El estado del Parque Nacional de Doñana siembra cada vez más preocupaciones. Cuando este lunes la reserva natural ha sido suspendida de la lista verde de la Unión Internacional para la Conversación de la Naturaleza (UICN), el Gobierno central ha señalado que es “un reto colectivo” poder recuperar este tesoro medioambiental cuanto antes.

“Trabajar contrarreloj”, esta ha sido la definición que ha dado la ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, al conocer el revés internacional. En los mismos términos, la vicepresidenta tercera del Gobierno ha reiterado que no se “amnistiará” ningún cultivo ilegal de Doñana mientras se desplieguen las ayudas acordadas con la Junta de Andalucía. "El Gobierno lo tiene muy claro y el Ministerio ha presentado con contundencia, con claridad, su compromiso en aquellos aspectos propios de las competencias del Estado, pero también con una lectura generosa de colaboración con la Junta de Andalucía. (…) Confiamos en que la Junta también despliegue todas las herramientas que están a su alcance para reducir esa presión", ha añadido.

Así también lo ha expresado el subsecretario para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Miguel González Suela, en el Consejo de Participación de Doñana celebrado este lunes en Almonte (Huelva) -en el que se ha analizado el pacto entre Gobierno y Junta de Andalucía-, donde ha advertido de que “no hay tiempo que perder” con Doñana, llamando así a actuar de inmediato para “revertir” la situación actual y “volver a poner en el imaginario” el Parque “como siempre ha sido”: “Es un reto colectivo en el que todo el mundo ha de participar”, ha subrayado.

En estos términos, el Gobierno defiende la “doble misión” de “contar los avances alcanzados ya en el marco de actuaciones ambientales, de agua y biodiversidad” a la par que la puesta en valor de “las primeras actuaciones que se están emprendiendo, una vez firmado el protocolo con la Junta de Andalucía” para trazar todas las líneas que se van a llevar a cabo.

Tal y como ha publicado El País, el Gobierno recibió “el pasado 1 de diciembre” una carta de la UICN en la que se señalaba que “quedaba suspendida la presencia de esta catedral de los humedales europeos en la lista verde” de la prestigiosa institución mundial. Pese a ello, Ribera ha señalado que en la misiva acogen “con satisfacción” el pacto alcanzado entre Moncloa y Andalucía para rehabilitar el espacio.

Doñana, excluida de la lista verde internacional por la deriva de su gestión

La tramitación de la polémica ley de regadíos del Gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla en Andalucía y, por consiguiente, la deriva en la gestión de la reserva natural ha terminado avocando a un escenario indeseado: la suspensión de Doñana como figurante de la lista verde de UICN.

Hasta la fecha, ninguno de los 77 enclaves en 60 países había abandonado antes esta lista de relevancia mundial por una mala gestión de un entorno tan preciado para el medioambiente. Esta misma se caracteriza por poner en valor la sostenibilidad y la conservación de los entornos naturales y, debido a que el Gobierno regional ha incentivado la agricultura intensiva y el turismo, además de los efectos desastrosos que ha dejado la sequía en la zona, Doñana ha tenido que ser eliminada al haber dejado de cumplir los requisitos básicos para permanecer en ella.

La notificación llegó a la Junta de Andalucía hace dos semanas atrás, pese a que la noticia ha trascendido este lunes. El Ejecutivo de Moreno Bonilla lo niega. La realidad da muestra de que la exclusión de Doñana supone un evidente desprestigio a ojos internacionales de la reputación del parque.

Los expertos ya reiteraron en múltiples ocasiones las consecuencias negativas de aumentar los regadíos en la Corona Norte de Doñana, perjudicando aún más la situación ya preocupante que ya acontecía en la reserva natural. Finalmente, Moreno Bonilla se vio obligado a retirar la norma de los regadíos y, hace tres semanas atrás, la Junta pactó con el Gobierno, concretamente con el Ministerio de Transición Ecológica de Teresa Ribera, un acuerdo de 350 millones para la preservación del entorno.