No descartan nada dentro de lo que permite la legalidad. Siguen las protestas en las calles y las iniciativas, ante instituciones europeas y tribunales, contra las políticas de empleo de la Junta de Castilla y León.

CCOO y UGT tienen sobre la mesa una querella criminal contra el vicepresidente, Juan García-Gallardo, “por diversas cuestiones cargadas de ideología y odio contra las organizaciones de los trabajadores”, que consideran que puede tener recorrido.

Con ese anuncio concluyeron los representantes de ambas centrales sindicales, Faustino Temprano y Vicente Andrés, su comparecencia ante los medios de este jueves para explicar la convocatoria de concentración del próximo día 26, fecha en la que se votan en las Cortes de Castilla y León los Presupuestos de la Comunidad Autónoma.

Invitan a asociaciones y ciudadanía a participar en ese “cordón democrático” a las Cortes, que pretende conseguir suficientes apoyos para rodear el edificio contra las políticas de la Junta de Castilla y León y las cuentas presentadas por PP y Vox para la Comunidad, “ilegales”, en su opinión, en las que el diálogo social, las políticas públicas de empleo y varios programas en los que participaban los agentes sociales, dejan de existir.

“Estamos ante una distopía jurídica y política sin precedentes en España”, afirma Vicente Andrés, secretario general de CCOO en Castilla y León, “que fulmina los programas de integración laboral para 200.000 inmigrantes de la comunidad, la orientación laboral para 25.000 personas y deja a miles de empresas sin técnicos en Prevención de Riesgos Laborales, sin proponer alternativas”, señala, lo que genera la consiguiente inseguridad jurídica y la indefensión para todos esos trabajadores.

Ni un duro en los presupuestos

Pero no sólo no hay ni un duro en los presupuestos para estos programas que afectan a cientos de miles de personas, “no sólo a nuestros afiliados”, insiste Andrés, sino que tampoco hay dinero para el SERLA (Servicio de Relaciones Laborales), cuya mediación es obligatoria antes de acudir a los juzgados en casos de conflictos laborales colectivos en Castilla y León, y, además, también los individuales en Valladolid.

El secretario general de UGT en la Comunidad, Faustino Temprano, explica que a partir del 1 de enero nadie sabe qué va a ocurrir con los trabajadores que tengan conflictos con sus empresas, (que tendrían necesariamente que pasar por el servicio de mediación del SERLA, una fundación pública en la que participan la Junta de Castilla y León y agentes sociales, -recuerda-,  antes de acudir a los tribunales), “porque nadie nos lo ha explicado”, sobre todo, los que ya tienen comparecencias programadas para enero de 2023, cuando tampoco hay organismo que sustituya a ese.

Sin prevención de riesgos laborales

Los presupuestos también fusilan las partidas para prevención de riesgos laborales, de los que se ocupaban organizaciones empresariales y sindicales, sin que nadie haya explicado cómo se van a realizar.

Tampoco se explica cuánto dinero se va a devolver al Gobierno de España, y de los fondos europeos, para políticas de empleo, que no se ha utilizado, puesto que no se han lanzado las convocatorias previstas que ayudaban a la creación de empleo en municipios gracias a las contrataciones por parte de ayuntamientos y diputaciones que tendrían que haberse sacado adelante en 2022.

Sin salida pacífica

“Estos presupuestos no tienen salida pacífica”, concluye el responsable de CCOO, “y estaremos en la calle y en los tribunales”.

En su opinión, Vox está utilizando el chantaje de sus votos, obligando a tragar al PP, votando contra sus propias leyes y acuerdos adquiridos, un “error histórico” de Mañueco que no vamos a aceptar, porque son un atropello jurídico y atacan directamente al sindicalismo, a las organizaciones empresariales y a medio millón de trabajadores en la Comunidad Autónoma”.