La intención de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, para controlar todavía más Telemadrid se ha topado con la justicia. En concreto, los servicios jurídicos de la Asamblea dudan acerca de la constitucionalidad de algunos de los cambios que el equipo de la líder regional pretende introducir en la regulación de Radiotelevisión Madrid (RTVM) a través de la Proposición de Ley 5/2023 que el grupo mayoritario en el hemiciclo ha nombrado como “de medidas para la simplificación y mejora de la eficacia de las instituciones y organismos en la Comunidad”.

Dudas en la constitucionalidad

Lo dudoso desde el punto de vista jurídico reside, por un lado, en que se trata de una ley ómnibus, y por otro, en que hay algunas transformaciones que los servicios consideran poco menos que de control absoluto a los medios de comunicación.

Lo primero hace referencia a que se trata de una norma transversal. Es decir, que con un solo texto se pueden modificar varias leyes que tienen poco o nada que ver entre sí. Los servicios jurídicos, adelantan la Cadena Ser, reconocen como constitucional este hecho, aunque contemplan que puede ser “reprochable desde el punto de vista de la técnica legislativa”. De lo que no cabe duda alguna, aseguran, es de lo segundo, concretamente de los cambios en la elección de los órganos de gobierno de la cadena.

Según los servicios jurídicos de la Cámara madrileña, la intención del Ejecutivo “sería contrario al control parlamentario de los medios de comunicación, que fijan el artículo 20.3 de la Constitución Española y el 16.3 del Estatuto de Autonomía”. Las transformaciones que contempla la normativa pasan por varios movimientos, siendo el más notorio el de quitar a la Asamblea su capacidad de designar al director general del ente y al Consejo Asesor. En lo que concierne al miembro responsable, el objetivo del PP es que quien pase a decidir la persona para el cargo sea la Junta General de Accionistas o, lo que es lo mismo, la Comunidad de Madrid, restando con ello competencias al resto de las fuerzas.

El cargo está ocupado por José Antonio Sánchez, votante confeso del PP que reconoció aparecer en los papeles de Bárcenas y al que tanto la derecha como la ultraderecha han dejado en el puesto vetando una propuesta del consejo de administración para el nombramiento de un nuevo director. Dicho consejo, por otro lado, deberá renovarse en el primer trimestre tras la aprobación de la nueva regulación mientras que el nuevo presidente deberá serlo como mucho medio año después de la tramitación favorable en la Cámara.

Las idas y venidas del PP con Telemadrid han sido muchas, pero el resultado siempre ha resultado el mismo, con especial fuerza en la era Ayuso: controlar la radiotelevisión pública. De hecho, la cuestión le costó a los populares disputas internas con Ciudadanos cuando el partido naranja era socio. Los de Ignacio Aguado defendieron una reforma de la ley que obligaba a un acuerdo político, pero en el momento en el que la formación que un día lideró Albert Rivera se quedó sin representación, el PP tendió la mano a Vox para cambiar la norma y despedir a la dirección del momento, a la que la presidenta acusó de actuar en su contra. En estas, se produjo el nombramiento de un administrador provisional para superar la necesidad de lograr la mayoría absoluta para nombrar el director.

 El  “autoritarismo” de quien habla de dictadores

ElPlural.com se ha puesto en contacto con oposición y Comunidad de Madrid para conocer su opinión y ha recibido la respuesta de los partidos de izquierdas, no así de la derecha. Manuela Bergerot, en declaraciones a este medio, lamenta que Ayuso ha llevado a cabo tres reformas desde que se sienta en Sol “y todas en el mismo sentido: más autoritarismo, menos libertad a los profesionales y más control de Telemadrid por parte de su Gobierno”.

Cabe destacar, a la hora de hablar en estos términos, que la responsable de la Comunidad de Madrid ha empleado muy a la ligera el término “dictador” para referirse a Sánchez por tomar decisiones -la amnistía concretamente- que cuentan con una mayoría parlamentaria, pero considera diferente decisiones como la tomada para Telemadrid.

“Si fuera coherente, una persona que siempre tiene en la boca la palabra "libertad" y "Constitución", mañana aprobaría la enmienda a la totalidad de Más Madrid, que recupera la independencia de Telemadrid, de la Cámara de Cuentas, del Consejo de Transparencia... y retiraría su propuesta que es más autoritarismo, más concentración de poder, menos libertad y, según los propios servicios jurídicos de la Asamblea, vulnera la Constitución”, añade la portavoz de Más Madrid.

El PSOE se ha pronunciado en los mismos términos. La portavoz de Comisión de la televisión pública, Tatiana Jiménez, afea que el PP “no se conforma con modificar la ley sin diálogo ni consenso para tener el control absoluto sobre Telemadrid”, sino que “se salta además la Constitución Española y del Estatuto de Autonomía”. “Es una muestra más del abuso permanente que hacen de la televisión pública para uso y disfrute del partido popular con el dinero de los impuestos de los madrileños”, asevera.

Ayuso también quiere controlar la Cámara de Cuentas o el Consejo de Transparencia

No es el único organismo que el PP de Ayuso quiere controlar. Su último movimiento referido a Telemadrid es solo un ejemplo, pero la intención de lo que pretende el equipo de la presidenta encuentra también su expresión en otros organismos importantes madrileños como la Cámara de Cuentas o el Consejo de Transparencia, todo ello con carácter de urgencia.

Si Vox se alineó con PP para el control de Telemadrid, los de Rocío Monasterio le dieron la espalda con la Cámara de Cuentas, que los populares llevan intentando manejar desde febrero del año pasado, pero no habían sido capaz porque dependían de la formación que a nivel nacional lidera Santiago Abascal. El cambio que pretende Ayuso en la práctica sirve de nuevo para dar ventaja al partido mayoritario, ya que desde 2019 los integrantes del organismo público e, importante, que fiscaliza los contratos y gastos, se elegía entre el conjunto de las fuerzas; dos tercios de la Asamblea para ser más precisos. Con el pretexto de que ello dejaba sin posibilidad de desbloqueo si se producía un desacuerdo, el PP busca que el número de miembros suba a siete y el sistema de elección de éstos sea dotando de una prioridad absoluta a la formación mayoritaria, del mismo modo que se elige la Mesa de la Asamblea.

No menos polémico resulta el movimiento de Ayuso con el Consejo de Transparencia, encargado de gestionar las quejas acerca de la transparencia del Ejecutivo. Hasta ahora a este ente lo integraban tres concejeros que salían del Pleno de la Cámara por mayoría de tres quintas partes y rotaban en el poder por un tiempo de dos años. Sin embargo, ahora será una la persona que ocupe el puesto y lo nombrará el propio gobierno de la Comunidad de Madrid.

Y no son los únicos cambios, ya que el PP madrileño pretende modificar un total de quince textos legislativos, entre ellos, además de los mencionados, la Ley del Suelo. Asimismo, están sobre la mesa otras dos propuestas para incluir cambios en el procedimiento de urgencia en la ley de identidad y expresión de género y la ley de protección integral contra la LGTBIfobia.