Gran parte de las preguntas sobre las residencias de ancianos y la gestión del Gobierno de Ayuso al respecto han sido inadmitidas para su debate y discusión en la Asamblea de Madrid en el Pleno de este jueves o el de la semana que viene. Al Partido Popular, liderado en la región por Isabel Díaz Ayuso, gozando de una mayoría absoluta en la Cámara, no le conviene hablar de ello, y ha fomentado esta inadmisión en plena polémica tras salir a la luz los informes que relataban las situaciones de las residencias madrileñas durante los primeros meses de la pandemia del coronavirus, y después de que la presidenta autonómica considerara un “circo” que se la critique por ocultar información de las residencias.
La semana pasada se registraron iniciativas relativas a las residencias de ancianos y la gestión del gobierno de Isabel Díaz Ayuso, pero finalmente han sido inadmitidas, por lo que no podrán discutirse ni debatirse en el pleno. Estas, presentadas mayoritariamente por el Grupo Parlamentario de Más Madrid, versaban, por ejemplo, sobre los contenidos de las actas de inspección de residencias de mayores y otros centros residenciales durante la pandemia, la valoración del Gobierno de la Comunidad de Madrid sobre las decisiones del Consejo de Transparencia respecto a las peticiones de información sobre las actas de inspección o sobre si el Gobierno considera que el acceso a estas actas vulnera la Ley de Protección de Datos.
Todas ellas han sido inadmitidas y, en cambio, sí se han admitido dos, que tienen un carácter más genérico en este campo. Los posibles aspectos para mejorar en el funcionamiento del Consejo de Transparencia y Participación y las medidas que se van a implementar para mejorar la transparencia en la gestión de los centros residenciales de personas mayores son las dos preguntas que la mayoría absoluta del PP en la Asamblea ha aceptado que el Gobierno de Ayuso responda en el pleno.
El abandono a los mayores en las residencias
La situación de dejadez por parte del gobierno de Ayuso ha quedado plasmado no solo con lo que se evidenció durante la pandemia -con miles de muertes-, sino ahora con la filtración de las 205 actas firmadas que cuentan cómo fue la situación de los centros durante las primeras semanas de la pandemia.
El 5 de abril de 2020, las autoridades acudieron a la residencia Ballesol, donde su directora contó que necesitaba de manera urgente que se llevaran a tres mayores que habían fallecido y que seguían en el centro. Una de estas personas había muerto 48 horas antes y las otras dos el día anterior.
Un día después, la Policía Municipal escribe, sobre la residencia Amavir Puente de Vallecas, que el recinto “cuenta con tres fallecidos”, siendo el más antiguo uno que data del día “5-04-2020 a las 8:00 horas”. Aunque el escenario es el mismo -o similar- en otras residencias de la Comunidad de Madrid. Por ejemplo, en la Orpea Madrid Valdemarín, donde los profesionales pedían sudarios y “ayuda para retirar a los fallecidos en el menor tiempo posible”. O en la residencia para personas mayores Vallecas, donde el 12 de abril los informes constatan que el centro tenía en sus instalaciones a una persona fallecida desde el día anterior.
Por días, el 30 de marzo, un informe de la Policía refleja que las zonas comunes de la residencia Geriatel se estaban utilizando porque había residentes con trastornos cognitivos y una persona sorda, muda y ciega que necesitaba no estar confinada. Poco más de una semana después, la policía volvió a visitar el centro y comprobó que esas situaciones, en este caso, sí se habían corregido.
Otro caso más, el de la residencia Rafael Alberti, situada en Moncloa. El 4 de abril los responsables de este centro pidieron “urgentemente” equipos de protección mientras que, dictan, no se persona “ni UME, ni Comunidad de Madrid”. Dicho de otro modo, “nadie” acudió a este lugar durante lo más duro de la pandemia.
Ayuso y el “circo” por criticarla
En el pleno del pasado jueves en la Asamblea de Madrid, la falta de transparencia por parte de la presidenta madrileña ocupó gran parte del debate después de que el portavoz del PSOE de Madrid, Juan Lobato, afeara a la líder regional que no facilitara los registros policiales que se llevaron a cabo en las residencias de mayores en los momentos más duros de la pandemia.
Así, la responsable de Sol acusaba al socialista de buscar “el circo” con las actas que realizó la Policía Municipal en los centros de mayores durante marzo de 2020 y agosto de ese mismo año. Cabe destacar que no es cosa solo de la oposición, sino que también los propios familiares de las víctimas de las residencias han exigido conocer los atestados policiales tras saber que el Ejecutivo regional ha recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJM) la orden del Consejo de Transparencia que obliga a publicar los datos requeridos.
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