La transparencia no es una de las cualidades que mejor definen a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Quedó claro con su expediente académico -cuando la región intentó ocultárselo a una periodista de Newtral- y vuelve a pasar ahora, cuando el tema de las residencias ocupa nuevamente la actualidad madrileña después de que la líder regional haya recurrido a los tribunales para tratar de ocultar las actas de visita.

En el tiempo que comprende el texto, que coincide en lo más duro de la pandemia del coronavirus, los familiares de los mayores en residencias no podían acudir a estos lugares, sí así la Policía Municipal para examinar que se cumplían con todas las condiciones. Pero, ¿cuántos centros se analizaron por aquel entonces?

Lo primero que hay que señalar es que el periodo por el que se pregunta es el que se sitúa entre el 1 de marzo de 2020 y el 1 de agosto de ese mismo año, tal y como refleja la respuesta de Transparencia, a la que ha tenido acceso ElPlural.com.

Respuesta del Consejo de Transparencia a la Comunidad de Madrid.

Por aquel entonces, como mínimo, se habían inspeccionado cerca de 120 residencias de mayores - 117 en el momento estimado, de las cuales siete requirieron una segunda inspección de las recomendaciones indicada-, 38 centros de atención a personas con discapacidad -una de ellas sujeta a una segunda inspección para comprobar que se habían llevado a cabo las recomendaciones propuestas- y 56 centros de ámbito religioso. En todos ellos, los agentes comprobaron el estado en el que se encontraban sus integrantes y si alguna de las personas que estaban en estos centros de mayores o sus propios domicilios -algunos estaban en sus casas- tenían cubiertas todas sus necesidades.

El recuento, facilitado a este medio y que es de carácter público, data de mayo de 2020, por lo que las inspecciones fueron más, dado que las actas que aparecen en los documentos se encuentran comprendidas entre marzo y agosto de ese año, mientras que la solicitud se remonta a febrero de 2022.

Los informes que ahora quiere esconder Ayuso reflejan la situación de los residentes, las medidas de seguridad e higiene adoptadas por el propio centro, lo relativo a la plantilla de trabajadores y las condiciones en las que estos operaban en estos lugares, así como las alegaciones o manifestaciones del titular o la persona responsable de cada uno de los centros. Después de evaluar la situación, decidían qué intervención era más oportuna en cada caso.

A partir de aquí, las autoridades tenían tres maneras de actuar. Si las deficiencias eran leves o fáciles de subsanar, los policías municipales contactaban con la persona responsable de la residencia para dar una respuesta inmediata al caso. Después, se llevaba a cabo una segunda visita de comprobación con la posibilidad de movilizar los servicios de Samur-Protección Civil en el caso de que la atención sanitaria fuera necesaria.

Si lo que hacía falta era una reorganización que el centro no podía llevar a cabo por sí solo, o una desinfección, la Policía acudía a los bomberos. Y en caso de que los agentes estudiaran una situación de mayor envergadura, realizarían una actuación conjunta de todos los servicios de los que pudieren disponer, tanto de la Comunidad como del Ayuntamiento, de quien depende en su caso la Policía Municipal.

Ayuso trata de ocultar las actas de residencias durante la pandemia

La autonomía bajo mandato ‘popular’ acude a los tribunales para intentar ocultar las actas de visita de los cuerpos autorizados para ello. Para ser más precisos, Sol ha recurrido al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) la petición, que parte de una particular que solicitó al Portal de Transparencia de la Comunidad el acceso a “las Actas de Inspección de Residencias de mayores y otros centros residenciales”.

La respuesta de la Viceconsejería de Interior rechazó dicha petición asegurando que entraba en conflicto con la Ley de Protección de Datos, algo que la persona particular desmintió porque dicha norma no se aplica a las personas fallecidas.

Pero fueron otras las razones que la región esgrimió para no facilitar la información solicitada. Una de ellas es que contiene un volumen “elevado” de información en la que se encuentran “más de mil expedientes”. Asimismo, el ejecutivo regional destaca que en la documentación aparecen “datos de carácter personal” en referencia al “nombre de la persona fallecida o enferma”.

Entre otras de las cuestiones a destacar se encuentran que la Viceconsejería asume que muchos de los documentos pedidos son manuscritos, lo que dificulta sobremanera su comprensión. Asimismo, asegura que al estar escaneados se requiere de una “aplicación informática avanzada” con la que “con carácter general” no cuentan.

Con todo ello, la Comunidad se refiere a un proceso de reelaboración de la información que podría servir para escapar a la publicación de las actas. Esto también lo tumba la persona solicitante, quien asume que la documentación se encuentra acotada por fechas y que en la administración es común el uso del PDF, poniendo como ejemplo que el 2019 la región obtuvo “2.600 licencias de Adobe Acrobat”.

El Consejo de Transparencia quita (otra vez) la razón a la presidenta madrileña

El Consejo de Transparencia da nuevamente la razón a una persona que pide datos a la Comunidad de Madrid. El organismo se muestra tan contundente en lo que tiene que ver con la densidad de información como en lo relativo al formato, asumiendo que ninguna de estas cuestiones impide facilitar la información. Asimismo, el Consejo de Transparencia emplaza a la administración a remitir la información “en el plazo máximo de 20 días” junto a una copia de los documentos.

La Comunidad de Madrid, después de que el órgano no le haya dado la razón, recurre ahora con la misma exposición de motivos ante la Sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) tras darse por finalizada la vía administrativa.

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