Barcelona e Ibiza. Estas son dos de las ciudades que el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 pone como ejemplo al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, para que el regidor madrileño cumpla la ley con los pisos turísticos ilegales.
“En los últimos años, el Ayuntamiento de Barcelona ha conseguido que se retiren los anuncios de más de 7.000 pisos turísticos irregulares y cesaran su actividad”, expresan fuentes del departamento a ElPlural.com. Voces cercanas al ministro Pablo Bustinduy añaden que, en la ciudad condal, de color socialista, “impusieron 9.000 sanciones y recuperaron 3.000 pisos para el mercado de vivienda habitual”.
Dejando a un lado que se trate de una cuestión de ideología -o no solo-, el ministerio resume que va, simple y llanamente, de cumplir la ley. Así, apunta a la isla, gobernada por el PP: “Ha puesto en marcha una iniciativa para identificar la oferta irregular de alojamientos turísticos, retirar sus anuncios y agilizar las inspecciones y sanciones”.
Sin pisos turísticos en 2029
El pasado mes de junio, el alcalde de la capital catalana, Jaume Collboni, anunciaba que en 2029 no habría pisos turísticos. Entre las medidas para lograrlo, anunciaba una modificación de la normativa implementada por su predecesora, Ada Colau, que obliga a los promotores a destinar un 30% de los pisos construidos a vivienda social y vigente desde 2018.
En el horizonte, Collboni dictaminó que la ciudad extinguirá los aproximadamente 10.000 pisos turísticos que se mantenían para recuperar su uso residencial. La ley en la que se amparó el alcalde fue el Decreto Ley aprobado por la Generalitat el pasado 7 de noviembre que regula los inmuebles de uso turístico en varios municipios catalanes, entre ellos la propia Barcelona.
Por aquel entonces, ponía de manifiesto que en los últimos años se habían interpuesto más de 10.000 sanciones y cerca de la misma cantidad de órdenes de cese de la actividad de pisos turísticos desde 2016. También celebraba que los miles de anuncios mensuales de pisos turísticos se habían quedado en centenares, mientras cerca de 3.500 se habían recuperado para uso residencial.
Detectar la ilegalidad con Inteligencia Artificial (IA)
En su lucha contra los pisos turísticos, el Consell de Ibiza -la isla se enfrenta a una sobrepoblación especialmente en temporadas altas- ha puesto medidas que alcanzan incluso la inteligencia artificial.
Más en detalle, el consistorio isleño ha desarrollado una herramienta que ha sido posible gracias a la integración de los datos del Sistema de Inteligencia Turística de Ibiza (SIT Ibiza) y del servicio de Innovación del propio Consell.
Presentada este mismo mes de marzo, la medida ha permitido reducir en un 27% la oferta de viviendas no regladas que se anunciaban en plataformas digitales. El funcionamiento del sistema -desarrollado por Mabrian en colaboración con el Consell- permite detectar la oferta de alojamientos turísticos, identificando así aquellos que no disfrutan de licencia.
Básicamente, permite a las administraciones mantener a raya la oferta de alquiler vacacional en portales conocidos e integrar los registros oficiales de licencias de viviendas turísticas a la vez que cruza datos de interés para poder erradicar los inmuebles ilegales. A partir de ahí, posibilita filtrar hasta cuatro tipos de infracciones.
Consumo contesta a Almeida
El departamento de Bustinduy ha respondido en las últimas horas al primer edil de Madrid después de que el responsable de Cibeles dijera que Moncloa había llevado a cabo una “deslealtad institucional” por filtrar un archivo digital que demuestra que en la capital hay más de 15.000 viviendas turísticas ilegales con el beneplácito de la derecha. Almeida acusaba al Gobierno de haber facilitado esa información sin reunión previa.
Consumo es muy transparente: la actividad perpetrada en la capital obedece a un incumplimiento de la normativa urbanística municipal que recoge el Plan Especial de Hospedaje del propio Ayuntamiento. “El consistorio, teniendo en cuenta el Decreto 79/2014 por el que se regulan los apartamentos turísticos y las viviendas de uso turístico de la Comunidad de Madrid, ha elaborado su propia normativa concretando los requisitos que deben cumplir las viviendas de uso turístico para poder ser consideradas como tal, debiendo contar con la preceptiva licencia de operación, que acredita el cumplimiento de los requisitos en materia de seguridad o accesibilidad, entre otras”, señala.
En resumen, que es el Ayuntamiento el que ejerce como administración competente para actuar y emprender acciones que permitan certificar la legalidad o no de los pisos y, en caso de no cumplir con el texto pertinente, cerrarlos. “Es lo único que reclamamos”, emiten desde el departamento de Bustinduy.
El departamento continúa explicando los pasos a seguir: “Una vez certificada su ilegalidad, el Ayuntamiento de Madrid podría notificar a las plataformas donde se alojan anuncios sobre viviendas de uso turístico que no cumplen con la normativa al efecto e instarles a su retirada, conforme al artículo 9 del Reglamento (UE) 2022/2065 de Servicios Digitales”.
Así las cosas, pide “tener en cuenta que el Reglamento de Servicios Digitales incluye como ejemplo de ‘contenido ilícito’ la oferta ilegal de servicios de alojamiento”. “Esta notificación se ampara igualmente en las competencias del Ayuntamiento previstas en el artículo 23.3 de la Ordenanza de Consumo de la Ciudad de Madrid, que habilita a adoptar medidas provisionales tendentes a la suspensión temporal de la prestación de servicios que vulneren la seguridad o los intereses económicos de los consumidores”, apuntala.
Con esto, “entre los datos aportados por Consumo al Ayuntamiento de Madrid se incluye un conjunto de viviendas -más de 1.000- de las que se detallan direcciones postales concretas e información que permitirá al consistorio identificar a sus propietarios para que se puedan acometer, desde ya, las acciones que en su propia normativa les permite emprender para poner fin a este tipo de infracciones, y sancionarlas en su caso”.
