Cuatro años después, el Gobierno de la Comunidad de Madrid insiste en reclamar el dinero de las residencias a los familiares de los ancianos fallecidos durante la pandemia. Después de que, en abril, la Cadena Ser publicase las cartas en las que el ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso reclamaba deudas de hasta 900 euros a personas cuyos familiares fallecieron en residencias públicas durante lo peor del Covid, este miércoles se ha conocido que no se han condonado dichas facturas. Muchas de estas personas se podrían haber salvado en un hospital, tal y como evidencian las propias actas de la región.
Algunos de los destinatarios de estas cartas expresaron su dolor al recibir la noticia. Los ‘protocolos de la vergüenza’ no solo llevan grabadas las muertes de 9.470 ancianos en las residencias madrileñas. Ahora, tras cuatro años, también arrastran el dolor de las familias: “Estuve tres días completamente paralizada. La he leído por arriba, por abajo, por delante y por detrás porque me parecía increíble. Los tres primeros días estuve en shock”, cuenta Ángela Armingol, que recibió la correspondencia el 15 de marzo. Como ella, al menos 187 personas han recibido reclamaciones de la Comunidad de Madrid.
Ayuso reclama las deudas de 187 familias de ancianos muertos en residencias
La frialdad a la hora de reclamar ese dinero a personas que perdieron a un ser querido llevó a la oposición de la Comunidad de Madrid al completo -Vox incluida- a solicitar la condonación de las deudas, como demandan también asociaciones de familias. Preguntado por El País sobre el número de personas que han recibido reclamaciones por mensualidades pendientes, el Gobierno de Ayuso ha respondido que dicha información no se encuentra disponible. La conclusión es que el número podría ser mucho mayor que 187.
El 18 de marzo de 2020, con la situación del Covid-19 en su punto más crítico de muertes, el ejecutivo regional aprobó los ‘protocolos de la vergüenza’, con los que, entre otras cosas, prohibió trasladar a hospitales a residentes de centros de mayores con determinado nivel de dependencia o deterioro cognitivo. Entre el 1 de marzo y el 30 de abril de 2020, 7.291 ancianos perdieron la vida en residencias de la Comunidad de Madrid sin recibir atención hospitalaria. El medio mencionado, ha reclamado la información sobre las facturas relativa a los familiares de fallecidos entre marzo y abril de ese año.
El Gobierno autonómico responde que acceder a ese dato es imposible, ya que el “sistema de información solamente ofrece datos de los casos que actualmente están pendientes de pago. Esto quiere decir que es imposible saber cuántas familias han abonado ya las mensualidades pendientes por la estancia en residencias de sus mayores fallecidos. El dato de 187 podría quedarse corto. Los datos disponibles de la consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, obtenidos por El País gracias a la Ley de Transparencia, desglosan por años los cobros pendientes: 22 en 2021, 1 en 2022, 14 en 2023 y 150 en 2024.
El dolor de las familias cuatro años después: "¿Cómo puede ser esto?"
El padre de Ángela Armingol falleció el 2 de abril de 2020, mientras estaba ingresado en la residencia Amavir Valdebernardo, en Madrid. La Comunidad de Madrid reclama a la familia 901,58 euros, relativos a la mensualidad de marzo y dos días del mes de abril. Al recibir la carta, firmada por Óscar Álvarez López, director general de Atención al Mayor y a la Dependencia, cuatro años después de perder a su padre, Armingol revivió el dolor por su pérdida: “Nos hemos sentido fatal, mi madre entró en pánico porque hemos tenido que recordar todo. De verdad que nos ha parecido una falta de dignidad”, explica.
Otra que alzó la voz para hablar de su caso fue María de Álvaro. También perdió a su padre de 94 años en una residencia, la de Ensanche de Vallecas, el 5 de abril de 2020. Al igual que Ángela, la familia de María recibió una carta reclamándole 674,28 euros por mensualidades pendientes. “Que después de lo que ocurrió alguien haya aprobado en una reunión de directivos de la Comunidad de Madrid cobrarnos este dinero, ¿cómo puede ser esto?”, denuncia indignada. Estas cartas no hacen más que remover el dolor de las familias: “Se murió porque unos decidieron que no tenía derecho a tener una atención sanitaria digna. No quiero pensar porque eso es lo que me atormenta cuatro años después, pensar las condiciones en las que se murió”, explica de Álvaro.
La respuesta del ejecutivo de Ayuso cuando saltó fue la noticia, en lugar de dar respuesta a la indignación de las familias, fue echar balones fuera. Concretamente al Gobierno central, tras las acusaciones de su portavoz, Pilar Alegría, que acusó a la Comunidad de Madrid de “falta de humanidad”. A esto, Ana Dávila, consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, contestó que “es al Gobierno de Pedro Sánchez, en todo caso, al que le correspondería modificar esa normativa y justificar la excepción”. Esto es falso, según varios juristas, que señalan que el gobierno regional sí que tiene competencias para la condonación de una deuda al ente público.
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