Los familiares de las personas mayores que fallecieron en residencias durante la pandemia del coronavirus llevan años exigiendo a transparencia y, sobre todo, explicaciones coherentes a la Comunidad de Madrid, sin éxito. Ahora la presidenta de la región, Isabel Díaz Ayuso, acude a los tribunales para intentar ocultar las actas de visita.

Cabe destacar que los familiares no podían acudir en aquella época a los centros de mayores. Sí así la Policía Municipal de Madrid. No obstante, estos documentos permaneces bajo siete llaves, y desde Sol han acudido a los tribunales para que siga siendo así.

En concreto, la autonomía ha recurrido al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) una petición que parte de un particular que pidió al Portal de Transparencia de la Comunidad el acceso a “las Actas de Inspección de Residencias de mayores y otros centros residenciales”.

La respuesta de la Viceconsejería de Interior pasó por rechazar la petición justificando que chocaba con la Ley de protección de Datos. Por el contrario, el Consejo de Transparencia y Participación de la Comunidad de Madrid obligó a la administración -resolución mediante- a remitir la información solicitada “en el plazo máximo de 20 días”.

La solicitud se remonta a febrero de 2022 y en él se citan las actas realizadas “por la sección de Inspección y Evaluación de Servicios de Policía Municipal” en el periodo comprendido entre el 1 de marzo de 2020 y el 1 de agosto del mismo año. Después de denegarse dicha solicitud por parte de la Viceconsejería, la persona que reclamó la información presentó, en abril de 2022, una petición ante el Consejo de Transparencia en la que insiste en el acceso a la información solicitada alegando que las explicaciones de la Comunidad carecen de validez “si se efectúa la previa disociación de los datos de carácter personal”. Esto es, que no se pueda identificar a las personas afectadas. Tras el nuevo escrito, el Consejo admite la reclamación y emplaza a la Viceconsejería a presentar alegaciones.

Volumen “elevado” de información o “datos de carácter personal”

Siguiendo la cronología de los hechos, en 2022 la Viceconsejería se niega nuevamente a presentar la solicitud por varios motivos. El primero es que obedece a un volumen “elevado” de información, entre los que se incluyen “más de mil expedientes”. En la misma línea, el gobierno regional destaca que en la documentación aparecen “datos de carácter personal”, haciendo hincapié en el “nombre de la persona fallecida o enferma”.

Asimismo, la viceconsejería se ampara en que muchos de los documentos que se reclaman son manuscritos, lo que hace muy difícil su comprensión. Y asegura, asimismo, que al estar escaneados se necesita una “aplicación informática avanzada” con la que no cuentan “con carácter general”.

En otras palabras, y siempre atendiendo a la versión de la Comunidad de Madrid, es necesario un proceso de reelaboración de la información, lo que podría librar a esta de su publicación. Pese a ello, el solicitante incide en que la documentación se encuentra estructurada -y acotada- por fechas. Subraya, además, para desmentir a la región en lo que tiene que ver con datos de carácter personal, que la ley de protección de datos no se aplica a personas fallecidas. Y añade que en la administración es usual el uso de PDF. Pone incluso un ejemplo para ello: año 2019, cuando la región adquirió “2.600 licencias de Adobe Acrobat”.

El Consejo de Transparencia evidencia que la información que se pide contribuye a un mejor conocimiento de las instituciones al tratar “sobre las actuaciones llevadas a cabo por la Policía local de Madrid” en las residencias de mayores -uno de los lugares que más polémica suscitaron alrededor de la gestión de la responsable de Sol- por lo que existe un claro “interés público” que debería anteponerse al de protección de datos. Como último eslabón, el Consejo de Transparencia se pregunta por qué estos textos se encuentran en poder de la Comunidad y no del Ayuntamiento, ya que las actas se corresponden con una actuación de la Policía Municipal, dependiente del Consistorio de José Luis Martínez-Almeida.

El Consejo de Transparencia rechaza los argumentos y da 20 días a la Comunidad

El Consejo de Transparencia ha rechazado los argumentos aportados por la Comunidad de Madrid en varias direcciones. En lo que tiene que ver con la densidad de la información, el órgano que persigue una relación transparente entre ciudadanía y administraciones viene a decir que esto no es impedimento para trasladar a la persona solicitante lo que pide, mientras que en la cuestión del formato, se muestra igual de contundente: se puede cambiar el formato.

En diciembre de 2022, el órgano que ahora pretende controlar el gobierno de la Comunidad de Madrid insta a la misma a remitir “la información solicitada por el Reclamante en el plazo máximo de 20 días”, así como al Consejo una copia de los documentos.

Ahora, la Comunidad de Madrid ha interpuesto recurso ante la Sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) después de que se haya dado por finalizada la vía administrativa, y lo ha hecho aportando los mismos argumentos que dio en su momento para no facilitar los datos en primera instancia. Es decir, que sería necesario reelaborar los documentos para poder hacerlos públicos.

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