Los principales movimientos ambientalistas piden a la Junta de Andalucía la retirada definitiva de la polémica Ley de regadíos de Doñana que, en estos momentos, simplemente está paralizada. La Proposición de Ley (PL) que impulsaron PP y Vox en enero de 2022 ha entrado y salido de la agenda parlamentaria, coincidiendo siempre con la celebración de elecciones autonómicas, municipales y generales.
En estos momentos, tras el pacto entre la ministra Teresa Ribera y el presidente andaluz Moreno Bonilla de noviembre, se suponía que los populares debían dejar caer la amnistía a los regadíos intensivos de la corona norte de Doñana. Sin embargo, la PL no ha sido retirada. Los ambientalistas dicen que este gesto supone “una espada de Damocles para Doñana”.
Un escrito conjunto de WWF, Ecologistas en Acción Seo/Bird Life como miembros del Consejo de Participación de Doñana, exige la retirada “urgente y definitiva” de la Ley de Moreno Bonilla. Este día 21 de diciembre ha concluido el curso parlamentario y ese paso no ha sido dado.
Moreno Bonilla “ha desaprovechado la oportunidad para retirar definitivamente su iniciativa legislativa para legalizar hasta 1900 hectáreas de cultivos de regadíos ilegales” afirma el documento. Hay que recordar que el presidente andaluz selló con Teresa Ribera un acuerdo el 27 de noviembre con foto conjunta en Doñana, mirando a un nuevo horizonte. En ese acuerdo, el PP se comprometía a dejar caer la Ley, sin embargo, el hecho de no retirar la PL, a efectos legales, la convierte en una bala en la recámara para Moreno Bonilla.
“Exigimos no solo su decaimiento, sino la retirada definitiva”
Los ambientalistas destacan la falta de noticias al respecto. No hay fecha anunciada –denuncian– para que los populares pidan al Pleno la retirada definitiva. El reglamento del Parlamento andaluz estipula que la retirada debe ser iniciada por el proponente, en este caso es la agrupación popular.
La sombra alargada de una proposición de ley que ha enconado las relaciones políticas, administrativas y entre vecinos durante los dos últimos cursos se sigue cerniendo sobre Doñana. Para los ecologistas esto supone “un riesgo inasumible". Los movimientos piden además que se instaure, con todas sus acepciones, el Plan de la Fresa.
En 2014, El Plan de la Fresa suscitó el mayor consenso alcanzado en torno la distribución del territorio del Parque Nacional, rodeado por ingente turismo de sol y playa y la industria de los frutos rojos. En 2014 se logró normalizar 9 mil de un total de 11 mil hectáreas con el respaldado de todas las distintas administraciones, incluyendo al PP de Rajoy en la Moncloa. Sin embargo, el Plan nunca se desarrolló completamente, no se agregaron las infraestructuras hídricas, por ejemplo, y no se ejerció el debido control sobre los regadíos ilegales.
“Juegos de salón”
La PL de Moreno Bonilla que podría ampliar las hectáreas de regadíos intensivos al norte de Doñana ha sido objeto de continuos enfrentamientos entre la Junta de Andalucía y el Miteco de Teresa Ribera. Acusaciones de prepotencia, de señoritismo y de falta de lealtad y responsabilidad han cruzado por Despeñaperros desde que PP y Vox plantearon aumentar los regadíos.
La primera aparición de la PL llegó al Parlamento con el horizonte de las elecciones autonómicas andaluzas de 2022. En aquel momento, Moreno Bonilla aludió a la herencia recibida de un problema que precisaba respuesta. Sin embargo, la reacción internacional fue contundente, la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la UE por la degradación del hábitat y del acuífero y advertencias de UNESCO fueron un jarro de agua fría.
El primer envite decayó con la llegada de las elecciones. Pero en marzo de 2023, el PP volvió a presentar la proposición. En esta ocasión sí contó con la confrontación directa del PSOE andaluz, que en la anterior tentativa se abstuvo. Desde la Secretaría de Medio Ambiente deslizaron su sorpresa por el hecho de que Moreno Bonilla volviera a plantear una ley que, había asegurado, metería en un cajón.
En cualquier caso, Doñana planteó un paradigma electoral novedoso. El PP se presentaba como defensor de los ciudadanos de a pie, los agricultores onubenses. Por el contrario, el PSOE se alineaba con los intereses estatales y de Bruselas, defendiendo por encima del bien social, el bien medioambiental.
Con las cartas repartidas de esta manera, los movimientos ambientalistas y la academia, representados en el Consejo de Participación, trataron de buscar equilibrio social, económico y ambiental. Pero el Consejo, uno de los entes de cogobernanza y entendimiento resultantes del Plan de Fresa, fue puenteado y ninguneado –como denunció su presidente Miguel Delibes– por la vía de la urgencia con la que el PP presentó su proposición de ley.
Con el planteamiento político mandando en la agenda, en las elecciones municipales del 28 de mayo el PP consiguió arrebatar varias alcaldías onubenses al PSOE y, sobre todo, la joya de la corona: la Diputación de Huelva. Sin embargo, quedaba por cerrar el trayecto de la PL. ¿Se legalizarían regadíos ilegales cuando no tienen agua en superficie asignada, ni red hídrica que se la haga llegar y en mitad de la mayor sequía recordada?...
Finalmente, no. Tras las advertencias de UNESCO, Comisión Europea y, como ahora hemos sabido, tras la expulsión del listado verde de la UICN, Moreno Bonilla asumió que podía pactar con Teresa Ribera. El acuerdo supone una inversión millonaria a partes iguales por Junta y Estado para una región cansada de estar sedienta, de agua hoy, pero de oportunidades desde hace décadas. Los ambientalistas, sin embargo, temen que el juego de la ruleta rusa y los “bailes de salón” de la política, vuelvan a la agendad en próximas elecciones.
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