Nuevas deducciones y bonificaciones fiscales para los caseros. Esta es la solución que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, va a implementar para luchar contra los problemas de la vivienda en su autonomía. Así lo ha declarado en una intervención durante el Ciclo de Diálogos de Atrevia, donde se indica que el Consejo de Gobierno aprobará este paquete de medidas en el mes de julio.
Tal y como ha comentado Ayudo durante su intervención, estas nuevas políticas supondrán un ahorro de unos 90 millones de euros anuales. Esto se uniría así a las cantidades ya se han ahorrado desde el año 2019, que suman un total de 31.000 millones de euros a través de 21 bajadas en los gravámenes. Así, la presidenta ha argumentado: "Hay que buscar soluciones a cada problema que surge en la vida diaria de los ciudadanos y no una nueva limitación o una nueva prohibición".
Cuáles serán las medidas concretas del Gobierno madrileño
Tal y como ha explicado Isabel Díaz Ayuso, la idea de su Gobierno es reducir los impuestos y generar bonificaciones fiscales para "revitalizar el mercado de la vivienda". Así, este paquete buscaría "compensar los efectos de la subida de las hipotecas", estimular el mercado del alquiler y "revitalizar" los municipios madrileños más pequeños.
Una de estas es una bonificación en el impuesto en el IRPF del 25% del incremento de los costes de financiación de la vivienda habitual, debido al aumento de los tipos de interés. Además, Ayuso ha comentado que el Consejo de Gobierno aprobará nuevas deducciones en el IRPF por la adquisición o rehabilitación de de una vivienda en municipios de menos de 2.500 habitantes. En las zonas rurales, a su vez, habrá bonificaciones del 100% en el impuesto de Transmisiones Patrimoniales. El acceso a estas últimas estará condicionada al caso de adquirir un inmueble de segunda mano.
Asimismo, los arrendatarios de viviendas tendrán otras deducciones en el Impuesto a la Renta de las Personas Físicas. El Gobierno madrileño justifica esta decisión argumentando que estos propietarios "necesitan ayuda be la Administración y no más intervención". Según este, las consecuencias de estos gravámenes es que "muchos propietarios no se atreven a poner sus viviendas en el mercado del alquiler", de forma que recurren al de alquiler turístico. Así, la presidenta ha admitido que estos alquileres turísticos generan una "distorsión" en muchos inmuebles.
Las medidas de Ayuso chocan con las propuestas del Gobierno de coalición
Mientras la presidenta de la Comunidad de Madrid propone nuevas medidas que beneficien a los arrendatarios y a los más acomodados, tanto Sumar como el PSOE están barajando otras propuestas muy distintas. Así, las opciones del Gobierno de coalición incidirían directamente en los alquileres turísticos.
Sumar ya ha defendido la elevación de los gravámenes a los arrendatarios de dichos alquileres y la modificación subsecuente de varios impuestos. Por ejemplo, este es el caso del IVA, el IRPF y el Impuesto de Sociedades. De igual forma, también ha propuesto obligar a estos caseros a pagar un recargo tributario.
Por su parte, la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, sigue trabajando en otras políticas que permitan paliar los efectos de estos pisos y, en zonas tensionadas, prohibirlos. Por ejemplo, ha anunciado que el Gobierno de España está trabajando para terminar la Ley de la Propiedad Horizontal, para dar derecho de veto a los vecinos sobre estos alquileres, y en el registro único estatal.
