La paz ha llegado a Doñana. El conflicto que ha rodeado al Parque Nacional durante los últimos meses parece haber tocado su fin y así pretenden evidenciarlo este lunes las partes. Del lado del Gobierno, Teresa Ribera ha viajado a tierras andaluzas, donde la esperaba el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla. Las amenazas de Bruselas y una inyección económica más generosa de la definida en un principio han acabado con la pugna por los regadíos ilegales y la ampliación de hectáreas de cultivo. Ribera ha ganado el pulso a un Moreno Bonilla que ha terminado por ceder.
“Saliendo hacia Almonte, donde hoy firmaremos el acuerdo por Doñana”, ha anunciado esta mañana la vicepresidenta tercera. Las firmas de ambos líderes políticos evidencian el nuevo escenario de tregua definido por ambas administraciones, cansadas de un problema que se alargó demasiado en el tiempo y llegó a contar con la participación de la Comisión Europea. Moreno Bonilla ha rectificado y el Ejecutivo premiará su viraje con 350 millones de euros. Estos fondos se sumarán a los 356 millones ya contemplados el pasado año para la restauración del parque.
“El Acuerdo Por Doñana es un hito histórico para Andalucía y España. Nace del diálogo, da seguridad jurídica, cuenta con la imprescindible conformidad de los agricultores y proyecta la imagen de unidad ante las instituciones europeas”, ha celebrado Moreno Bonilla, que ha querido dar la “enhorabuena a todos”.
La líder de Transición Ecológica adelantaba a principios de mes que el trabajo conjunto estaba funcionando “muy bien”, lo que hacía soñar a los vecinos onubenses con el cierre de una crisis perjudicial en el ámbito ambiental y económico. "Hemos estado escuchando las distintas propuestas, evidentemente, tomando muy en consideración las propuestas de los actores locales, trabajando con la Junta", explicaba Ribera. Almonte será la plaza que acoja la esperada foto del Acuerdo por Doñana unos días antes de que ambos pongan rumbo a Dubái para acudir a la Cumbre del Clima.
Antes de la firma de este mediodía, los líderes han panseado por el parque, dando cumplimiento al deseo que había anticipado Ribera. “Incluso visitando juntos el parque”, aspiraba la ministra. Y así ha sido. No obstante, pese a que ninguna de las administraciones quiera recordar ahora los malos momentos, lo cierto es que el intercambio de acusaciones cruzadas ha sido duro. El punto de inflexión llegó el 3 de octubre, cuando ambas partes se citaron en San Telmo y se dieron un mes de plazo para ver la negociación fructificar.
Este trabajo a dos bandas comenzaba con la negativa del Estado a aceptar el contenido de la Proposición de Ley que PP y Vox han registrado en el Parlamento de Andalucía y que busca propiciar que terrenos que en ahora son de naturaleza forestal pasen a ser calificados como suelos agrícolas regables con aguas superficiales en los municipios que se sitúan al norte de la Corona Forestal de Doñana, que comprende los términos municipales de Almonte, Bonares, Lucena del Puerto, Moguer y Rociana del Condado.
Las posiciones estaban muy alejadas y los artífices del acercamiento han sido el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, y los consejeros de la Presidencia, Antonio Sanz, y de Sostenibilidad, Ramón Fernández-Pacheco, así como con la consejera de Agricultura, Carmen Crespo. “Hoy es un buen día para #Andalucía y para España”, ha celebrado Moreno Bonilla de camino a Doñana. “El Acuerdo Por Doñana es una solución de consenso positiva para todos”, ha apuntado el presidente autonómico.
En su anterior comparecencia conjunta, la representante gubernamental defendió que el futuro trasvase de casi 20 hectómetros cúbicos procedentes de la Demarcación del Tinto-Odiel-Piedras "nos ha permitido cerrar 490 pozos legales", a lo que sumó la clausura de otros 239 ilegales. El Ejecutivo está decidido a abordar la problemática sequía que afecta a los agricultores de Doñana, pero reniega de hacerlo con el medioambiente como víctima.
Moreno apeló entonces a "buscar una solución a los problemas", justificando su cambio de posición. "Somos humildes para entender otros ángulos de visión", esgrimía, mientras se reafirmaba en encontrar soluciones a "los problemas de familias que están en un limbo", convencido de que "no hay protección ambiental sin apoyo social".
Sobre las actuaciones que ya se están realizando y en referencia a las que se esperan a futuro, Ribera ha defendido en varias ocasiones que los recursos públicos aportados por las administraciones no sean sólo "transferencias de renta linealmente" y propicien "una capacidad de inversión y de absorción y de locación de actividades en el terreno".
