Las negociaciones para desbloquear la legislatura se vertebran desde Waterloo, Barcelona, Madrid y los juzgados del Tribunal Constitucional. El precio a pagar lo dictamina Carles Puigdemont, expresident catalán fugado de la Justicia en busca de expiar sus penas a golpe de apoyos. Amnistía y reconocimiento del independentismo como movimiento político legal fueron las exigencias pronunciadas por el eurodiputado de Junts per Catalunya, quien, sabedor de que la aritmética parlamentaria convierte el apoyo de su formación en condición sine qua non para que Pedro Sánchez sea investido presidente, no dudó en lanzar el órdago definitivo: “Pacto histórico o elecciones”. Esa es la diatriba.
Su retahíla de exigencias, anunciadas 24 horas después de reunirse con Yolanda Díaz en un encuentro no autorizado por Moncloa, no tardó en generar un impacto directo en la casa de la soberanía nacional. Desde el Congreso, el propio Alberto Núñez Feijóo, en rueda de prensa tras su encuentro con el líder de Vox, Santiago Abascal, renunció a mantener un encuentro con Junts a la vista de que sus peticiones eran inasumibles por el PP.
En Ferraz, mientras tanto, valoraron positivamente los compromisos puestos sobre la mesa por Carles Puigdemont, atendiendo a que el continuo uso de la palabra Constitución hacía el pacto más plausible y acercaba las condiciones necesarias para entablar conversaciones y desbloquear sus relaciones: “El diálogo es el método y la Constitución es el marco”, aseguraba Patxi López desde el Congreso. “Fuera de la Constitución, nada”, proseguía Isabel Rodríguez desde Moncloa. “Lo que cabe o no cabe en la Constitución solo lo puede decidir el Tribunal Constitucional. Y desde luego el derecho de autodeterminación no está dentro de la Constitución”, indicaban, fuera de cámaras, voces autorizadas de Ferraz una vez escuchada la conferencia del expresident catalán.
Sin embargo, y pese a que todo el mundo analiza los movimientos de Junts desde un prisma nacional, a la espera de las respuestas de PP y PSOE, únicos partidos en condiciones de librar la batalla por la investidura, las exigencias del líder moral del independentismo posconvergente reabrieron una nueva herida en clave catalana. Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) no tardó en sumarse a estas reivindicaciones, asegurando que ellos ya habían establecido la tramitación de la amnistía antes de la investidura como “una línea roja” para otorgar sus votos. Además, y al igual que ocurriese cuando Junts favoreció la mayoría progresista en la Mesa del Congreso el pasado 17 de agosto, día de la constitución de las Cortes, pesos pesados de la formación republicana recordaron los insultos presentes en la hemeroteca que Junts les había dedicado por buscar en el diálogo la vía para el reconocimiento del independentismo, el indulto o el cambio ad hoc de la malversación.
“El president Carles Puigdemont ha reproducido punto por punto el discurso de ERC de hacer política desde la realidad: amnistía, debatir la autodeterminación y avanzar en el autogobierno. Contentos, él y nosotros, como independentistas, pero para llegar a este punto no hacía falta tanto rodeo ni tanta zafiedad contra ERC”, criticaba Joan Tardà. Por su parte, Gabriel Rufián, líder de ERC en el Congreso, se limitaba a compartir memes y críticas a la actitud de los neoconvergentes durante el pasado reciente: “Los opinadores posconvergentes tendrán que hacer auténticos malabarismos para justificar el giro de hoy. Sobre todo porque, en el contexto de la guerra interna en JxCat y su entorno, salta a la vista que buena parte de su propia base no compra. El fruto de 5 años de irresponsabilidad”, retuiteaba el portavoz.
El independentismo, en mínimos históricos
Una lucha fratricida entre dos formaciones que, pese a los continuos llamamientos a enarbolar una bandera común y unir fuerzas en pro de sus intereses compartidos, busca revivir y capitalizar a un independentismo cada vez más dormido. Según datos del Centre d’Estudis d’Opinió (el CIS catalán), el apoyo al independentismo está en horas bajas, en mínimos históricos.
Según su último sondeo (se publican tres a lo largo del año), el no a la independencia reúne al 52% de los ciudadanos que viven en Cataluña (máximo desde, al menos, 2015). Por su parte, los favorables a la independencia se sitúan en el 42%, mientras que un 6% de los encuestados no sabe qué contestar.
Desgranando en profundidad este barómetro se encuentran, además, varios datos interesantes. Cuando el CEO pregunta por las actitudes frente a la independencia, solo un 10% se posiciona a favor de la independencia unilateral, siendo este dato superado por quienes apuestan por la unidad de España sin negociaciones, referéndums ni pactos. En la vía del diálogo también resiste la unidad nacional como opción predilecta: concretamente, un 30% de los encuestados cree que la forma de solucionar el conflicto sería con la consecución de la independencia de forma pactada con el Gobierno central; por el contrario, el 32% cree que lo mejor sería lograr la unidad de España de una forma consensuada entre administraciones.
