La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha quedado retratado una vez más por su gestión de las residencias de mayores.

“No sé si es norcoreana, bolivariana o qué es, pero la Asamblea de Madrid controla al gobierno de la Comunidad de Madrid y resulta que la señora Ayuso no tiene a bien nunca comparecer en la Asamblea de Madrid, no vaya a ser que le pregunten por las residencias o por todos los chanchullos que la rodean”. Con estas palabras se pronunciaba Óscar Lópeznuevo secretario general del PSOE de Madrid (PSOE-M) en declaraciones a los medios de comunicación con tono un poco jocoso, pero reflejando en última instancia al veto constante al que la izquierda se enfrenta por parte del Ejecutivo madrileño.

Alfonso Serrano respondió al responsable socialista preguntándole primero “si le falta un hervor”, adoptando así el tono al que acostumbra, y defendiendo después que “no hay presidente de comunidad autónoma que comparezca más veces y conteste a más preguntas que Ayuso en un parlamento autonómico”. “No hay Gobierno autonómico con más control. Ahí están los datos”, apostillaba.

"Lleva cinco años sin dar la cara"

Y el secretario general del PP de Madrid se encontró con datos, arrojados en este caso por Lorena Morales, portavoz de Políticas Sociales del PSOE de la región y una de las personas que más pone pie en pared en el ámbito puramente político para intentar que se haga justicia por los conocidos como protocolos de la vergüenza, que evitaron el traslado de mayores en residencias a hospitales al principio de la pandemia.

“Si tanto comparece Ayuso que se atreva a un pleno extraordinario sobre residencias y a aprobar la comisión de investigación. Yo mañana lo registro todo”, retó contundente a la administración Sol, a la que recordó que llevan un lustro “sin dar la cara sobre sus protocolos y las 7.291 vidas que se llevó pa’lante”, copiando con ese último acote la frase que ha popularizado el jefe de gabinete de la presidenta, Miguel Ángel Rodríguez, para referirse al Fiscal General del Estado o a Begoña Gómez.

Censura constante

El PP de la Comunidad de Madrid ha pasado el rodillo aprovechándose de su mayoría parlamentaria para elaborar leyes a medida, controlar organismos cruciales para el buen hacer político y evitar comparecer sobre temas que sabe que le resultan, cuanto menos, delicados.

Seguramente uno de los casos más palpables, si no el más claro, sea el de las residencias de mayores. Casi cinco años después de que se aprobaran las órdenes que prohibían la derivación de algunos internos a centros hospitalarios en contra incluso de las recomendaciones sanitarias -hay pruebas fehacientes de que se podrían haber salvado muchas vidas- y en el transcurso de una macrodenuncia por este tema, el equipo de la lideresa sigue defendiendo su gestión. Eso sí, no tanto, y menos de una manera formal, en sede parlamentaria.

Ayuso responde a las preguntas planteadas por la oposición sobre ello -a veces-, es cierto, pero, sin entrar en las formas con las que lo ha hecho en ocasiones -solo hay que recordar el “se iban a morir igual”-, los populares han vetado hasta ocho comisiones de investigación y evitado, así, dar explicaciones de verdad.

Hasta ocho veces ha evitado el Partido Popular que se investigara el drama que vivieron las 7.291 personas que fallecieron en Madrid bajo circunstancias, por lo menos polémicas, por prohibirles acudir a un hospital. La última data de marzo de 2024, pero hasta entonces, tanto PSOE como Más Madrid se han esforzado porque el Ejecutivo regional rindiera cuentas, sin éxito. Incluso Vox lo ha intentado, obteniendo el mismo resultado.

En la legislatura anterior, entre 2021 y 2023, los conservadores dieron carpetazo a hasta cuatro pretensiones de comisión como pedía la izquierda (sin considerar las peticiones de subsanación y negativas a reconsideraciones), y a una de estudio propuesta por la formación que ahora lidera en Madrid Manuela Bergerot. También cerró filas el PP alrededor de una similar planteada por la extrema derecha, en ese caso de estudio, que el grupo terminó retirando ante los reparos de la izquierda y la presión de la derecha.

Sí que hubo una excepción, pero quedó en una falsa alarma en favor de los de Ayuso. Fue en la legislatura 2019-2021, cuando los populares dependían de un Ciudadanos entonces fuerte y de Vox, pero no salió debido al adelanto electoral.