El equipo de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sigue haciendo del verano su cuartel particular para redactar anteproyectos a sabiendas de lo complicado que resulta la protesta o, aunque sea, la consulta ciudadana. El último ejemplo de esto queda patente en una reciente ley ómnibus que el gobierno de la región ha tramitado con carácter de especial urgencia y que incluye puntos muy variopintos relacionados con aspectos principalmente medioambientales.
En la práctica, la presente normativa contempla la reforma completa de la Ley de Protección de los Animales de Compañía o cerca de 70 cambios en la Ley del Suelo a pesar de que desde la Comunidad de Madrid han prometido una nueva, de manera integral. A ello hay que sumarle otras transformaciones que tienen que ver con el Canal de Isabel II, de política territorial o de arbolado urbano.
El diputado de Más Madrid, Alejandro Sánchez, pone pie en pared contra este hecho en declaraciones a ElPlural.com. El político progresista lamenta -aunque no se muestra sorprendido- varios aspectos en este nuevo modus operandi del Ejecutivo de la región. El primero guarda relación, precisamente, con las prisas que le ha entrado al PP para tramitar esta ley, que incluye a la vez muchas y de carácter muy distinto, hasta el punto de que hay algunas que no tienen absolutamente nada que ver las unas con las otras.
“La manera de dar forma al documento se carga la participación pública, social y cualquier atisbo de transparencia”, lamenta la fuente que habla para complementar la redacción de estas líneas, quien concreta que el carácter adoptado impide que asociaciones con planteamientos muy diferentes puedan debatir. Por el contrario, estas “tienen que alegar todas en el mismo trámite, de modo que se entierra la participación pública”.
Se carga la participación pública, social y cualquier atisbo de transparencia
Sánchez deja claro que cualquier ley ómnibus “es siempre mala”, pero que en este caso más si cabe: “Una cosa es que se hagan unos cuantos retoques pequeños de algunas leyes, aproveches, y en lugar de hacer un trámite para cada una, las juntes; y otra es esto, donde Ayuso reforma en su totalidad leyes muy importantes”.
Ley de Protección de Animales de Compañía, del Suelo, Arbolado, Canal de Isabel II...
En esas, el político de la formación que a nivel regional lidera Manuela Bergerot hace hincapié en la Ley de Protección de los Animales de Compañía y en la Ley del Suelo. El político de la Asamblea recuerda que la primera se aprobó por unanimidad en 2016 y que ahora se cambia entera para que se ajuste a la legislación estatal nueva. “Lo suyo sería hacer un trámite de reforma de ley, no meterlo todo dentro de una ley ómnibus”, aclara.
Respecto de la Ley del Suelo, el diputado de Más Madrid recuerda que ya son 19 las veces que se toca esta normativa: “La última vez data de 2022 y se tocaron un montón de artículos (…) y ahora se reforman nada menos que otros 69, todo a la vez que llevan tiempo prometiendo una nueva Ley del Suelo”. “Pero es que, además, incluyen una nueva Ley de Política Territorial, otra de Arbolado Urbano, un retoque sobre el canal de Isabel II, etc. Son cosas que no tienen nada que ver y para las que deberían existir trámites por separado. No tiene ni pies ni cabeza”, ampara Sánchez.
Entre otras de las críticas que se vierten desde la oposición se encuentra que la administración pública madrileña no publicó en ningún momento su disposición a presentar este documento a principio de la legislatura. “Es cierto que habían anunciado una Ley integral del Suelo y una reforma de La ley de Animales de Compañía, pero en ningún caso la posibilidad de incluir todo en la misma ley”.
Intereses evidentes
Al ser preguntado si la gestión de la Consejería de Medio Ambiente para con la nueva ley pasa -o puede pasar- por favorecer a determinados nombres, desde Más Madrid lo tienen claro. Así las cosas, aunque el partido progresista reconoce que es “muy difícil” apuntar a nombres siglas o rostros concretos, dejan claro que hay algo obvio y es que, parece, que la ley está pensada para favorecer los intereses del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, en materia de arbolado, o de la propia Ayuso en cuanto a construcción de vivienda en suelo que no está catalogado como residencial se refiere.
“La modificación de la Ley de Arbolado Urbano permite un trámite de excepciones y compensaciones, y ocurre en paralelo a todas las talas que está llevando a cabo el alcalde”, explica Sánchez: “Está clarísimo que están tratando de facilitarle los trámites para que pueda seguir arrasando el arbolado”. “Lo mismo sucede con lo relativo a la Ley del Suelo. Ante los problemas que está teniendo Ayuso para construir vivienda pública en suelo no residencial, el PP introduce una serie de reformas para que resulte más fácil edificar en suelo catalogado como industrial o de cualquier otro tipo”, acentúa.
Aunque los intereses de la administración de Ayuso podrían ir más allá teniendo en cuenta que entre los puntos del último documento también aparece la eliminación del impacto ambiental de gasolineras, crematorios o campos de golf. “Encontrándose en cartera varias gasolineras que están contestadas socialmente en varios pueblos de la Comunidad, teniendo en cuenta el crematorio de Valdemoro, etc… Blanco y en botella. Hay determinados proyectos que se benefician con estas reformas y está claro cuáles son”, concluye.
