Protocolo”. Este medio pudo saber después de hablar con el centro que por aquel entonces existía un “curso” de Protocolo y el citado máster en “Comunicación Corporativa”.

Control del Portal de Transparencia

Y todo esto, es un escenario en el que la Comunidad de Madrid pretende modificar la forma en la que se regulan algunos órganos autonómicos, entre ellos el Consejo de Transparencia y Participación, que dio la razón a la periodista Marta Gutiérrez (Newtral), después de que ésta solicitara el expediente académico de la presidenta y la región terminara por bloquearlo.

Este órgano es el encargado de velar porque se cumplan las leyes de transparencia y tiene encomendado resolver las reclamaciones y denuncias que puede interponer la ciudadanía cuando el Gobierno autonómico o una administración pretenden ocultar información pública.

En la actualidad, está dirigido por tres consejeros que la Asamblea escogió con mayoría cualificada; es decir, que son necesarios los votos favorables de tres quintas partes de la Cámara. La intención de los populares pasa por modificar la norma para hacer desaparecer la figura de estos consejeros, que ocupan el cargo durante seis años y se rotan en la presidencia del Consejo ocupándola uno durante dos ejercicios. En concreto, busca que la presidencia del Consejo pase a depender directamente del Gobierno.