La Audiencia Provincial de Madrid ha ordenado a una jueza que reabra una causa penal contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por el fallecimiento de siete mayores en una residencia de Ciudad Lineal en relación con los protocolos de derivación a hospitales que dictó su Ejecutivo y provocó la muerte en residencias de numerosos ancianos sin atención médica.

Así consta en un auto dictado el pasado 25 de octubre, en el que se estima el recurso parcialmente presentado contra el sobreseimiento provisional del Juzgado de Instrucción número 50 de Madrid en las diligencias previas seguidas contra la dirección de esta residencia Amavir y el archivo libre respecto de la residencia.

La parte querellante en su recurso de apelación se articulaba en diferentes motivos, tales como la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva y la falta de motivación.

Asimismo, los querellantes se quejaban de que la magistrada no había practicado la actividad instructora suficiente, porque no se había llamado a declarar a los responsables de la elaboración, aprobación y distribución de los protocolos.

Ahora, los magistrados emplazan a la titular del Juzgado de Instrucción número 50 a seguir investigando la querella, que se dirige contra Isabel Díaz Ayuso y los exconsejeros de Sanidad y Justicia, Enrique Ruiz Escudero, y Enrique López, en el cargo en aquel entonces, en los peores meses de la pandemia.

En un comunicado, Marea de Residencias señala que las diligencias que se instaron "vienen a reforzar lo referido a las decisiones tomadas para derivar /no derivara los residentes a Centros hospitalarios en directa relación con los protocolos aprobados por la Comunidad de Madrid y los recursos técnicos y sanitarios con los que contaban las residencias, tanto para atención y seguimiento del estado de salud de los residentes, como para protegerse del contagio del coronavirus trabajadores y residentes".

Además, un juzgado de Collado Villalba investiga también a Ayuso, Escudero y Enrique López por los protocolos de derivación de residencias a hospitales. En este procedimiento han declarado el exconsejero de Políticas Sociales Alberto Reyero, y el exdirector general de coordinación sociosanitaria de la Comunidad de Madrid, Carlos Mur.

Se abre otra causa contra Ayuso por los protocolos de derivación en las residencias

En los peores meses de la pandemia, cuando los mayores focos de contagio y muertes estaba situado en las residencias de ancianos, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso anunció un “plan de choque” en los geriátricos, y es que su Consejería de Sanidad asumía el mando único y establecía el traslado a hoteles o casas de ancianos sin infectar y sin patologías previas.

Días antes, los altos cargos de la Sanidad madrileña habían firmado una serie de protocolos para residencias y hospitales en los que, en la práctica, obstaculizaban el traslado de miles de ancianos.

Este documento, que llegó a tener seis versiones distintas, establecía criterios que giraban en torno al nivel de dependencia del enfermo o su discapacidad intelectual, y la propia Comunidad de Madrid se enzarzó con varias versiones sobre si fueron enviados o no a los centros.