La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se jactó el pasado miércoles de mantener “de momento” las tarifas de transporte público bonificadas al 60% en la región después de que su partido votara a nivel nacional en contra del decreto ómnibus que incluía, precisamente, su abaratamiento.

La decisión incluye toda la red de transporte de la región, por lo que la lideresa regional celebra que es gracias a ella que, a menos momentáneamente, la población madrileña pueda seguir viajando en bus y metro por el precio que lo estaba haciendo hasta ahora. Sin embargo, Ayuso se olvida de las veces que ha boicoteado -además de la negativa actual de los ‘populares’- el descuento a la red de transporte.

En 2022, el Gobierno de la Puerta del Sol ya hizo un ejercicio similar cuando terminó abaratando el precio en esta materia, y es que la autonomía finalmente cedió ante la presión del Gobierno Central después de negarse a tomar la decisión de ampliar aún más el descuento planteado desde Moncloa.

Madrid se resistía a añadir la bonificación estatal

La región justificó en aquel momento el rechazo. David Pérez, ahora en el equipo de José Luis Martínez-Almeida y otrora alcalde de Alcorcón, pero entonces responsable del departamento, defendía la idea porque “cuando el señor Sánchez dijo que iba a bonificar el 30%”, la Comunidad de Madrid “ya lo tenía bonificado al 60% de media en todos los títulos”. “Pero hay títulos que están al 80% y otros que están al 90%. Por ejemplo, el abono de los mayores, que les sirve para moverse por toda la Comunidad cuesta 3,30 euros”, justificaba.

Asimismo, Pérez indicó que habían llevado a cabo la bonificación “durante muchos años” y que lo que proponía el Ejecutivo de Sánchez era “solo para cuatro meses” para pedir más inversiones en los servicios de transporte operados por el Gobierno, como Renfe Cercanías. “Se opusieron a hacer accesibles las estaciones de Cercanías que aquí en Madrid no lo son. En Metro, las tenemos ya al 70% y estamos invirtiendo 500 millones para llegar al 85% (…) Por cada euro que el Gobierno invierte en transporte en Madrid en Cataluña invierte cuatro”.

 En aquel momento, sin embargo, el responsable de Transporte no fue capaz de detallar que los madrileños pagarían solo un 30% menos de abono transporte a partir de septiembre -esto fue en julio- respecto al título que pagaban entonces.

Después, al año siguiente, la región en la que el PP gobierna con mayoría absoluta se arriesgaba a perder la subvención para la bonificación porque no estaba complementando la aportación estatal en la rebaja de ese 30% de las recargas de 10 viajes para el Metro o los desplazamientos de la EMT.

Contra la ley

En definitiva, la lideresa regional fue directamente en contra de la ley estatal en tanto en cuanto ésta establecía que las administraciones beneficiarias del sistema de ayudas serían aquellas que hubieran “implantado desde el 1 de enero de 2023, con vigencia hasta el 30 de junio de 2023, una reducción del precio de los abonos y títulos multiviaje (…) en un porcentaje mínimo de un 50% sobre el precio habitual”.

Aunque finalmente los ciudadanos se beneficiaron de los descuentos, cuando los mismos empezaron a aplicarse, el 1 de septiembre de 2022, las regiones podían decidir no complementar la bajada al porcentaje cubierto por el Ministerio de Transportes. En el caso madrileño, Ayuso anunció que se ampliaría hasta la mitad en todas las tarifas, salvo la tarjeta multiviaje, donde se limitó a hablar del 30%.

No obstante, las condiciones cambiaron a principios del año siguiente, dado que las ayudas del Estado solamente se mantendrían en aquellos lugares en los que hubiera subvención también por parte de las comunidades autónomas. A pesar de ello, desde Sol acordó mantener la rebaja del 30% en la recarga de diez viejes cuando el nuevo decreto entrara en vigor, pero reducir en un 50% o 60% el precio entre febrero y junio de 2023. En la práctica, no operar de la misma manera en la tarifa de diez viajes podía poner en riesgo la subvención otorgada por Moncloa.

A favor del sector privado

Y más tarde, Ayuso eliminó el abono anual de transporte para particulares, pero lo mantuvo para empresas. Dicho de otro modo, podría haber estado incumpliendo el decreto estatal que regulaba las bonificaciones y que emitía la obligatoriedad de descontar el precio de todos los abonos.

En concreto, el abaratamiento debía llegar a todos los puntos, pero la Comunidad de Madrid eliminó el abono anual -una modalidad más económica- para particulares y la mantuvo para empresas y personas jurídicas en general.

La diferencia de precios se hizo notar de la manera que se expone a continuación. En 2023 un usuario de la zona A pagaría una cantidad menor: 470,34 euros anuales (27,30 en enero; 21,80 entre febrero a junio y 54,60 entre julio y diciembre), pero tendría que hacerlo en doce mensualidades sin la oportunidad de reducirlo a un solo pago. Igualmente, en caso de que el abono anual se mantuviera -algo que en aquel momento estaba en el aire- con el mismo descuento aplicado en él que en el resto de modalidades, tal y como marcaba la normativa, la cuantía anual descendería a 409,50 euros. Esto es lo que pagarían las entidades del sector privado que sí pudieran suscribirlo.